Servicios de TI en la Administración

Hay una corriente de opinión entre los máximos responsables de los Sistemas de Información en la Administración General del Estado (AGE), que aboga por una revisión de los planteamientos actuales para contratar los servicios de asistencia técnica. Propugnan, los defensores de nuevos criterios para la realización de contrataciones, que en los Pliegos de Prescripciones Técnicas con los requerimientos exigibles en cada proceso de adquisición, no se ponga techo a las tarifas en las que los diferentes suministradores basarán sus ofertas. De ésta forma, las compañías dispondrán de absoluta libertad para elaborar unas ofertas en las que, combinando según sus criterios la idoneidad que deben perseguir en los trabajos a desarrollar con la aplicación de tarifas adecuadas para la obtención del correspondiente beneficio, se obtenga el resultado apetecible en la asistencia técnica contratada por el cliente.
Parece un mal endémico en la AGE, la obsesión reiterada de contratar lo más barato posible pero sin perder la perspectiva de pretender que las cosas funcionen con total perfección. El deseo de gestionar proyectos cuyos resultados cumplan el precepto de bueno, bonito, y barato, puede intentar justificarse en ocasiones alegando una precaria situación de disponibilidades económicas, pero nunca es recomendable defenderlo como práctica habitual, para estirar al máximo los recursos presupuestarios adjudicados. Porque, no es lo mismo comprar hardware que contratar asistencia técnica. En el primer caso, sí es posible, por motivos estratégicos o causas meramente coyunturales lograr ofertas por parte de los fabricantes verdaderamente sorprendentes, ya que éstos también tienen pensadas acciones complementarias que, en posteriores operaciones, les permitirán resarcirse convenientemente de los actos de generosidad. Pero algo parecido es impensable en los servicios de asistencia técnica ya que, las tarifas que no cubran costes, no pueden compensarse incrementándolas ostensiblemente en próximas contrataciones. Y menos, aún, en el entorno de un cliente malacostumbrado a recibir ofertas increíbles.
La AGE debe comprobar que en el sector privado se pagan, siempre en general, tarifas más altas por los servicios de asistencia técnica. Desean garantizar la máxima eficiencia en sus Sistemas de Información, y no toleran negligencias o fallos de rendimiento que pongan en peligro la consecución de las metas previstas. Si la AGE pretende lo mismo ¿Por qué no paga más para que las empresas obtengan los merecidos beneficios por su trabajo bien hecho? Lo barato, en éste tipo de servicios, suele resultar caro. En la AGE lo saben. ¿Por qué no rectificar?