La administración andaluza debe más de 300 millones de euros a las empresas TIC

Así lo asegura un informe presentado por la Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de Andalucía (ETICOM) y en el que anuncia se está pensando adoptar medidas contra la Junta de Andalucía y los municipios de la comunidad para exigir intereses e indemnizaciones por el retraso en los cobros.

La deuda de las administraciones públicas, desde la local hasta la autonómica, con las empresas tecnológicas en la región de Andalucía asciende a más de 300 millones de euros, cifra especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el sector público es uno de los principales clientes de la industria TIC, representando entre el 30% y 50% de su facturación total.

Estos datos han sido ofrecidos por la Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de Andalucía (ETICOM), quienes alertan además de la precariedad y las dificultades de las compañías del sector para resistir estos impagos, ya que muchas de ellas son micropymes sin capacidad financiera. “Esta situación es insostenible”, llega a afirmar el informe de la patronal.

“Estos datos son preocupantes ya que las pequeñas y medianas empresas andaluzas del sector TIC, que son la gran mayoría, ven en serio peligro su supervivencia, un sector que además es vital para la productividad y competitividad de la economía andaluza”, apuntan fuentes de ETICOM.

En Andalucía hay 2.609 empresas pertenecientes al hipersector TIC (que representa el 10,7% en el ámbito nacional) a las que les afectan los impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas.

Los empresarios exigirán indemnizaciones

Desde ETICOM han invitado a una pronta solución de esta problemática y han anunciado además que están “estudiando qué medidas adoptar como son el cobro de intereses de demora e indemnizaciones por todos los costes para los cobros para en el sector TIC andaluz”. Y es que según afirman desde la asociación de empresarios, la Ley de Morosidad estipula retrasos máximos de 60 días en el pago de las facturas pero las empresas están sufriendo demoras superiores incluso al año.

En ese sentido, la asociación andaluza ha buscado ejemplo en Ametic, la patronal del sector a nivel nacional, quienes han propuesto establecer medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales como es “el cobro de intereses de la deuda, según recoge la normativa -el tipo legal de interés de demora que la administración pública deudora estará obligada a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo más 7 puntos“. 

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