Sociedad de la Información
Por Real Decreto 1289/1999 de 23 de julio se ha creado la Comisión Interministerial (CI) de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías en España. En el preámbulo del decreto, se explica que la idea de la sociedad de la información engloba un conjunto de actividades industriales y económicas, comportamientos sociales, actitudes individuales y formas de organización política y administrativa, de importancia creciente en las naciones situadas en la vanguardia económica y cultural, a lo que no pueden sustraerse los poderes públicos. El Gobierno, en ésta línea, decidió el pasado mes de abril poner en marcha una iniciativa estratégica con el propósito de coordinar las actuaciones de todos los Departamentos ministeriales competentes. Función que correrá a cargo de la CI,que deberá elaborar y proponer al Gobierno la aprobación de la iniciativa estratégica para el desarrollo de la sociedad de la información. La Comisión deberá haber culminado el día 27 del próximo mes de noviembre la iniciativa estratégica, con el fin de elevarla, para su aprobación, al Consejo de Ministros. Es esperada con singular expectación porque, a modo de reglamento, detallará y pormenorizará conceptos, funciones y responsabilidades, que podrían tener alto grado de atracción tanto para las empresas como para los usuarios Ya que, no dudando de las magníficas intenciones que han propiciado la promulgación del decreto, son tan ambiciosos los objetivos que se pretenden alcanzar que, con que se fueran materializando parte de ellos, el Gobierno habría rubricado con éxito su feliz iniciativa. Extraña, sin embargo, que la creación de la Comisión no implique incremento alguno del gasto público. Máxime teniendo en cuenta que podrá encargar la realización de estudios, así como crear los grupos y comisiones de trabajo especializados que estime necesarios para el ejercicio de sus funciones. Cabe interpretar, por lo tanto, que todas las ayudas extras que solicite la Comisión Interministerial tendrá que realizarlas con la colaboración de funcionarios. Con ésta forma de proceder, podría pensarse -dado el alto grado de ocupación de los informáticos- que el trabajo de la CI va a ser puntual y escaso -otra cosa es que fuera importante y transcendente- y que, consecuentemente, los trabajos especializados que demande pueden perfectamente ser desarrollados por funcionarios, compatibilizándolos con la función del día a día que reclame el puesto que profesionalmente ocupen. Pero como, según se desprende por las funciones que en el decreto se asignan a la CI, se la requiere una apreciable actividad, no parece coherente que se sobrecargue el trabajo y la responsabilidad de unos servidores del Estado, los informáticos, en éstos momentos bastante más que atareados. Otra cosa es que en el artículo 5 del decreto se especifique que la financiación de las actividades contempladas en la iniciativa estratégica, se realizará con cargo a los recursos presupuestarios asignados a cada Departamento ministerial ya que, teniendo en cuenta ésta circunstancia, las partidas presupuestarias se verán lógicamente incrementadas. Habrá que verlo.
