El Congreso abre sus puertas a la Sociedad de la Información
Invertirá 17 millones de euros
Un Congreso de los Diputados sin papeles y dotado de una interactividad sin precedentes tanto entre los propios representantes políticos como entre éstos y la ciudadanía. Ésta es la pretensión que la Cámara Baja se ha fijado para el año 2006, motivo que le ha llevado a empezar a preparar toda una batería de cambios y renovaciones tecnológicas que contempla una modernización integral de software, hardware y red de comunicaciones. Como explica Jordi Vilajoana, vicepresidente segundo del Congreso: “Nuestro objetivo es elaborar un Plan de Modernización que sitúe a la institución como un escaparate de la Sociedad de la Información, mejore el trabajo interno de los diputados mediante el uso de las nuevas tecnologías, permitiéndoles agilizar su trabajo y los trámites legislativos pertinentes, y a ampliar la comunicación entre el Congreso y los ciudadanos, al incluir herramientas que permiten más interactividad en esta relación”.
Para definir este Plan, el Congreso ha contratado, tras la organización de un concurso público, a la consultora PriceWaterhouseCoopers que se ha comprometido a realizar, en dieciséis semanas y en cinco fases, los trabajos de consultoría y asistencia técnica necesarios. El coste de este proyecto es de 180.900 euros, aunque, como precisa Vilajoana, “el gran proyecto será el de modernización integral, para el que se convocará otro concurso y en el que podrán participar empresas de hardware, software y telecomunicaciones, y que se espera que esté culminado a finales de 2006. El Plan tendrá un presupuesto aproximado de 17 millones de euros”.
Las cinco fases en las que trabajará PriceWaterhouseCoopers junto al equipo informático del Congreso son la Organización y lanzamiento del plan; el análisis de la situación actual de la Cámara; la elaboración de un diagnóstico global; la definición de los servicios que contendrá el plan y que irán destinados a tres grupos (internos como los propios diputados y personal del Congreso, externos como ciudadanos y medios de comunicación, y las demás administraciones públicas); y, finalmente el desarrollo del Plan de Acción con un calendario de implantación de todos los proyectos.