Plan Soto: un nuevo intento para el desarrollo de la SI
El 54 por ciento de los ciudadanos en España no tiene un PC en su casa, y el 48% de las empresas no extraen el máximo rendimiento de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TICs) por falta de una formación adecuada de su personal. Estas cifras, proporcionadas por la Comisión Soto, demuestran que esa ‘brecha digital’ sigue siendo tan amplia como hace tres años, cuando José María Aznar anunció con un gran despliegue mediático en Vitoria el Plan Info XXI. Desde la irrupción de las TICs a principios de los noventa como precursoras del fuerte crecimiento económico de la década, decenas de expertos han tratado de buscar las causas del retraso español. La mayoría lo achancan a una combinación de problemas estructurales (infraestructuras, falta de formación, precio de los servicios, etc.), sin prestar demasiada atención quizás a los factores culturales.
La Comisión Soto, auspiciada por Josep Piqué tras su llegada al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT), insta al Gobierno a dar un “golpe de timón en la gestión” del desarrollo de la SI, con lo que se deja entrever de forma implícita por qué ha fracasado el Plan Info XXI, que aunque contaba con una dotación presupuestaria de 5.000 millones de euros, apenas se ha ejecutado. “El retraso de España se encuentra en la sociedad civil, fundamentalmente en el sector empresarial”, afirmó Juan Soto, durante la presentación a principios de abril del informe del Comité de Expertos. De hecho, aunque el 82,6% de las empresas españolas cuenta con conexión a Internet, un porcentaje similar al resto de la UE según Sedisi, en esta cifra sólo se incluyen a aquellas que tienen al menos un empleado contratado, lo que deja fuera al 52% de las empresas españolas, que no tienen ningún asalariado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Enfoque empresarial
El Comité de Expertos recomienda empezar por elaborar un nuevo plan para impulsar la SI dotándolo de liderazgo político, encabezado por el propio José María Aznar, con unos objetivos medibles y con los recursos necesarios. “La principal diferencia de esta iniciativa respecto al Plan Info XXI será que se desarrollará con criterios de gestión empresarial”, explicaba Piqué. Además, también insta a que las iniciativas que se pongan en marcha cuenten con el respaldo de una estrategia de comunicación adecuada para que llegue a todos los ámbitos sociales. Sus propuestas se centran en tres áreas: ciudadanos, empresas y administración, con una serie de prioridades de actuación.
Formación. Los expertos proponen “impregnar” todo el sistema educativo en el uso de las nuevas tecnologías mediante la omnipresencia de la informática en las aulas. De hecho, apenas hay 12 PCs por cada 100 alumnos en España, según el Eurobarómetro de la Comisión Europea, mientras que en otros países de la UE ese número se eleva hasta 35 o 40 PCs. Sin duda, el futuro pasa por las aulas, y aunque el Gobierno lo reconoce, las inversiones son escasas. La Junta de Extremadura ha tomado la delantera al poner en marcha este año un plan para que haya un PC por cada dos alumnos en las aulas, y los resultados parecen esperanzadores.
Administración electrónica. El comité de sabios propone acelerar la implantación del DNI electrónico y lograr un compromiso de las administraciones públicas para trasladar cada vez más servicios a Internet. Quizás sea el Ministerio de Hacienda el que más haya avanzado hasta ahora. Desde el año pasado se pueden presentar declaraciones por Internet, y hace dos meses se daba validez legal a efectos fiscales a la factura digital, una medida que ahorrará a las empresas 18 millones de euros. Pero aún queda mucho por hacer, ya que en España sólo están en Internet el 58% de los servicios básicos, según la consultora Cap-Gemini Ernst & Young.
Reformas legales. A pesar de la aprobación de la LSSI, aún existen limitaciones legales para determinados trámites como los procesos judiciales o el voto electrónico, carencias que la Comisión Soto recomienda subsanar con las oportunas reformas legislativas. En España ya se han dado algunas experiencias piloto, como la llevada a cabo en Hoyo de Pinares (Ávila) a mediados de marzo. Al MCYT le quedan por tanto varias asignaturas pendientes para adaptar el marco jurídico a la realidad de Internet.
Entrada en Internet. Uno de los ejes fundamentales del Plan Soto es facilitar el acceso al PC a las capas de la población con menores rentas. “Hay que conseguir que tener un PC en casa sea tan prioritario como disponer de televisión”, advertía Juan Soto, presidente la Comisión, que propone que se ofrezca alguna fórmula de subvención o financiación para su compra. La diferencia es que una televisión puede comprarse por apenas 150 euros, y un PCs básico es al menos seis veces más caro. Sin embargo, al día siguiente Piqué dejaba claro que el Gobierno no subvencionaría PCs, con lo que ya echaba por tierra una las propuestas clave.
Objetivo: las empresas. Con un tejido empresarial formado en un 96,3% por empresas de menos de diez empleados –más de dos millones de empresas–, según el INE, la tarea parece ingente. España tiene un gasto per cápita de 328 euros, frente a los 880 euros de Alemania o los 1182 euros de Reino Unido. Pero primero hay que demostrar que las inversiones en TI son rentables, algo que sólo se puede conseguir con un fuerte respaldo financiero y fiscal a las pymes. Una medida concreta en esta área es el fomento de la colaboración con centros de formación para incorporar becarios a las pequeñas empresas.
Críticas
Para otros, el Plan Soto se ha hecho al margen de los que ya están en Internet. “Se trata de un plan que no cuenta con los internautas y q