El Consejo de Europa aprueba recomendaciones para proteger los derechos humanos en los motores de búsqueda y redes sociales

El Consejo de Europa ha aprobado dos recomendaciones en las que solicita a sus 47 estados miembros que protejan los derechos humanos en los motores de búsqueda y las redes sociales, especialmente los derechos relacionados con la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de asociación y el derecho a la vida privada.

En la recomendación relativa a los motores de búsqueda, el Comité de Ministros ha invitado a los estados a trabajar con los proveedores de los motores de búsqueda para mejorar la transparencia en la forma en la que se proporciona el acceso a la información, en particular el criterio que se utiliza para seleccionar, clasificar o eliminar los resultados de las búsquedas.

El Comité de Ministros también ha exigido mayor transparencia y respeto a los derechos de los usuarios en el tratamiento de sus datos personales – por ejemplo de las cookies las direcciones IP y los historiales individuales de búsqueda.

Por su parte, en la recomendación relativa a las redes sociales, el Comité de Ministros pide a los estados que trabajen con los operadores para incrementar la concienciación de los usuarios respecto a sus derechos y los desafíos a los que están expuestos, mediante la utilización de un lenguaje claro y comprensible. La institución continental recomendó asimismo ayudar a los usuarios a comprender la configuración predeterminada de sus perfiles –que deberían ser respetuosos con la intimidad- y a tomar decisiones acertadas sobre su identidad online.

La recomendación contiene además varias medidas para proteger a los niños y jóvenes de los contenidos y comportamientos dañinos, como el establecimiento de mecanismos de fácil acceso para denunciar contenidos o comportamientos inapropiados o presuntamente ilegales.

“El Comité invita a los estados a trabajar junto a los operadores de los motores de búsqueda y de las plataformas sociales para asegurar el mejor acceso para las personas discapacitadas”, afirman desde la institución. “También recomienda el establecimiento de mecanismos de auto y co-regulación para contribuir al respeto de las normas de los derechos humanos”.

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