Los ingenieros de telecomunicación proponen un Plan de Banda Ancha Ultrarrápida
Liderado por la Administración central, aunaría la inversión pública y la privada
Poco antes de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) proponía públicamente al nuevo Gobierno que saliera de las urnas la puesta en marcha de un Plan de Banda Ancha Ultrarrápida de alcance estatal, liderado por la Administración Central, tecnológicamente neutral y capaz de aunar la iniciativa pública y privada. Propuesta que, de acuerdo con los resultados electorales, se dirige hoy directamente al Partido Popular y a Mariano Rajoy, futuro presidente del Gobierno.
“En un momento en que España necesita profundas reformas estructurales, queremos contribuir a impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones como generadoras de valor y riqueza para nuestro país. Está comprobado que la inversiones en tecnología tienen un efecto inmediato en el crecimiento del PIB”, aseguró Eugenio Fontán, decano-presidente del COIT, en la presentación de las recomendaciones elaboradas por la entidad para la elaboración del Plan. Según Fontán, el nuevo Gobierno debe acompañar los recortes presupuestarios a los que está obligado con el impulso al desarrollo de la banda ancha ultrarrápida como motor de crecimiento. “En caso contrario, España corre el riesgo de quedarse atrás y no cumplir sus compromisos con la Agenda Digital Europea”.
De acuerdo con las recomendaciones del COIT, el plan para el desarrollo de la banda ancha ultrarrápida en España debería contar con el liderazgo de la Administración Central y con la colaboración de la Comunidades Autónomas y la Administración Local, y debe estar coordinado además con los agentes privados para garantizar la inversión necesaria. “Sólo de ese modo se garantizará que ningún ámbito quede aislado o descoordinado”, afirmó Julio Navío, miembro de la Junta de Gobierno del COIT y coordinador del Grupo de Políticas Públicas y Regulación. Para Navío, en esta colaboración público-privada deberían participar también las utilities e ir más allá de las subvenciones para conseguir una implicación total de la Administración. Asimismo, “se debería promover la compartición de infraestructuras en aquellas zonas de baja y media población para optimizar las inversiones”.
Neutralidad tecnológica
El COIT recomienda igualmente que el desarrollo de la banda ancha ultrarrápida en España se atenga a la ’neutralidad tecnológica’ mediante el despliegue de los tipos de accesos fijos e inalámbricos de gran capacidad que se estimen más idóneos en cada ámbito de aplicación, así como de las soluciones que garanticen la escalabilidad necesaria para seguir creciendo en el futuro.
El compromiso de la Administración debe contemplar también la reducción de los trámites administrativos y la garantía de un marco estable de alcance estatal que incentive las inversiones. Las acciones tendrían como puntos estratatégicos de aplicación prioritaria las zonas de impacto social (centros educativos, hospitales, bibliotecas), zonas de impacto institucional (sedes administrativas y judiciales) y zonas de impacto económico (polígonos industriales, centros turísticos).
Para el COIT es de especial interés asimismo la aprobación de un ‘Plan Renove de ICT’, en coordinación con los planes de despliegue de las nuevas redes, que permita la actualización de las viviendas que no disponen de esta infraestructura. También sería necesaria la puesta en marcha de un plan de ‘alfabetización digital’ que lleve a pymes y ciudadanos el conocimiento sobre áreas tecnológicas como comercio electrónico, cloud computing y ocio digital. Finalmente, los ingenieros de telecomunicación recomiendan dar un mayor impulso a la Administración electrónica, especialmente en los entes locales, como fomento de la Sociedad de la Información.
Experiencias internacionales
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Las recomendaciones del COIT han sido elaboradas por el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas y Regulación de la entidad a partir del análisis pormenorizado de la experiencia de 14 países que han puesto en marcha con éxito estrategias similares. En concreto, los países estudiados son Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Singapur, Estados Unidos y Brasil.
“En un momento en que España necesita profundas reformas estructurales, queremos contribuir a impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones como generadoras de valor y riqueza para nuestro país. Está comprobado que la inversiones en tecnología tienen un efecto inmediato en el crecimiento del PIB”, aseguró Eugenio Fontán, decano-presidente del COIT, en la presentación de las recomendaciones elaboradas por la entidad para la elaboración del Plan. Según Fontán, el nuevo Gobierno debe acompañar los recortes presupuestarios a los que está obligado con el impulso al desarrollo de la banda ancha ultrarrápida como motor de crecimiento. “En caso contrario, España corre el riesgo de quedarse atrás y no cumplir sus compromisos con la Agenda Digital Europea”.
De acuerdo con las recomendaciones del COIT, el plan para el desarrollo de la banda ancha ultrarrápida en España debería contar con el liderazgo de la Administración Central y con la colaboración de la Comunidades Autónomas y la Administración Local, y debe estar coordinado además con los agentes privados para garantizar la inversión necesaria. “Sólo de ese modo se garantizará que ningún ámbito quede aislado o descoordinado”, afirmó Julio Navío, miembro de la Junta de Gobierno del COIT y coordinador del Grupo de Políticas Públicas y Regulación. Para Navío, en esta colaboración público-privada deberían participar también las utilities e ir más allá de las subvenciones para conseguir una implicación total de la Administración. Asimismo, “se debería promover la compartición de infraestructuras en aquellas zonas de baja y media población para optimizar las inversiones”.
Neutralidad tecnológica
El COIT recomienda igualmente que el desarrollo de la banda ancha ultrarrápida en España se atenga a la ’neutralidad tecnológica’ mediante el despliegue de los tipos de accesos fijos e inalámbricos de gran capacidad que se estimen más idóneos en cada ámbito de aplicación, así como de las soluciones que garanticen la escalabilidad necesaria para seguir creciendo en el futuro.
El compromiso de la Administración debe contemplar también la reducción de los trámites administrativos y la garantía de un marco estable de alcance estatal que incentive las inversiones. Las acciones tendrían como puntos estratatégicos de aplicación prioritaria las zonas de impacto social (centros educativos, hospitales, bibliotecas), zonas de impacto institucional (sedes administrativas y judiciales) y zonas de impacto económico (polígonos industriales, centros turísticos).
Para el COIT es de especial interés asimismo la aprobación de un ‘Plan Renove de ICT’, en coordinación con los planes de despliegue de las nuevas redes, que permita la actualización de las viviendas que no disponen de esta infraestructura. También sería necesaria la puesta en marcha de un plan de ‘alfabetización digital’ que lleve a pymes y ciudadanos el conocimiento sobre áreas tecnológicas como comercio electrónico, cloud computing y ocio digital. Finalmente, los ingenieros de telecomunicación recomiendan dar un mayor impulso a la Administración electrónica, especialmente en los entes locales, como fomento de la Sociedad de la Información.
Experiencias internacionales
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Las recomendaciones del COIT han sido elaboradas por el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas y Regulación de la entidad a partir del análisis pormenorizado de la experiencia de 14 países que han puesto en marcha con éxito estrategias similares. En concreto, los países estudiados son Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Singapur, Estados Unidos y Brasil.
