El Gobierno aprueba el anteproyecto de LSSICE
El pasado 8 de febrero durante el Consejo de Ministros se dio el visto bueno después de un año y medio de polémica a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. El texto centrado en incrementar la seguridad, ha recibido ya las primeras críticas.
Con el principal objetivo de incrementar la seguridad en Internet se aprobó en febrero el definitivo Anteproyecto de la LSSICE, un texto que ha contado con múltiples correcciones en las que han participado más de 66 entidades y que ha sido elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Economía, Justicia y Sanidad y Consumo. Para la responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés “el texto aporta mayor seguridad al ciudadano y pretende incorporar a la Red a las personas que tienen desconfianza y recelo” por lo que trata de ofrecer “mayor seguridad jurídica y confianza a los usuarios y prestadores de servicio”.
Desde la oposición, sin embargo, se acusa al gobierno de falta de transparencia y falta de política al considerar que no se han realizado labores de divulgación ni de pedagogía para que el uso de estas herramientas se integren en la sociedad. Críticas de terceros actores, por último, hacen referencia a la escasa concreción del término “contenidos”, y a la prohibición del spam sin distinguirlo de la publicidad responsable. Pero, vayamos por partes.
Principales aspectos que regulará la ley
El primer aspecto regulado por la que será futura ley es el ámbito de actuación de la misma, determinando que se aplicará a todas las actividades comerciales o que persigan un fin económico, extendiendo su ámbito a las que se realizan por ordenador, telefonía móvil, cable o televisión digital terrenal. La prestación de servicios, por su parte, no necesitará una autorización previa, aunque deberán seguir los mismos trámites que se exige a las empresas en el mundo físico identificándose ante un registro mercantil o público para mejorar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico. Asimismo, como garantía de información y transparencia, obliga a los prestadores de servicios a incluir en sus web datos básicos como el nombre, el domicilio, la dirección de e-mail y los precios de los productos que ofrezcan.
Otro de los aspectos que regulará la futura ley, según, este cuarto borrador de anteproyecto que se puede consultar en el web del Ministerio, es la validez de los contratos electrónicos con el fin de equipararlos a los escritos y reforzar su eficacia ante los tribunales al atribuirles el mismo valor probatorio. Mientras que frente al spam, el definitivo anteproyecto, prohíbe totalmente esta actividad obligando a las empresas que envíen correos electrónicos o sms a los usuarios a obtener el consentimiento previo del consumidor y a especificar que se trata de un mensaje promocional.
En cuanto a los contenidos, el más polémico de los preceptos desde sus orígenes por posible censura, el definitivo anteproyecto asegura la libertad de expresión, como afirmó Anna Birulés en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, y solamente permite a las autoridades judiciales el cierre de una publicación, anteriormente el texto hablaba de autoridades administrativas. Mientras que respecto a la responsabilidad de los mismos, la ley no obliga a los prestadores a supervisar los datos que transmiten, pero sí a colaborar para poner fin a comportamientos ilícitos o comisión de delitos.
Las sanciones, por último, se establecerán en función del volumen de facturación afectado, la gravedad del daño producido y otros parámetros objetivos.
El PSOE reprocha falta de transparencia
Un comunicado emitido el mismo día de su aprobación señalaba la postura del Partido Socialista frente al proceso, en el que se manifestaba la falta de transparencia con la que el Gobierno ha terminado el proceso protagonizada por “meses de silencio que han generado una colosal confusión en el que existen borradores oficiales inexistentes, pero publicados… y casi dos decenas de borradores de los que no habló nadie y cuya existencia acaba de ser reconocida”. Asimismo, criticaba el hecho de que los informes que se han hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial y el emitido por el Consejo de Estado, que circulan por la Red, no se han hecho llegar a los grupos parlamentarios a pesar de haberlos solicitado oficialmente. En este sentido, confirma Enrique Martínez, responsable federal del partido, “que ha sido muy lamentable iniciar el proceso de acuerdo a una nueva lógica para posteriormente ocultar el proyecto en los últimos meses. Nos parece grave que se haya dejado ir el debate de las manos y se haya pasado del tercer borrador al veintitantos”, ocultando, incluso, al Parlamento unos textos que circulaban por la Red.
A esta crítica el partido y su responsable federal añaden la falta de política reflejada en “su incapacidad para hacer pedagogía, para explicar y promover nuevos comportamientos entre consumidores y empresas que ha provocado un debate estéril y el temor a que se oculte un deseo de controlar Internet”. Como explica Martínez, “el gobierno no ha aprovechado la oportunidad de dar a conocer el comercio electrónico e impulsarlo, por lo que nadie está hoy más informado que ayer, no hay un consenso social y este ha sido su primer fracaso”.
Por último, las críticas del PSOE al texto hacen alusión al hiperintervencionismo, el ámbito de aplicación
Con el principal objetivo de incrementar la seguridad en Internet se aprobó en febrero el definitivo Anteproyecto de la LSSICE, un texto que ha contado con múltiples correcciones en las que han participado más de 66 entidades y que ha sido elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Economía, Justicia y Sanidad y Consumo. Para la responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés “el texto aporta mayor seguridad al ciudadano y pretende incorporar a la Red a las personas que tienen desconfianza y recelo” por lo que trata de ofrecer “mayor seguridad jurídica y confianza a los usuarios y prestadores de servicio”.
Desde la oposición, sin embargo, se acusa al gobierno de falta de transparencia y falta de política al considerar que no se han realizado labores de divulgación ni de pedagogía para que el uso de estas herramientas se integren en la sociedad. Críticas de terceros actores, por último, hacen referencia a la escasa concreción del término “contenidos”, y a la prohibición del spam sin distinguirlo de la publicidad responsable. Pero, vayamos por partes.
Principales aspectos que regulará la ley
El primer aspecto regulado por la que será futura ley es el ámbito de actuación de la misma, determinando que se aplicará a todas las actividades comerciales o que persigan un fin económico, extendiendo su ámbito a las que se realizan por ordenador, telefonía móvil, cable o televisión digital terrenal. La prestación de servicios, por su parte, no necesitará una autorización previa, aunque deberán seguir los mismos trámites que se exige a las empresas en el mundo físico identificándose ante un registro mercantil o público para mejorar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico. Asimismo, como garantía de información y transparencia, obliga a los prestadores de servicios a incluir en sus web datos básicos como el nombre, el domicilio, la dirección de e-mail y los precios de los productos que ofrezcan.
Otro de los aspectos que regulará la futura ley, según, este cuarto borrador de anteproyecto que se puede consultar en el web del Ministerio, es la validez de los contratos electrónicos con el fin de equipararlos a los escritos y reforzar su eficacia ante los tribunales al atribuirles el mismo valor probatorio. Mientras que frente al spam, el definitivo anteproyecto, prohíbe totalmente esta actividad obligando a las empresas que envíen correos electrónicos o sms a los usuarios a obtener el consentimiento previo del consumidor y a especificar que se trata de un mensaje promocional.
En cuanto a los contenidos, el más polémico de los preceptos desde sus orígenes por posible censura, el definitivo anteproyecto asegura la libertad de expresión, como afirmó Anna Birulés en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, y solamente permite a las autoridades judiciales el cierre de una publicación, anteriormente el texto hablaba de autoridades administrativas. Mientras que respecto a la responsabilidad de los mismos, la ley no obliga a los prestadores a supervisar los datos que transmiten, pero sí a colaborar para poner fin a comportamientos ilícitos o comisión de delitos.
Las sanciones, por último, se establecerán en función del volumen de facturación afectado, la gravedad del daño producido y otros parámetros objetivos.
El PSOE reprocha falta de transparencia
Un comunicado emitido el mismo día de su aprobación señalaba la postura del Partido Socialista frente al proceso, en el que se manifestaba la falta de transparencia con la que el Gobierno ha terminado el proceso protagonizada por “meses de silencio que han generado una colosal confusión en el que existen borradores oficiales inexistentes, pero publicados… y casi dos decenas de borradores de los que no habló nadie y cuya existencia acaba de ser reconocida”. Asimismo, criticaba el hecho de que los informes que se han hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial y el emitido por el Consejo de Estado, que circulan por la Red, no se han hecho llegar a los grupos parlamentarios a pesar de haberlos solicitado oficialmente. En este sentido, confirma Enrique Martínez, responsable federal del partido, “que ha sido muy lamentable iniciar el proceso de acuerdo a una nueva lógica para posteriormente ocultar el proyecto en los últimos meses. Nos parece grave que se haya dejado ir el debate de las manos y se haya pasado del tercer borrador al veintitantos”, ocultando, incluso, al Parlamento unos textos que circulaban por la Red.
A esta crítica el partido y su responsable federal añaden la falta de política reflejada en “su incapacidad para hacer pedagogía, para explicar y promover nuevos comportamientos entre consumidores y empresas que ha provocado un debate estéril y el temor a que se oculte un deseo de controlar Internet”. Como explica Martínez, “el gobierno no ha aprovechado la oportunidad de dar a conocer el comercio electrónico e impulsarlo, por lo que nadie está hoy más informado que ayer, no hay un consenso social y este ha sido su primer fracaso”.
Por último, las críticas del PSOE al texto hacen alusión al hiperintervencionismo, el ámbito de aplicación
