La polémica sobre el anteproyecto de ley de la LSSI se debate en el Senado

A la vuelta de vacaciones se ha retomado uno de los temas más espinosos de los últimos meses, la aprobación del anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, conocida como la LSSI, que pasará al Parlamento para su aprobación en las próximas semanas, según la agenda misniterial. Ayer, la Comisión de la SI y el Conocimiento del Senado, recibió a los protagonistas de la polémica, los representantes de Kriptópolis responsables de la campaña contra la ley. Atentado contra la libertad de expresión, intento de regular el flujo de información, extensión de potestades a poderes administrativos y el sentimiento de control que inspira el borrador fueron debatidos en el seno de esta comisión.

Por primera vez desde que se iniciase la polémica contra el anteproyecto de ley de la LSSI, los responsables de la misma, entre los que destacan Carlos Sánchez Almeida, abogado y miembro de Kriptópolis, y Javier Maestre Rodríguez, han comparecido ante la Comision de la Sociedad de la Información y el Conocimeinto. La sesión, que contó también con la presencia del abogado de la Asociación de Internautas, Pedro Tur Giner, estuvo protagonizada por un enriquecedor debate de posturas pro y contra la ley, acompañadas de las intervenciones de los grupos parlamentarios, del partido popular y del grupo socilista, quienes, cada uno desde su punto de vista, intentarón aportar claridad a la polémica.

Con un conocido discurso, por lo que se ha publicado en los último meses en los medios de comunicación, Sáchez Almeida intentó explicar a los miembros de la comisión la postura de Kriptópolis ante el anteproyecto de ley. En primer lugar destacó las prerrogativas que se conceden al poder administrativo para decretar el cierre de una publicación en Internet, el error de considerar a priori el flujo de información como una actividad económica y el carácter extensivo del anteproyecto cuando la directiva solamente obliga a regular el comercio electrónico. Para Sánchez Almeida la existencia de una ley específica para Internet carece de sentido ya que “puede convertir la Red en un gueto” por lo que su planteamiento se basa en la modificación de las leyes ya existentes, adoptando las normas a los nuevos tiempos, lo que sería la única opción para no fomentar la desigualdad entre lo que se hace fuera y dentro de la Red. Igualmente advirtió del riego que puede suponer para la economía española la autocensura de los PSI como consecuencia de la aplicación de ésta ley (cuyas sanciones son tan altas que solamente grandes compañías podrían soportarlas) ante la posible emigración de dominios y con ellos del negocio de las empresas españolas en la Red.

Sánchez Almeida también destacó la necesidad de hacer frente a los problemas de seguridad en la Red como paso previo al desarrollo del comercio electrónico en la Red por lo que interrogó al grupo popular sobre el proyecto del Gobierno de crear una fiscalía de delitos informáticos, una iniciativa sobre la que no se ha trabajado. “Quiero protección para los consumidores, pero hay que sentar bases sólidas y lo primero es la seguridad... después establezcamos en qué condiciones hay que sancionar”, dijo el experto.

El grupo popular y la AI disienten
Por parte del grupo popular, las réplicas fueron inmediatas, para la senadora portavoz, el discurso de Almeida fue calificado de “tremendista, inapropiado y que no procede al anteproyecto de ley” ya que considera que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha trabajado de manera transparente y participativa al colgar el documento y sus sucesivas modificaciones en el web, además de dejar claro que la regulación solamente afecta a “actividades económicas” (el problema es que entre ellas se considera el flujo de información). Respecto a la libertad de expresión, la portavoz aseguró que el anteproyecto contempla la salvaguarda de los derechos personales y la libertad de expresión.

Pedro Tur, abogado de la AI, por su parte, expuso un punto de vista más cercano al grupo popular, en el que se considera el anteproyecto de ley como una forma de poner orden ante una situación caótica. “La ley como manifestación del interés general es lo que hace iguales a todos. Es la seguridad y garantía de nuestros derechos”, dijo el abogado. Asimismo, compartió con la portavoz popular la restricción a actividades económicas y propuso la creación de una comisión independiente sobre las libertades de en Internet como asesor del Gobierno ante posibles supuestos de retirada de contenidos o cese de actividades.

Adaptación del sistema normativo, no una ley
Javier Maestre, por su parte,también como representante de Kriptópolis concretó su discurso en la no necesidad de crear una ley al respecto, proponiendo como opción “la adapatación de nuestro sistema jurídico” “necesidad de tomar conciencia de que es necesaria la adaptación de nuestras instituciones al nuevo marco de Internet”. Para tal fin propone el estudio del grado de cumplimiento de la normativa española a la Directiva europea y su adecuación a la realidad mediante modificaciones parciales una vez observadas las carencias. Asimismo, consideró que los responsables estatales son los únicos que pueden defender al consumimdor frente a los “señores de Internet” (AOL Time Warner, Microsoft, por ejemplo) bajo cuya coordinación depende el establecimiento de un sistema estable universal.

Senado: www.senado.es
Kriptópolis: www.kriptopolis.com
Asociación de internautas: www.internautas.org
Ministerio de Ciencia y Tecnología: www.mcyt.es


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