Los abogados ya pueden firmar electrónicamente
El consejo general de abogacía presenta su autoridad de certificación
El Consejo General de la Abogacía cuenta ya con su Autoridad de Certificación (ACA), que permitirá firmar electrónicamente a los abogados, reduciendo trámites y costes a los ciudadanos. La presentación contó con la presencia del ministro de Justicia, José Mª Michavila; el presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer; y el secretario de estado de Telecomunicaciones, Carlos López Blanco.
“Gracias a la firma electrónica de la abogacía los ciudadanos tendrán una justicia más ágil, transparente, segura y económica”, aseguró Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, durante la presentación de la Autoridad de Certificación. Un proyecto, desarrollado durante dos años y englobado dentro del de Abogacía Digital del CGAE, que ha supuesto una inversión de más de un millón de euros para la Abogacía, con el objetivo impulsar de forma segura la utilización de las nuevas tecnologías en las tareas profesionales diarias de los abogados.
La ACA cuenta, asimismo, con el respaldo financiero del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, tras su progresiva implantación, permitirá que a partir de ahora más de 106.000 abogados agilicen sus trámites y reduzcan costes a los ciudadanos, multiplicando las posibilidades de relaciones profesionales, a través de la extranet, redabogacia.org, y el uso de estos certificados digitales.
Carlos Carnicer quiso dar las gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología por sus subvenciones, “sin ellas no se hubiera llevado a cabo este proyecto”, al Ministerio de Justicia por ser impulsores de la iniciativa, y a todos los colegios de abogados de España, en especial a los de Murcia, Baleares y Reus, “porque en ellos se está materializando desde hace varios meses la utilización de nuestra nueva tecnología. Después del verano, podrán hacer uso de ella todos los colegios de abogados que lo deseen”. Carnicer, añadió que se debe animar a todas las administraciones públicas para que sean receptivas a esta nueva manera de trabajar, “porque supondrá no sólo un ahorro considerable de tiempo, sino también de costes en el asesoramiento, en la tramitación de asuntos, o en la propia defensa que ejercemos los abogados”.
Por su parte, José Mª Michavilla, ministro de Justicia, manifestó que nuestra justicia necesitaba un nuevo motor, pero también un nuevo chasis “porque tenemos una justicia del siglo XIX que hemos intentado poner a la altura del siglo XX entre todos, gracias a la adopción de las Nuevas Tecnologías”.
Una de las características más destacadas de la nueva tecnología implantada, en opinión de José Mª Michavila, es que “da un nuevo derecho a los ciudadanos, el de poder elegir el lenguaje en el que quiere dirigirse a la Justicia, a través de sus abogados; el derecho a ser contestado en el lenguaje informático, en el lenguaje de las nuevas tecnologías cuando así lo elija, lo que permitirá una mayor agilidad”.
Michavila, aprovechó su intervención para comentar que, en los últimos dos años, el 70% del parque tecnológico de su ministerio ha sido renovado, y concluyó con esta advertencia: “hoy se pone en marcha una herramienta, pero las herramientas sólo son útiles si se utilizan”.
Carlos López Blanco, secretario de estado de Telecomunicaciones, destacó que “la firma electrónica de la abogacía volcará los despachos de abogados en Internet”. Y añadió que “la verdadera reforma de la Administración de Justicia vendrá por la utilización de tecnologías tan innovadoras como la que presentan hoy los abogados”.
La Autoridad de Certificación ofrece una comunicación telemática segura y con total validez jurídica de los abogados con las diferentes Administraciones Públicas, concretamente con la Administración de Justicia. También posibilita el acceso a la presentación telemática de escritos a los juzgados, al registro de penados, agenda judicial, justicia gratuita, o la participación en subastas judiciales a través de una infraestructura de comunicaciones seguras. De esta manera, cualquier abogado, mediante la firma electrónica, podrá firmar digitalmente sus documentos electrónicos, en la realización de todo tipo de trámites. El Decreto-Ley 14/99, Artículo 3.1 regula el uso de este instrumento técnico que estará a disposición de todos los colegiados, hasta la llegada de la nueva Ley de Firma Electrónica.
Entre las numerosas ventajas que aporta la ACA hay unas que benefician especialmente a los colegios, colegiados, ciudadanos y a la Administración Pública. Prueba de ello es que los colegios pueden agilizar y automatizar los procesos relacionados con la actividad colegial gracias a infraestructuras de comunicaciones seguras, fiables y de fácil implantación. Los ciudadanos, por su parte, se verán beneficiados por el abaratamiento de algunos costes y se sentirán más cercanos a sus abogados, al realizar las gestiones de manera más ágil. Así, ACA ofrecerá un mayor nivel de control deontológico y una agilización de los servicios jurídicos de carácter social que prestan los colegios como, por ejemplo, la asistencia jurídica gratuita.
Por último, la Administración Pública, por medio de comunicaciones telemáticas con los Juzgados, tendrá la posibilidad de incorporar a los abogados a los distintos proyectos de modernización de la Administración de la Justicia.
Cabe destacar que el Consejo General de la Abogacía está desarrollando otros servicios a través e su extranet, redabogacia.org. De entre ellos destaca la gestión de justicia gratuita; la gestión documental; la automatización de trámites colegiales; la telepresencia y videoconferencia; el correo seguro y la formación e información profesional en tiempo real.
“Gracias a la firma electrónica de la abogacía los ciudadanos tendrán una justicia más ágil, transparente, segura y económica”, aseguró Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, durante la presentación de la Autoridad de Certificación. Un proyecto, desarrollado durante dos años y englobado dentro del de Abogacía Digital del CGAE, que ha supuesto una inversión de más de un millón de euros para la Abogacía, con el objetivo impulsar de forma segura la utilización de las nuevas tecnologías en las tareas profesionales diarias de los abogados.
La ACA cuenta, asimismo, con el respaldo financiero del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, tras su progresiva implantación, permitirá que a partir de ahora más de 106.000 abogados agilicen sus trámites y reduzcan costes a los ciudadanos, multiplicando las posibilidades de relaciones profesionales, a través de la extranet, redabogacia.org, y el uso de estos certificados digitales.
Carlos Carnicer quiso dar las gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología por sus subvenciones, “sin ellas no se hubiera llevado a cabo este proyecto”, al Ministerio de Justicia por ser impulsores de la iniciativa, y a todos los colegios de abogados de España, en especial a los de Murcia, Baleares y Reus, “porque en ellos se está materializando desde hace varios meses la utilización de nuestra nueva tecnología. Después del verano, podrán hacer uso de ella todos los colegios de abogados que lo deseen”. Carnicer, añadió que se debe animar a todas las administraciones públicas para que sean receptivas a esta nueva manera de trabajar, “porque supondrá no sólo un ahorro considerable de tiempo, sino también de costes en el asesoramiento, en la tramitación de asuntos, o en la propia defensa que ejercemos los abogados”.
Por su parte, José Mª Michavilla, ministro de Justicia, manifestó que nuestra justicia necesitaba un nuevo motor, pero también un nuevo chasis “porque tenemos una justicia del siglo XIX que hemos intentado poner a la altura del siglo XX entre todos, gracias a la adopción de las Nuevas Tecnologías”.
Una de las características más destacadas de la nueva tecnología implantada, en opinión de José Mª Michavila, es que “da un nuevo derecho a los ciudadanos, el de poder elegir el lenguaje en el que quiere dirigirse a la Justicia, a través de sus abogados; el derecho a ser contestado en el lenguaje informático, en el lenguaje de las nuevas tecnologías cuando así lo elija, lo que permitirá una mayor agilidad”.
Michavila, aprovechó su intervención para comentar que, en los últimos dos años, el 70% del parque tecnológico de su ministerio ha sido renovado, y concluyó con esta advertencia: “hoy se pone en marcha una herramienta, pero las herramientas sólo son útiles si se utilizan”.
Carlos López Blanco, secretario de estado de Telecomunicaciones, destacó que “la firma electrónica de la abogacía volcará los despachos de abogados en Internet”. Y añadió que “la verdadera reforma de la Administración de Justicia vendrá por la utilización de tecnologías tan innovadoras como la que presentan hoy los abogados”.
La Autoridad de Certificación ofrece una comunicación telemática segura y con total validez jurídica de los abogados con las diferentes Administraciones Públicas, concretamente con la Administración de Justicia. También posibilita el acceso a la presentación telemática de escritos a los juzgados, al registro de penados, agenda judicial, justicia gratuita, o la participación en subastas judiciales a través de una infraestructura de comunicaciones seguras. De esta manera, cualquier abogado, mediante la firma electrónica, podrá firmar digitalmente sus documentos electrónicos, en la realización de todo tipo de trámites. El Decreto-Ley 14/99, Artículo 3.1 regula el uso de este instrumento técnico que estará a disposición de todos los colegiados, hasta la llegada de la nueva Ley de Firma Electrónica.
Entre las numerosas ventajas que aporta la ACA hay unas que benefician especialmente a los colegios, colegiados, ciudadanos y a la Administración Pública. Prueba de ello es que los colegios pueden agilizar y automatizar los procesos relacionados con la actividad colegial gracias a infraestructuras de comunicaciones seguras, fiables y de fácil implantación. Los ciudadanos, por su parte, se verán beneficiados por el abaratamiento de algunos costes y se sentirán más cercanos a sus abogados, al realizar las gestiones de manera más ágil. Así, ACA ofrecerá un mayor nivel de control deontológico y una agilización de los servicios jurídicos de carácter social que prestan los colegios como, por ejemplo, la asistencia jurídica gratuita.
Por último, la Administración Pública, por medio de comunicaciones telemáticas con los Juzgados, tendrá la posibilidad de incorporar a los abogados a los distintos proyectos de modernización de la Administración de la Justicia.
Cabe destacar que el Consejo General de la Abogacía está desarrollando otros servicios a través e su extranet, redabogacia.org. De entre ellos destaca la gestión de justicia gratuita; la gestión documental; la automatización de trámites colegiales; la telepresencia y videoconferencia; el correo seguro y la formación e información profesional en tiempo real.
