La administración en España se acerca al ciudadano

La continua mejora de los servicios públicos en línea que ofrecen las distintas administraciones constituye uno de los soportes más relevantes para el desarrollo de la Sociedad de la Información de un país. Así se recoge en la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea, diseñada para incrementar la competitividad de la economía europea, y en la que el incremento y mejora de los servicios de administración electrónica ocupan una posición central.

En esta línea, ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de comunicarse y hacer todos sus trámites con la administración a través de Internet es uno de los objetivos del Gobierno en la tarea de modernizar los servicios públicos. Desde el año 2004, se han puesto en marcha con ese fin toda una serie de iniciativas, como el DNI electrónico, la creación de la Red 060 y, especialmente, la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, que entró en vigor el 23 de junio de 2007. Esta ley convierte en universal el derecho de los ciudadanos a relacionarse con todas las Administraciones de manera electrónica. Es, según el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, “una ley para la sociedad del siglo XXI que promueve una administración más eficaz, más eficiente, más rápida, más sencilla, más cercana, más moderna, más transparente”. De hecho, según este Ministerio, ya están disponibles a través de Internet la práctica totalidad de los trámites de la Administración General del Estado que más demandan los ciudadanos. Casi 8 millones de personas y dos de cada 3 empresas han contactado ya con la Administración Pública a través de Internet “pero somos muy conscientes de que la Administración Electrónica sólo será una realidad cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos conozcan sus ventajas y la utilicen de manera generalizada”.

España, a la cabeza

Según la novena medición de los servicios de Administración electrónica en la Unión Europea, España se encuentra en el octavo puesto del ranking de Estados miembros, la posición más alta alcanzada hasta el momento, según los resultados de la evaluación hechos públicos a través de la web de la Comisión Europea. La posición española ha escalado en un año desde el puesto 13 en el parámetro de “disponibilidad de servicios electrónicos” y el 14 en “sofisticación de servicios electrónicos”, hasta el octavo en ambas clasificaciones. Además, se sitúa por encima de la media comunitaria con un 95% y un 98%, administracionrespectivamente. Según Fernando de Pablo, director general para el Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, “ciertamente, nuestro progreso en el puesto que ocupamos en la evaluación que realiza la Comisión Europea ha mejorado notablemente. Similar avance fue ya antes registrado en la evaluación que realiza Naciones Unidas, que nos colocó en la novena posición mundial y quinta en Europa. Son probablemente las dos evaluaciones más importantes del progreso de la Administración Electrónica, aunque ambas son muy distintas”. Sin embargo, y a pesar de que estos resultados son buenos para el país, ya que ser un caso de éxito nos permite influir más en Europa, según De Pablo, “debemos relativizar el valor de los ranking internacionales. La evaluación de la Administración Electrónica, en especial la de carácter comparativo, es un ejercicio complejo ya que los repartos de competencias y los servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas varían de país”.

Pero indudablemente hemos progresado y, “esta aceleración en el desarrollo de la Administración Electrónica es el resultado del esfuerzo colectivo del conjunto de las Administraciones Públicas de nuestro país, impulsado por un marco legal extremadamente avanzado cuya piedra angular es la Ley 11/2007 y unas infraestructuras comunes (SARA, @firma, …) que nos facilitado este avance a pesar que nuestro gasto TIC por habitante o empleado público sea inferior al de Administraciones de países de similar tamaño, como es el caso del Reino Unido”.

Servicios

Para elaborar esta lista, la Unión Europea evalúa la disponibilidad y madurez de 20 servicios básicos –acordados por los Estados miembros—, además de analizar sus portales web nacionales y realizar una evaluación en profundidad de las compras públicas electrónicas. Además, por primera vez se ha analizado la forma en la que las administraciones públicas resuelven por medios electrónicos la creación de empresas y la atención integral al desempleado, elementos clave en la lucha para superar la crisis económica. En ambos casos, de acuerdo con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el portal Red Tr@baja y la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, respectivamente, se han colocado entre las prácticas líderes destacadas por la Comisión Europea. También se aprecia positivamente la existencia del portal 060 como punto de acceso general a los servicios públicos electrónicos.

En lo referente a los resultados del indicador de las compras públicas a través del canal electrónico, España se sitúa por encima del 80%, diez puntos por encima de la media comunitaria, tanto en la evaluación de la visibilidad del canal electrónico como de las características del mismo. Dado el carácter altamente descentralizado de la Compra Pública en España, es de resaltar que la Comisión Europea haya subrayado el avance en la visibilidad generalizada de la misma en nuestro país.

Según el estudio, en España están disponibles a través de Internet el 95% de los veinte servicios públicos básicos, lo que supone una mejora de 15 puntos sobre el año anterior y supera la media europea que se sitúa en el 82 por ciento. En esta misma línea, según Bernardo Lorenzo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en la actualidad, el 91% de los servicios de la Administración General del Estado son accesibles on-line para los ciudadanos gracias, entre otros, al DNIe. De hecho, la implantación del DNIe es un gran éxito al que necesariamente hay que aludir ya que en la actualidad puede obtenerse en cualquier comisaría de nuestro país y más de 20 millones de ciudadanos disponen de él, siendo su uso creciente.

Para Lorenzo, los logros conseguidos se han puesto a disposición de todos los ciudadanos, que se benefician de ellos, mejorando notablem

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