Sedisi pide al Gobierno planes concretos para alcanzar a la UE en Sociedad de la Información. Calcula que serian necesarios invertir 15 millones de euros en cuatro años
La Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (Sedisi) ha elaborado un Plan de acción para la convergencia con la UE con 96 propuestas dirigidas a que España alcance el nivel europeo de implantación de la Sociedad de la Información, que posteriormente ha presentado el Ministerio de Ciencia y Tecnología y a su Comisión de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
“Según nuestros indicadores estamos muy por detrás de la media de la Unión Europea y lo mejor sería tomar medidas como las que se determinaron en Maastricht para la implantación del euro y sobre todo ser consciente de que en ello nos va el futuro de nuestra economía”, comentó Joaquín Oliveras, director general de Sedisi.
Para coger el tren europeo, Sedisi propone, como punto número uno, elaborar un plan de convergencia que implique a todo el Gobierno y que no se limite a medidas concretas por parte de un Ministerio, como el de Ciencia y Tecnología, “ya que eso no palía el problema”, dice Oliveras. “Hay que detallar un plan como el que tienen otros países europeos, con acciones concretas y dinero para llevarlas a cabo, no como el plan del Gobierno español, Info XXI, que ha contado con un presupuesto ridículo para las medidas que se querían implantar. Por ejemplo, en el capítulo de subvenciones para la compra de equipos por parte de los ciudadanos tocábamos a 50 euros por ciudadano, aunque de todas formas nunca se llegó a poner en práctica”.
Otro de los puntos propuestos consiste en la mejora de la eficiencia en la gestión de las TIC en las Administraciones Públicas. Esto sería posible, según la asociación, estableciendo nuevos términos y condiciones en las compras públicas de TIC, acordes con los actuales avances tecnológicos, compras en línea o por subasta, creación de los organismos oficiales adecuados con competencia horizontal para la coordinación de la gestión TIC para cada una de las administraciones, que permite la puesta en práctica de las tecnologías más avanzadas, como el aprovechamiento virtual de los recursos, como el aprovechamiento virtual de los recursos TIC infrautilizados (grid computing) o su gestión externa (outsourcing).
Precisamente sobre este punto, Oliveras comentó que España necesita un cambio de legislación en cuanto a la contratación pública de tecnología ya que la actual juega en contra del outsourcing al obligar a renovaciones muy frecuentes, “lo que es contraproducente con la esencia misma del outsourcing ya que hay que dejar pasar al menos un ciclo”.
Una tercera idea lanzada por Sedisi al Gobierno es el impulso al desarrollo de contenidos, especialmente en castellando y en las demás lenguas oficiales en España, promoviendo la convergencia del sector audiovisual tradicional con los de informática, telecomunicaciones y multimedia y la inclusión en la red de todo el patrimonio artítstico, cultural y turístico de España.
Otras propuestas son un plan de convergencia para las Comunidades Autónomas; un plan de comunicación; la modificación de la Ley del impuesto de sociedades, aumentando entre un 10 y un 20% la actual deducción y un plan de desarrollo de aplicaciones sectoriales básicas para pymes.
Además, Sedisi cree que el Gobierno debería establecer 20 servicios públicos básicos en todas las Administraciones Públicas para conseguir en un único proceso para el ciudadano; y la generalización de la informatización de historiales clínicos de los pacientes en la sanidad pública, para su uso obligado por la totalidad de médicos del sistema sanitario. La patronal pide un compromiso al Gobierno para el desarrollo e implantación de un entorno legal favorecedor de la Sociedad de la Información.
Un plan de 15 millones de euros
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Además de tener un plan concreto, Sedisi insistió en que el implantar en un país la Sociedad de la Información, fundamental para la creación de empleo y para el progreso económico, requiere una inversión, que la asociación ha calculado en unos 15 millones de euros, que repartidos en cuatro (“un tiempo lógico”, según Sedisi) supondría incrementar el presupuesto actual en un 10% adicional al año. Este presupuesto se repartiría en programas dirigidos al hogar (idealmente un 25%), empresas (un 60%) y Administración Pública (un 15%).
“Según nuestros indicadores estamos muy por detrás de la media de la Unión Europea y lo mejor sería tomar medidas como las que se determinaron en Maastricht para la implantación del euro y sobre todo ser consciente de que en ello nos va el futuro de nuestra economía”, comentó Joaquín Oliveras, director general de Sedisi.
Para coger el tren europeo, Sedisi propone, como punto número uno, elaborar un plan de convergencia que implique a todo el Gobierno y que no se limite a medidas concretas por parte de un Ministerio, como el de Ciencia y Tecnología, “ya que eso no palía el problema”, dice Oliveras. “Hay que detallar un plan como el que tienen otros países europeos, con acciones concretas y dinero para llevarlas a cabo, no como el plan del Gobierno español, Info XXI, que ha contado con un presupuesto ridículo para las medidas que se querían implantar. Por ejemplo, en el capítulo de subvenciones para la compra de equipos por parte de los ciudadanos tocábamos a 50 euros por ciudadano, aunque de todas formas nunca se llegó a poner en práctica”.
Otro de los puntos propuestos consiste en la mejora de la eficiencia en la gestión de las TIC en las Administraciones Públicas. Esto sería posible, según la asociación, estableciendo nuevos términos y condiciones en las compras públicas de TIC, acordes con los actuales avances tecnológicos, compras en línea o por subasta, creación de los organismos oficiales adecuados con competencia horizontal para la coordinación de la gestión TIC para cada una de las administraciones, que permite la puesta en práctica de las tecnologías más avanzadas, como el aprovechamiento virtual de los recursos, como el aprovechamiento virtual de los recursos TIC infrautilizados (grid computing) o su gestión externa (outsourcing).
Precisamente sobre este punto, Oliveras comentó que España necesita un cambio de legislación en cuanto a la contratación pública de tecnología ya que la actual juega en contra del outsourcing al obligar a renovaciones muy frecuentes, “lo que es contraproducente con la esencia misma del outsourcing ya que hay que dejar pasar al menos un ciclo”.
Una tercera idea lanzada por Sedisi al Gobierno es el impulso al desarrollo de contenidos, especialmente en castellando y en las demás lenguas oficiales en España, promoviendo la convergencia del sector audiovisual tradicional con los de informática, telecomunicaciones y multimedia y la inclusión en la red de todo el patrimonio artítstico, cultural y turístico de España.
Otras propuestas son un plan de convergencia para las Comunidades Autónomas; un plan de comunicación; la modificación de la Ley del impuesto de sociedades, aumentando entre un 10 y un 20% la actual deducción y un plan de desarrollo de aplicaciones sectoriales básicas para pymes.
Además, Sedisi cree que el Gobierno debería establecer 20 servicios públicos básicos en todas las Administraciones Públicas para conseguir en un único proceso para el ciudadano; y la generalización de la informatización de historiales clínicos de los pacientes en la sanidad pública, para su uso obligado por la totalidad de médicos del sistema sanitario. La patronal pide un compromiso al Gobierno para el desarrollo e implantación de un entorno legal favorecedor de la Sociedad de la Información.
Un plan de 15 millones de euros
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Además de tener un plan concreto, Sedisi insistió en que el implantar en un país la Sociedad de la Información, fundamental para la creación de empleo y para el progreso económico, requiere una inversión, que la asociación ha calculado en unos 15 millones de euros, que repartidos en cuatro (“un tiempo lógico”, según Sedisi) supondría incrementar el presupuesto actual en un 10% adicional al año. Este presupuesto se repartiría en programas dirigidos al hogar (idealmente un 25%), empresas (un 60%) y Administración Pública (un 15%).
