La Justicia da libertad a la Sociedad de la Información
Los juicios rápidos reducen la burocracia en el Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia ha dejado de vivir a espaldas de las TI. El último Pacto para la reforma de la Justicia supuso la creación de la Dirección General de Modernización, organismo concebido para acometer las reformas legislativas, organizativas y tecnológica necesarias para introducir a este aparato de lleno en la Sociedad de la Información. Con la aprobación de los juicios rápidos y el desarrollo de un Sistema Programado de Citaciones (APC) y Señalamientos ya han demostrado su compromiso. Y esto no es más que el inicio.
La Dirección General de Modernización está estructurada en dos Subdirecciones generales con objeto de abordar de manera coherente las funciones que tiene encomendadas. Una de ellas está orientada a las funciones relativas a la reforma de la Justicia en su dimensión legislativa y organizativa; mientras que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías está encargada de la innovación tecnológica, para lo que cuenta con un equipo de 300 personas entre funcionarios y profesionales del sector privado con los que colaboran.
La inversión del Ministerio de Justicia en innovación tecnológica ha sido tradicionalmente escasa y encaminada a la gestión y dotación de equipos de una forma deficiente, según el calificativo empleado por responsables del propio organismo. Sin embargo, la política presupuestaria de los últimos años demuestra el creciente interés por esta materia. Así, los menos de 500.000 euros invertidos en el año 1995 se convirtieron en 6.000 millones en 2002.
“Asumimos el reto de la modernización desde la perspectiva de incorporar la Justicia, a la Sociedad de la Información, de la cual ha estado ausente en los últimos años. Nuestra organización es sumamente grande, abarcamos 700 Palacios de justicia, cerca de 50.000 personas, 4.000 órganos judiciales, y 1.800 fiscales. Es decir, una gran estructura y muy atomizada además, pues se encuentran diseminados por el conjunto del territorio nacional. Tenemos que prestar servicio a todos los ciudadanos y eso no sería posible sin el uso de las Tecnologías de la Información”, señala Alberto Dorrego de Carlos, director general para la Modernización de la Administración de Justicia.
El proyecto de modernización de la Justicia en su vertiente de innovación tecnológica tiene varias facetas: una de ellas referida a los órganos judiciales, otra al mundo del Ministerio Fiscal y una tercera a los a registros civiles. Actores con su propia problemática pero que deben operar de manera integrada para tconseguir el objetivo previsto, dinamizar la Justicia en España.
Asentando las bases
Previamente al desarrollo de aplicativos, la Dirección General de Modernización se centra en la dotación informática del conjunto de las sedes judiciales existentes en nuestro país, con objeto de crear una red relativamente estructurada de comunicaciones en este ámbito que permita consolidar las herramientas informáticas utilizadas de forma global en la administración de Justicia.
A través del Punto Neutro judicial, los distintos organismos y agentes implicados en el proceso judicial pueden interactuar bajo un modelo de colaboración con el que se interconectan las distintas redes del mundo de la justicia. El punto neutro es un nodo de comunicaciones integrado que distribuye por la red los servicios disponibles. “Unos servicios centralizados de alto valor añadido –a los que iremos incorporando nuevas funcionalidades en las tres facetas de justicia, fiscalía y registros civiles–, que por medio de una distribución capilar de los servicios, nos permitirá estar presentes en el punto más recóndito de nuestro sistema judicial español”, apunta Dorrego.
Al margen del aspecto tecnológico, Dorrego destaca el reto que ha supuesto la concepción de una red global. “Partíamos de un Ministerio de Justicia con una red articulada ordinaria que ha ido creciendo mucho en capacidad, con el añadido de las redes propias que los distintos agentes han ido desarrollando aisladamente. Se nos planteaba por tanto, el problema de la interconexión de las distintas configuraciones para construir una red global altamente segura. Con el punto neutro judicial –en cuyo diseño y desarrollo ha participado la consultora Cap Gemini Ernst&Young (CGE&Y)–, hemos articulado los canales con las diferentes redes de forma eficiente para lograr la distribución de la información”.
Hasta el momento, se han llevado a la red herramientas troncales de gestión procesal que permiten la realización de servicios básicos como el sistema Libra –migrado en su totalidad a Minerva– o una nueva aplicación de gestión procesal para las fiscalías. Pero, a medida que se avance se incluirán nuevas funcionalidades.
Renovación de la justicia penal española
Lo más novedosa de las iniciativas de la Dirección General de Modernización de la Justicia es la de los juicios rápidos. Un nuevo procedimiento que mediante la concentración de actuaciones permite enjuiciar las faltas e instruir los delitos en un corto período de tiempo, de manera que la celebración del juicio se produzca en un plazo máximo de quince días, frente a los 12 meses en los que se está dilatando el proceso actualmente.
Como consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, la aprobación de la ley 38/2002 y la ley orgánica 8/2002, ambas de 24 de octubre, que regulan los Juicios Rápidos y Juicios Inmediatos de Faltas, contribuye a evitar demoras en la tramitación de asuntos por infracciones penales de menor gravedad, ofreciendo una protección más directa y ágil a las víctimas.
Los Juicios Rápidos se configuran para ser aplicados necesariamente a determinados delitos castigados con penas de hasta 5 años, como robos, hurtos, los englobados bajo la violencia doméstica o los delitos flagrantes en general. Unos delitos que configuran el 70% de las infracciones penales que se producen en nuestro país, de ahí la criticidad del proceso. En estos casos, la Policía Judicial y la Administración de Justicia deben actuar rápidamente en la investigación, reuniendo todas las pruebas necesarias para que el delito o la falta se puedan enjuiciar con celeridad, asegurando a la vez que el denunciado conozca en todo momento sus derechos y esté asistido legalmente.
“Son delitos de fácil investigación porque el autor está perfectamente identificado y es puesto a disposición judicial. Para eliminar burocracia y trabajar más eficientemente es imperativo que el sumario se reduzca a 24 horas”, sostiene Alberto Dorrego.
Con objeto de facilitar la concentración de actuaciones, la nueva regulación establece un sistema de coordinación entre la Policía Judicial, el Juzgado de Guardia y los Juzgados de lo Penal, de tal manera que la Policía cita directamente a los intervinientes en un proceso ante el Juez de Guardia, y éste realiza directamente el señalamiento del juicio por delito ante el Juzgado de lo Penal.
Tres son los servicios esenciales que garantizan la eficiencia de los Juicios Rápidos y que se apoyan en herramientas tecnológicas. Por un lado la gestión telemática compartida de las Agendas Programadas de Citaciones y Señalamientos de los Juzgados de Guardia y de lo Penal, a cuyo desarrollo también ha contribuido CGE&Y. Mientras la de Ci
La Dirección General de Modernización está estructurada en dos Subdirecciones generales con objeto de abordar de manera coherente las funciones que tiene encomendadas. Una de ellas está orientada a las funciones relativas a la reforma de la Justicia en su dimensión legislativa y organizativa; mientras que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías está encargada de la innovación tecnológica, para lo que cuenta con un equipo de 300 personas entre funcionarios y profesionales del sector privado con los que colaboran.
La inversión del Ministerio de Justicia en innovación tecnológica ha sido tradicionalmente escasa y encaminada a la gestión y dotación de equipos de una forma deficiente, según el calificativo empleado por responsables del propio organismo. Sin embargo, la política presupuestaria de los últimos años demuestra el creciente interés por esta materia. Así, los menos de 500.000 euros invertidos en el año 1995 se convirtieron en 6.000 millones en 2002.
“Asumimos el reto de la modernización desde la perspectiva de incorporar la Justicia, a la Sociedad de la Información, de la cual ha estado ausente en los últimos años. Nuestra organización es sumamente grande, abarcamos 700 Palacios de justicia, cerca de 50.000 personas, 4.000 órganos judiciales, y 1.800 fiscales. Es decir, una gran estructura y muy atomizada además, pues se encuentran diseminados por el conjunto del territorio nacional. Tenemos que prestar servicio a todos los ciudadanos y eso no sería posible sin el uso de las Tecnologías de la Información”, señala Alberto Dorrego de Carlos, director general para la Modernización de la Administración de Justicia.
El proyecto de modernización de la Justicia en su vertiente de innovación tecnológica tiene varias facetas: una de ellas referida a los órganos judiciales, otra al mundo del Ministerio Fiscal y una tercera a los a registros civiles. Actores con su propia problemática pero que deben operar de manera integrada para tconseguir el objetivo previsto, dinamizar la Justicia en España.
Asentando las bases
Previamente al desarrollo de aplicativos, la Dirección General de Modernización se centra en la dotación informática del conjunto de las sedes judiciales existentes en nuestro país, con objeto de crear una red relativamente estructurada de comunicaciones en este ámbito que permita consolidar las herramientas informáticas utilizadas de forma global en la administración de Justicia.
A través del Punto Neutro judicial, los distintos organismos y agentes implicados en el proceso judicial pueden interactuar bajo un modelo de colaboración con el que se interconectan las distintas redes del mundo de la justicia. El punto neutro es un nodo de comunicaciones integrado que distribuye por la red los servicios disponibles. “Unos servicios centralizados de alto valor añadido –a los que iremos incorporando nuevas funcionalidades en las tres facetas de justicia, fiscalía y registros civiles–, que por medio de una distribución capilar de los servicios, nos permitirá estar presentes en el punto más recóndito de nuestro sistema judicial español”, apunta Dorrego.
Al margen del aspecto tecnológico, Dorrego destaca el reto que ha supuesto la concepción de una red global. “Partíamos de un Ministerio de Justicia con una red articulada ordinaria que ha ido creciendo mucho en capacidad, con el añadido de las redes propias que los distintos agentes han ido desarrollando aisladamente. Se nos planteaba por tanto, el problema de la interconexión de las distintas configuraciones para construir una red global altamente segura. Con el punto neutro judicial –en cuyo diseño y desarrollo ha participado la consultora Cap Gemini Ernst&Young (CGE&Y)–, hemos articulado los canales con las diferentes redes de forma eficiente para lograr la distribución de la información”.
Hasta el momento, se han llevado a la red herramientas troncales de gestión procesal que permiten la realización de servicios básicos como el sistema Libra –migrado en su totalidad a Minerva– o una nueva aplicación de gestión procesal para las fiscalías. Pero, a medida que se avance se incluirán nuevas funcionalidades.
Renovación de la justicia penal española
Lo más novedosa de las iniciativas de la Dirección General de Modernización de la Justicia es la de los juicios rápidos. Un nuevo procedimiento que mediante la concentración de actuaciones permite enjuiciar las faltas e instruir los delitos en un corto período de tiempo, de manera que la celebración del juicio se produzca en un plazo máximo de quince días, frente a los 12 meses en los que se está dilatando el proceso actualmente.
Como consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, la aprobación de la ley 38/2002 y la ley orgánica 8/2002, ambas de 24 de octubre, que regulan los Juicios Rápidos y Juicios Inmediatos de Faltas, contribuye a evitar demoras en la tramitación de asuntos por infracciones penales de menor gravedad, ofreciendo una protección más directa y ágil a las víctimas.
Los Juicios Rápidos se configuran para ser aplicados necesariamente a determinados delitos castigados con penas de hasta 5 años, como robos, hurtos, los englobados bajo la violencia doméstica o los delitos flagrantes en general. Unos delitos que configuran el 70% de las infracciones penales que se producen en nuestro país, de ahí la criticidad del proceso. En estos casos, la Policía Judicial y la Administración de Justicia deben actuar rápidamente en la investigación, reuniendo todas las pruebas necesarias para que el delito o la falta se puedan enjuiciar con celeridad, asegurando a la vez que el denunciado conozca en todo momento sus derechos y esté asistido legalmente.
“Son delitos de fácil investigación porque el autor está perfectamente identificado y es puesto a disposición judicial. Para eliminar burocracia y trabajar más eficientemente es imperativo que el sumario se reduzca a 24 horas”, sostiene Alberto Dorrego.
Con objeto de facilitar la concentración de actuaciones, la nueva regulación establece un sistema de coordinación entre la Policía Judicial, el Juzgado de Guardia y los Juzgados de lo Penal, de tal manera que la Policía cita directamente a los intervinientes en un proceso ante el Juez de Guardia, y éste realiza directamente el señalamiento del juicio por delito ante el Juzgado de lo Penal.
Tres son los servicios esenciales que garantizan la eficiencia de los Juicios Rápidos y que se apoyan en herramientas tecnológicas. Por un lado la gestión telemática compartida de las Agendas Programadas de Citaciones y Señalamientos de los Juzgados de Guardia y de lo Penal, a cuyo desarrollo también ha contribuido CGE&Y. Mientras la de Ci
