Petición a los TIC de la Administración

En jornada organizada por la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (ASTIC), y clausurada por el Director General de Sociedad de la Información, Rafael Sagrario, este puso énfasis en solicitar a los especialistas TIC de la Administración General del Estado (AGE) su imprescindible compromiso de ayudar al máximo al político en todo lo concerniente a la concepción, diseño, y materialización de proyectos TIC. Hay que elogiar la iniciativa de este director porque, por su trayectoria profesional, posee experiencia suficiente para poder valorar con objetividad las carencias y necesidades actuales de la AGE –siempre en el campo relacionado con las TIC– y estimar con autoridad la aportación proveniente de los funcionarios con responsabilidades en esos entornos. Su petición –de asesoría comprometida a quienes sí poseen especialización y conocen a la perfección las necesidades en la AGE para lograr objetivos clave de cara al servicio al ciudadano– tiene sentido, ya que persigue no sólo el entendimiento entre partes –políticos y profesionales– sino optimizar los recursos en ambiente de confianza.
El paso dado por el Director es significativo por los indudables beneficios que puede aportar a la gestión. Sin embargo, para facilitar la materialización del mensaje y conseguir las metas deseadas, es imprescindible que una sugerencia similar se realice, y cale, en los políticos con responsabilidades directas. Por lo tanto, el Director General de Sociedad de la Información debe intentar con sus inmediatos superiores –y con todos aquellos de nivel superior con quienes tenga confianza– una acción idéntica a la protagonizada con profesionales TIC de la AGE. Advirtiéndoles, por ejemplo –pudiéndolo demostrar– que las TIC están situadas en niveles tercero o cuarto dentro de los diferentes Ministerios e, increíblemente –pues son muy importantes las ventajas que reportaría– no existen Direcciones Generales TIC verticales, salvo en la Agencia Tributaria; se aprecia envejecimiento en las plantillas, y es notoria la escasa flexibilidad en las estructuras de personal; existe demasiada dependencia tecnológica de terceros; y hay incomodidad y lentitud en la contratación de bienes y servicios por una rigidez que debería eliminarse. La mayor beneficiada sería la propia AGE.