Lince ofrece 8.216 millones por la filial de voz y datos de la Generalitat

Con 8.216 millones de pesetas, Lince ha hecho la oferta más cuantiosa (cuatro veces por encima del valor de salida) mientras que Airtel Móvil ha quedado descartada por no presentar el aval. También han optado al concurso CTC (con el soporte de Retevisión), Comunitel Global, Worldport Communications Europe, Corecomm Spain NTL y GTS EuropeanHoldings.

El comisionado para la Sociedad de la Información Miquel Puig ha valorado muy positivamente todas las propuestas, aunque matizó que “más que la oferta económica será determinante el proyecto empresarial que mayor incidencia tenga en Cataluña y su economía”. El miércoles 24 finalizó el plazo para presentar ofertas y ayer se procedió a la apertura de las plicas. La adjudicación se debe producir antes del 31 de mayo.

El precio mínimo de la licitación era de 2.096 millones de pesetas. Tras Lince, la mayor opción ha venido de Global TeleSystems Group GTS (5.849 millones de pesetas), seguida de Corecomm Spain (4.029 millones), Worldport Communications (3.900 millones), Comunitel Global (2.516 millones) y Cable i Televisió de Catalunya (2.414 millones). Airtel Móvil, que había ofrecido 2.300 millones de pesetas, ha sido eliminada del concurso “por defectos de forma insubsanables”, según Puig. Esto es, no haber presentado la garantía provisional.

En realidad, la privatización es una venta del 65% de las acciones de la compañía con la obligación de que el comprador amplíe automáticamente el capital de forma que su participación aumente al 75%. La Generalitat se ha comprometido a vender el 25% restante en un plazo máximo de cuatro años, “cuando estemos seguros de que el plan de negocio está garantizado”, explicó Puig.

Para el comisionado, algunas de las compañías que se han presentado al concurso (NTL y Worldport) parecen estar muy interesadas en la filial de CT porque es una buena plataforma de introducción en el país. Concurso. Este sería el caso de NTL, Worldport o GTS. A Lince, por ejemplo, le permitiría disponer de una red propia en Cataluña de forma inmediata y estar presente en el mercado institucional. Colt, en cambio, no ha presentado finalmente ninguna oferta, seguramente porque “la red era demasiado grande para su filofosía de ofrecer servicios en los centros de negocios”. Tampoco lo han hecho Telefónica, Deustche Telekom o BT, que habían sido invitadas por la Generalitat.

Banda ancha

Garantizar redes de banda ancha en las zonas rurales. Ese podría ser uno de los posibles destinatarios de los recursos que obtendrá la Generalitat con la venta de Catalana de Telecomunicacions, según comentó Miquel Puig. En la actualidad se está realizando el proyecto piloto Collserola Banda Ample, que emplea la tecnología LMDS vía radio. “El sector público se debe retirar de los sectores en los que ya entra la oferta privada y acudir a donde difícilmente los operadores se muestran interesados”, dijo con relación a la necesidad de reequilibrar el territorio. En este sentido, cree que la banda ancha debe llegar a las zonas no urbanas a través de una empresa privada, mixta “o la propia Generalitat”. CTC tiene el compromiso de instalar cable en el Eje Transversal de Cataluña dentro de seis años.

Catalana de Telecomunicacions podría ofrecer servicios a terceros a partir de este momento, ya que ayer jueves recibió la licencia B1. A pesar de ello, Puig aseguró que la Generalitat no prestará este tipo de servicios, “Será algo que deberá decidir la compañía adjudicataria”. Según Xavier Peiró, director del Centre de Telecomunicacions, haber obtenido ya la licencia será muy importante para facilitar la prestación de servicios a particulares y a empresas porque el operador dominante tiene hasta cuatro meses para facilitar la interconexión. De todos modos, Catalana de Telecomunicacions tiene asegurado por contrato la prestación de servicios de voz y datos a la Generalitat durante seis años, al igual que Telefónica, Airtel y Retevisión.

La empresa dispone de una red de fibra óptica de 600 kilómetros, principalmente en el área metropolitana de Barcelona, y cuatro troncales con Girona, Lleida y Tarragona. La privatización asegura los 50 puestos de trabajo.