Amnistía denuncia 33 arrestos en China relacionados con Internet
En la misma semana en la que el gobierno chino ha comunicado oficialmente que el número de internautas chinos es más grande que nunca, el grupo de derechos humanos de Amnistía Internacional ha publicado un informe donde detalla la detención o encarcelamiento de 33 personas en China por delitos relacionados con el uso de Internet.
La lista de detenidos incluye los nombres de activistas políticos o disidentes del régimen detenidos por actividades llevadas a cabo a través de la Red o en conexión con su uso. En concreto, cuatro miembros del Partido Democrático Chino (CDP) y catorce miembros del movimiento espiritual Falun Gong, ilegalizado en China, forman parte de los 33 arrestados.
No todos los casos detallados en el informe apuntan necesariamente a una campaña contra actividades realizadas a traves de la Red (en muchos casos Internet es sólo el pretexto para detener activistas), pero la invesigación ilustra el fuerte control que el estado chino ejerce sobre los cerca de 54 millones de navegantes de país.
Según Mark Allison, investigador de Amnistía que ha escrito el informe, “la mayoría han sido detenidos o encarcelados en parte o totalmente por el uso de Internet. En unos casos el cargo aducido es difundir material reaccionario y en otros casos ser miembro de Falun Gong. La sentencia más dura detallada en el informe es la que condena a 12 años de cárcel a un estudiante graduado en Beying que fue detenido en diciembre del pasado año por descargar y difundir material desde la web de Falun Gong. Otras condenas impuestas a miembros de este movimiento establecen tres años de condena y en cinco casos se desconocen los cargos.
Por lo que respecta a los cuatro miembros del CDP, la condena más larga (10 años), ha recaído sobre Wang Jinbo, miembro del partido por la provincia de Sichuan, al que se le acusa de subversión. Otras condenas establecen entre tres y cuatro años por subversión o por poner en peligro la seguridad del estado. Además la revelación más grave del informe es que tres de los detenidos murieron durante el encarcelamiento, dos de ellos por las torturas que padecieron.
Todas las detenciones tuvieron lugar antes de 2002. A principios de este año entraron en vigor nuevas regulaciones que obligan a los proveedores de servicios a contralar de cerca todas las actividades online. Además los cibercafés deberán instalar un software de control que bloquee el acceso a determinadas páginas web.
Ante esta dramática situación, el grupo de derechos humanos de Amnistía Internacional ha pedido “la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por el uso de Internet” ya que argumenta lo único que han hecho es “publicar de forma pacífica sus puntos de vista u otras informaciones.
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