La UE otorga la dirección del desarrollo del comercio electrónico al sector privado en un nuevo programa tecnológico

Tres de cada cuatro compañías europeas considera el marco regulatorio del comercio electrónico actual insuficiente, según Forrester Research. Teniendo en cuenta esta situación, la Comisión Europea se ha pronunciado al anunciar un programa tecnológico cuya principal innovación la constituye el carácter esencialmente práctico, más allá de una intención puramente regulatoria. Además, el sector privado es el protagonista de este plan, en un intento de que sean las propias empresas el elemento motríz del desarrollo del comercio electrónico en Europa

Tras la liberalización de las telecomunicaciones realizada mayoritariamente en 1998 y, debido al incremento en la importacia representada por comercio electrónico dentro de la economía europea, resulta necesaria la inmediata puesta en marcha de iniciativas políticas comunes en un intento de encauzar y potenciar la Sociedad de la Información. Una nueva legislación que elimine las barreras existentes en el área europea y impulse la creación de trabajo es el objetivo de los diferentes programas delineados por la Comisión Europea.

La Comisión cifra en 200.000 millones de euros (220.000 millones de dólares) el volumen generado por el comercio electrónico producido desde los 15 miembros de la Unión Europea en el año 2000, para esta cifra a cuatriplicarse durante los cinco siguientes años y alcanzar los 850.000 millones en el 2005. Los factores económico-sociales que se verán favorecidos por este increíble desarrollos son la creación de trabajo, el crecimiento de la economía y de la competitividad dentro de los miembros integrantes.

Esta importancia de la denominada Sociedad de la Información, que incluye cuestiones como el citado comercio electrónico o las telecomunicaciones, se traduce directamente en la urgencia en la creación de una serie de reglas y parámetros sólidos que construyan un entorno favorable donde se desarrolle este crecimiento.

Estas son algunas de las conclusiones delineadas por el director general del DGXIII de la Unión Europea, Parajon Collada, dentro de un discurso que ha significado el compromiso público de la Comisión Europea con el establecimiento conjunto de un marco economico-legislativo común para el desarrollo europeo del comercio electrónico y el concepto de la Sociedad de la Información en general.

Mientras que el mercado necesita de medidas relativas a la prohibición de actuaciones discriminatorias, el nuevo marco legislativo debería basarse en potenciar la desaparición paulatina de las barreras existentes en la actualidad, más que centrarse puramente en la lenta creación de una legislación nueva. Esto significa otorgar prioridad a las medidas, con carácter más práctico y concreto, provenientes de las empresas, según ha explicado Collada.

Soluciones

En concreto, la Comisión Europea comenzará a tomar cartas en el asunto asignando una partida de de inversión de 3.600 millones de euros al desarrollo de la Sociedad de la Información a través de un programa tecnológico específico. En línea con las intenciones de la Comisión, dicho programa estará especialmente protagonizado por la participación empresarial, de modo que serán las compañías las destinatarias de la gran parte del capital asignado, en un intento de que sea el propio sector privado, con ayudas del sector público, el que diriga este crecimiento.

Estas medidas se completarán con la apertura de un espacio, desde la Comisión Europea, donde las empresas podrán hacer propuestas prácticas para ser aplicadas oficialmente. A mediados del mes de marzo la Comisión dispondrá esta iniciativa, principalmente a empresas especializadas en el área de sistemas y servicios, nuevos métodos para el comercio electrónico y contenidos multimedia, así como herramientas susceptibles de ser aplicadas en estas propuestas conjuntas.

Finalmente, en la medida en que el comercio electrónico tiene inherente un carácter global la colaboración internacional es un punto ineludible. Según ha anunciado Collada, materias como la protección de datos o la encriptación constituyen “intereses comunes para Estados Unidos y los miembros de la UE”.

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