Profesionalidad y responsabilidad de los gestores TIC de la Administración Pública
Es frecuente que en situaciones de crisis –y más obsesivamente en las de recesión–proliferen las manifestaciones públicas de altos directivos de compañías proveedoras pidiendo o exigiendo al Gobierno urgentes medidas que contribuyan, al menos, a suavizar o paliar al máximo los nocivos efectos de una economía a la deriva.
En todos los sectores se invocan ayudas porque en todos los sectores se justifica la necesidad. En el nuestro lo estamos comprobando desde hace meses, y hay que preguntarse si la colosal sordera que evidencia el Ejecutivo tiene algo que ver con no saber qué hacer ante la gravedad de la situación, por no saber marcar prioridades o por no saber evaluar con rigor y criterios de autenticidad lo que las TIC pueden aportar y los grandes objetivos que podrían alcanzarse, en términos de elocuentes mejoras de servicios a los ciudadanos.
Para cuantificar mejor las probabilidades de que, desde la Administración Pública, se elabore un plan de compromiso que ponga las TIC –junto con un programa de inversiones– en el lugar preeminente que las corresponde, hay que acercar el foco a los dos colectivos que tienen la obligación de implicarse a fondo en las estrategias y proyectos: los políticos con responsabilidades TIC, que son los que mandan; y los especialistas TIC, que proponen y ejecutan.
Políticos con responsabilidad TIC
Los políticos que deciden en asuntos TIC, sobre los que gravita ahora mismo la mayor responsabilidad, deben sopesar, con nitidez, que las campañas de exaltación y propaganda tienen que basarse, inexorablemente, en un trabajo bien hecho que resulte tangible para el ciudadano. Si a éste se le promete la consecución de tantas metas y tantos objetivos en los que las TIC tienen una participación inequívocamente protagonista, y se alcanzan, dispondrán de una amplia panoplia de éxitos con los que, justamente, presumir de su brillante capacidad gestora. Ahora bien, si no dedican a la acción los recursos imprescindibles y recurren a la trompetería propagandística como único medio de pretender mantener la atención sobre la realización de magníficos escenarios que no se van a conseguir, el efecto boomerang que van a provocar les puede resultar pernicioso. Los que se dedican al negocio de la política deben estimar que, para seguir viviendo bien de ella, es imprescindible poder justificar permanentemente la idoneidad de su función, salvo que piensen que el ciudadano es despistado, pasota o tonto, y que no es capaz de apreciar, considerar y revolverse contra una bien orquestada tomadura de pelo. Los políticos con responsabilidades TIC no tienen que ocuparse y plantearse como meta la reducción de costes –de este tema se preocuparán sus especialistas TIC– pero sí deben abordar, incluso compulsivamente ante sus superiores jerárquicos, incluyendo a los propios ministros, la imperiosa necesidad que tienen de disponer de presupuestos suficientes para poder mantener el fuego sagrado de los mensajes que divulgan sin parar, otorgando, con razón, a las TIC, la ayuda incuestionablemente imprescindible para servir de verdad y eficazmente al ciudadano, en todas las facetas que han venido prometiendo y que, sin solución de continuidad, siguen reiterando.
Si no logran los presupuestos idóneos para tal fin, no va a ser posible, por ejemplo, que se logren los objetivos previstos en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que debe entrar en vigor el 31 de diciembre de este año 2009. Intentarán llenar las múltiples carencias para el cumplimiento de la Ley con mucha, mucha palabrería artificiosa con la intención, una vez más, de desorientar –es solamente un eufemismo– al ciudadano. Convénzanse los malabaristas, o se aporta más presupuesto o, con toda seguridad, la Ley 11/2007 no podrá entrar en vigor tal y como está concebida en la fecha prevista.
Cuerpo superior TIC de la Administración
El otro importante colectivo responsable en la gestión es el cuerpo superior TIC de la Administración. Sin embargo, sus iniciativas, por muy bien elaboradas que estén en el correspondiente documento, de nada sirven si sus inmediatos superiores –por supuesto políticos– por no entender bien el tema, o por la razón que sea, no se atreven a defenderlo ante quienes tienen la potestad de poder aprobarlo. En estos casos, no se pida a los especialistas TIC comportamientos heroicos –exponiendo sus quejas e intentando cambiar de destino– porque lo único que conseguirían es que en su puesto pusieran a otro más afín, dócil o servil con el de arriba.
Hay que presentar los documentos, sí, y cuantos más mejor, acreditativos de la necesidad presupuestaria para la realización de proyectos ineludibles –aunque el de arriba no los defienda, porque ahí quedarán como testimonio irrefutable para dirimir y depurar, llegado el caso, responsabilidades futuras– porque el político se irá, pero ellos permanecerán en la Administración Pública, y les interesa disponer de pruebas fehacientes que salven, posteriormente, su profesionalidad y responsabilidad.
Asimismo, en una clara demostración de estos dos atributos, pueden ir preparando una especie de estudios sobre proyectos piloto que tendrán que acometerse más pronto que tarde en los diferentes Departamentos, con el propósito de irlos debatiendo y tenerlos perfectamente configurados, para su aprobación y puesta en marcha, en cuanto cambie la actual situación.
La cordura, la coherencia, y la inteligencia en temas TIC debe ponerse muy de manifiesto en la verborrea oficial. Hace mucha falta en estos momentos.
Eugenio Ballesteros, analista independiente
En todos los sectores se invocan ayudas porque en todos los sectores se justifica la necesidad. En el nuestro lo estamos comprobando desde hace meses, y hay que preguntarse si la colosal sordera que evidencia el Ejecutivo tiene algo que ver con no saber qué hacer ante la gravedad de la situación, por no saber marcar prioridades o por no saber evaluar con rigor y criterios de autenticidad lo que las TIC pueden aportar y los grandes objetivos que podrían alcanzarse, en términos de elocuentes mejoras de servicios a los ciudadanos.
Para cuantificar mejor las probabilidades de que, desde la Administración Pública, se elabore un plan de compromiso que ponga las TIC –junto con un programa de inversiones– en el lugar preeminente que las corresponde, hay que acercar el foco a los dos colectivos que tienen la obligación de implicarse a fondo en las estrategias y proyectos: los políticos con responsabilidades TIC, que son los que mandan; y los especialistas TIC, que proponen y ejecutan.
Políticos con responsabilidad TIC
Los políticos que deciden en asuntos TIC, sobre los que gravita ahora mismo la mayor responsabilidad, deben sopesar, con nitidez, que las campañas de exaltación y propaganda tienen que basarse, inexorablemente, en un trabajo bien hecho que resulte tangible para el ciudadano. Si a éste se le promete la consecución de tantas metas y tantos objetivos en los que las TIC tienen una participación inequívocamente protagonista, y se alcanzan, dispondrán de una amplia panoplia de éxitos con los que, justamente, presumir de su brillante capacidad gestora. Ahora bien, si no dedican a la acción los recursos imprescindibles y recurren a la trompetería propagandística como único medio de pretender mantener la atención sobre la realización de magníficos escenarios que no se van a conseguir, el efecto boomerang que van a provocar les puede resultar pernicioso. Los que se dedican al negocio de la política deben estimar que, para seguir viviendo bien de ella, es imprescindible poder justificar permanentemente la idoneidad de su función, salvo que piensen que el ciudadano es despistado, pasota o tonto, y que no es capaz de apreciar, considerar y revolverse contra una bien orquestada tomadura de pelo. Los políticos con responsabilidades TIC no tienen que ocuparse y plantearse como meta la reducción de costes –de este tema se preocuparán sus especialistas TIC– pero sí deben abordar, incluso compulsivamente ante sus superiores jerárquicos, incluyendo a los propios ministros, la imperiosa necesidad que tienen de disponer de presupuestos suficientes para poder mantener el fuego sagrado de los mensajes que divulgan sin parar, otorgando, con razón, a las TIC, la ayuda incuestionablemente imprescindible para servir de verdad y eficazmente al ciudadano, en todas las facetas que han venido prometiendo y que, sin solución de continuidad, siguen reiterando.
Si no logran los presupuestos idóneos para tal fin, no va a ser posible, por ejemplo, que se logren los objetivos previstos en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que debe entrar en vigor el 31 de diciembre de este año 2009. Intentarán llenar las múltiples carencias para el cumplimiento de la Ley con mucha, mucha palabrería artificiosa con la intención, una vez más, de desorientar –es solamente un eufemismo– al ciudadano. Convénzanse los malabaristas, o se aporta más presupuesto o, con toda seguridad, la Ley 11/2007 no podrá entrar en vigor tal y como está concebida en la fecha prevista.
Cuerpo superior TIC de la Administración
El otro importante colectivo responsable en la gestión es el cuerpo superior TIC de la Administración. Sin embargo, sus iniciativas, por muy bien elaboradas que estén en el correspondiente documento, de nada sirven si sus inmediatos superiores –por supuesto políticos– por no entender bien el tema, o por la razón que sea, no se atreven a defenderlo ante quienes tienen la potestad de poder aprobarlo. En estos casos, no se pida a los especialistas TIC comportamientos heroicos –exponiendo sus quejas e intentando cambiar de destino– porque lo único que conseguirían es que en su puesto pusieran a otro más afín, dócil o servil con el de arriba.
Hay que presentar los documentos, sí, y cuantos más mejor, acreditativos de la necesidad presupuestaria para la realización de proyectos ineludibles –aunque el de arriba no los defienda, porque ahí quedarán como testimonio irrefutable para dirimir y depurar, llegado el caso, responsabilidades futuras– porque el político se irá, pero ellos permanecerán en la Administración Pública, y les interesa disponer de pruebas fehacientes que salven, posteriormente, su profesionalidad y responsabilidad.
Asimismo, en una clara demostración de estos dos atributos, pueden ir preparando una especie de estudios sobre proyectos piloto que tendrán que acometerse más pronto que tarde en los diferentes Departamentos, con el propósito de irlos debatiendo y tenerlos perfectamente configurados, para su aprobación y puesta en marcha, en cuanto cambie la actual situación.
La cordura, la coherencia, y la inteligencia en temas TIC debe ponerse muy de manifiesto en la verborrea oficial. Hace mucha falta en estos momentos.
Eugenio Ballesteros, analista independiente
