¿Quién puede frenar a Telefónica?

Después de la reunión mantenida el pasado mes de junio entre el Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, Baudilio Tomé, y directivos de las seis principales compañías operadoras de telecomunicaciones, éstas presentaron una serie de quejas y reivindicaciones conducentes a intentar frenar, y en los posible disminuir, el ostensible poder de Telefónica. En la reunión se invitó a las operadoras a presentar las propuestas que estimasen oportunas para coadyuvar a suavizar y detener el ingente protagonismo de Telefónica, según ellas. Dicho documento ha sido remitido ya al Ministerio de Ciencia y Tecnología, compendiando un decálogo de medidas para recuperar la competencia en telecomunicaciones en el que, uno de sus puntos, dice lo siguiente: “Las Administraciones Públicas estarán obligadas a sacar a concurso público sus servicios de telecomunicaciones en un plazo de cuatro años”. Asimismo, para que las competidoras de Telefónica no encuentren mediatizadas sus posibilidades, creen oportuno exigir absoluta transparencia en los procedimientos de contratación.
Es comprensible la iniciativa de las operadoras de telecomunicaciones persiguiendo un crecimiento más moderado de Telefónica, limitando parte de sus ventajas, para que ellas dispongan de oportunidades de negocio donde puedan competir con más solvencia. Como también se entiende la invocación a las Administraciones Públicas para que dinamicen contrataciones de servicios de telecomunicaciones. Precisamente en estos momentos, por iniciativas propias basadas en estudio de sus necesidades, los ministerios de Administraciones Públicas y Trabajo y Asuntos Sociales trabajan en la preparación de sendos concursos para contratar servicios de telecomunicaciones. El primero, con un presupuesto próximo a los 30 millones de euros, intenta dotar al propio ministerio y a organismos como INAP y MUFACE, de una red multiservicio que integre servicios de voz y datos para conseguir, entre otros objetivos, mayor calidad de los servicios aprovechando la economía de escala, y reducir los costes internos de gestión. El segundo, con un presupuesto cercano a los 36 millones de euros, pretende seleccionar un operador de comunicaciones de datos con el fin de permitir, durante un periodo de cuatro años, interconectar las oficinas, direcciones provinciales, edificios en las Comunidades Autónomas, y los servicios centrales de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, mediante una red basada en el protocolo de enlace Frame Relay.
Ambos concurso podrían significar un excelente banco de pruebas, para que las operadoras midieran sus fuerzas en relación con Telefónica en el ámbito de la Administración. La oportunidad está servida.