Vía libre a las nuevas redes
Estamos ante el inicio del despliegue de una nueva generación de redes fijas de telecomunicación soportadas en fibra óptica, que, unido al de las redes de tercera generación en telefonía móvil, han de suponer una auténtica revolución en la oferta de banda ancha y de servicios hacia los usuarios en el futuro. Hablar de telefonía móvil y telefonía fija de forma separada empieza ya a ser difícil en un mundo marcado por la convergencia de tecnologías, soportes y mercados.
Lo realmente importante es que el avance del despliegue de esas nuevas redes, en cualquiera de sus manifestaciones, sea rápido y homogéneo en todo nuestro territorio. Este desarrollo permitirá mayor innovación, más empleo y mejor calidad de servicios para todos.
Asumido que los operadores van a invertir más si las condiciones de entorno les son propicias, conviene trabajar para despejar el camino a quienes de verdad vayan a hacerlo con las mejores vías de acceso a sus usuarios. Los reguladores, los ayuntamientos y todos los agentes implicados hemos de ser sensibles a ello y actuar en consecuencia. No en vano, las telecomunicaciones ya representan más del 4% del PIB, de lo que cerca del 2% corresponde a la telefonía móvil.
Las redes de telecomunicaciones constituyen el soporte esencial sobre el que se prestan los servicios de comunicaciones de telefonía móvil. Estos servicios cada vez tienen mayor aceptación en la actividad social y económica, salvo por una cuestión que debemos superar lo antes posible. La percepción distorsionada del riesgo por parte de algunos ciudadanos y la alarma social en torno a las antenas de telefonía móvil y sus pretendidos efectos sobre la salud están dificultando seriamente el despliegue y mejora de las infraestructuras de las redes de telefonía móvil, tanto para ampliar la cobertura y capacidad de las redes actuales, como para introducir las nuevas tecnologías de banda ancha móvil.
De nuevo, las Administraciones Públicas, y más en concreto, los entes locales, los ayuntamientos, han de asumir el papel que les corresponde como garantes del despliegue de las redes de telecomunicación, como lo son, y muy activos, de otras redes de comunicación más tradicionales.
En este sentido, la actuación de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), las empresas y los profesionales del sector han de despejar lo antes posible las dudas que la población tenga. Pero, sobre todo, se necesita que, partiendo de los informes disponibles (OMS, AECC, COIT, Comisión García Quintana etc.), con un posicionamiento muy claro al respecto, las autoridades sanitarias respondan con un formato similar al usado en otras situaciones de alarma social análogas. Respuesta que debiera venir guiada, preferentemente, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, apoyado por un organismo científico independiente que contase con el necesario apoyo institucional.
E. Gutiérrez Bueno es decano-presidente del COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones).
Lo realmente importante es que el avance del despliegue de esas nuevas redes, en cualquiera de sus manifestaciones, sea rápido y homogéneo en todo nuestro territorio. Este desarrollo permitirá mayor innovación, más empleo y mejor calidad de servicios para todos.
Asumido que los operadores van a invertir más si las condiciones de entorno les son propicias, conviene trabajar para despejar el camino a quienes de verdad vayan a hacerlo con las mejores vías de acceso a sus usuarios. Los reguladores, los ayuntamientos y todos los agentes implicados hemos de ser sensibles a ello y actuar en consecuencia. No en vano, las telecomunicaciones ya representan más del 4% del PIB, de lo que cerca del 2% corresponde a la telefonía móvil.
Las redes de telecomunicaciones constituyen el soporte esencial sobre el que se prestan los servicios de comunicaciones de telefonía móvil. Estos servicios cada vez tienen mayor aceptación en la actividad social y económica, salvo por una cuestión que debemos superar lo antes posible. La percepción distorsionada del riesgo por parte de algunos ciudadanos y la alarma social en torno a las antenas de telefonía móvil y sus pretendidos efectos sobre la salud están dificultando seriamente el despliegue y mejora de las infraestructuras de las redes de telefonía móvil, tanto para ampliar la cobertura y capacidad de las redes actuales, como para introducir las nuevas tecnologías de banda ancha móvil.
De nuevo, las Administraciones Públicas, y más en concreto, los entes locales, los ayuntamientos, han de asumir el papel que les corresponde como garantes del despliegue de las redes de telecomunicación, como lo son, y muy activos, de otras redes de comunicación más tradicionales.
En este sentido, la actuación de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), las empresas y los profesionales del sector han de despejar lo antes posible las dudas que la población tenga. Pero, sobre todo, se necesita que, partiendo de los informes disponibles (OMS, AECC, COIT, Comisión García Quintana etc.), con un posicionamiento muy claro al respecto, las autoridades sanitarias respondan con un formato similar al usado en otras situaciones de alarma social análogas. Respuesta que debiera venir guiada, preferentemente, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, apoyado por un organismo científico independiente que contase con el necesario apoyo institucional.
E. Gutiérrez Bueno es decano-presidente del COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones).
