Linux impulsa el carácter público de la Administración
Cada ciudadano es libre de modificarlo y ampliar su funcionalidad
Fue hace dos años, con motivo de la celebración de la Cumbre de Lisboa 2000 cuando la Comisión Europea decidió dar un primer impulso político al software libre, reafirmándose, posteriormente, con la actualización del programa eEurope que define la acción comunitaria para el desarrollo de la Sociedad de la Información. La Administración Pública española podría ahorrase cerca de 270 millones de euros anualmente si implantase software libre. Por su parte, Microsoft apoyado en que el software libre no garantiza una buena calidad del mismo, aboga porque sea el mercado el que tome la palabra.
Las administraciones públicas son uno de los mayores compradores de software de los países occidentales. Es por ello que la cruzada emprendida por la Comisión Europea por promover la implantación del software libre no debe pasar como algo anodino para los grandes fabricantes de software, principalmente estadounidenses.
En nuestro país, la Administración española se gasta en informática alrededor de unos 1.200 millones de euros al año de donde un 40% o un 50% se corresponde exclusivamente a software. Por otra parte y, según el informe Reina 2001, elaborado por el Consejo Superior de Informática, el 88% de los PCs y el 58% de otros equipos funcionan con Microsoft mientras que sólo el 0,12% de la informática pública trabaja con software libre.
Principios básicos
A diferencia de otro tipo de instituciones, la Administración, en el momento de poner en marcha una inversión tecnológica debe tener muy en cuenta una serie de principios básicos como son: garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública; asegurar la durabilidad de los datos públicos y, por último, proporcionar la seguridad del Estado y de los datos de los ciudadanos.
Si se trasladan estas premisas a la implantación del software libre, “y dejando de a un lado el tópico recurrente, de que sea gratis y te lo puedas descargar todas la veces que uno quiera”, afirma Juantomás García, presidente de Hispalinux, “lo más importante es que cuando la Administración está utilizando software libre está redistribuyendo la tecnología que ha pagado, haciéndola factible para la totalidad de los ciudadanos”.
Aunque la Administración en todo aquello que tenga que ver con la toma de decisiones lleva implícito una velocidad de crucero, “lo cierto es que la receptividad es muy alta. Todos los organismos, desde el Consejo Superior de Informática hasta el Ministerio de Ciencia y Tecnología tienen muy claro que la única manera de desarrollar tecnológicamente el país no es comprando software con licencias cerradas sino comprando tecnología y distribuyéndola entre el ciudadano”, señala García. Pero, cuál ha sido la reacción de Microsoft ante el mensaje de la Unión Europea por promover el software libre en la Administración. Para Luis Martín, responsable de desarrollo de la Sociedad de la Información de Microsoft Iberia, “Bruselas no ha hecho más que señalar que, si existen diferentes alternativas de sistemas operativos, que éstas sean exploradas”.
¿Es la implantación de Linux una cuestión de costes?
“La implantación del software abierto en la Administración viene determinada, principalmente, por el ahorro de presupuestos”, afirma Manuel Domínguez, director de Tecnologías de la Información del MAP. Es por ello, y así lo percibió la Comunidad de Linux, que la mejor manera de convencer a la Administración Pública para que emplee software libre es el abaratamiento de costes. Pero ¿hasta qué punto es cierto decir que la implantación de software libre supone un ahorro de costes?
Para Juantomás García, “sí bien si existe un ahorro en licencias también es cierto, que se sigue invirtiendo la misma cantidad que un software propietario en desarrollo. De manera que, en estos momentos, el Estado no tiene una necesidad de ahorrar pero si de invertir mucho mejor. Lo que no tiene ningún sentido es que el conjunto de los españoles se gasten entorno a los 841 millones de euros en licencias del sistema operativo básico”. Por su parte, Luis Martín se remite a un informe de Gartner donde se señala, que el sistema operativo más barato de mantener es Windows frente a Linux, lo que tira por tierra toda la teoría del ahorro de costes, ya que hay que ver caso por caso y en cada uno el cliente puede elegir en base a la tecnología que mejor satisfaga sus necesidades”.
En otro punto de vista, aparecen las cifras presentadas por Ándago. Un puesto de trabajo con un sistema operativo y un paquete ofimático, sin personalización alguna, supone unos 1.800 euros en licencias. Si se tiene en cuenta que, según el Consejo Superior de Informática del MAP, en la Administración Pública Española hay 310.000 ordenadores personales, el gasto total de licencias es de 558 millones de euros. José María Olmo, presidente y fundador de Ándago, explica que, vistas estas cifras, “además de ser mucho más caro que el software libre, el propietario es menos flexible, genera costes de actualización, provoca dependencia del proveedor inicial y es menos compatible con otros sistemas, además de adolecer de una serie de problemas de seguridad, ya que al no verse el código deja abierta la posibilidad de que existan puertas traseras”. En este sentido, Luis Martín, puntualiza que “son precisamente este tipo de situaciones dogmáticas (software libre igual a seguridad) promovidas por la Comunidad Linux, las que Microsoft quiere evitar. Los sistemas basados en OSS no se han demostrado más seguros, hace pocos días hemos podido comprobar el gran agujero que sufren los servidores Linux, el gusano Slapper (también conocido como Apache/mod_ssl) ha infectado cerca de 7.000 servidores Linux. Es por ello que Linux todavía tiene mucho camino por recorrer para que industrias, empresas y organismos públicos duerman tranquilos respecto a quién se va hacer cargo del soporte”. Bajo el principio de que la mejor manera de proteger tu software es proteger tu código, Microsoft sólo mantiene políticas de código compartido con aquellos clientes que tienen un peso muy específico. “Debemos tener cuidado, por tanto, con afirmaciones infundadas como que el código abierto por que sea abierto tiene más calidad que el código cerrado. Es por ello que debe existir un sistema responsable de quién y bajo qué condiciones debe ver el código”.
¿Es Linux la solución a los problemas de la Administración?
“Esta claro que tampoco lo es la solución el software propietario”, afirma Juantomás García. El software libre, prosigue el presidente de Hispalinux, “como tal es una solución para que los países despeguen tecnológicamente. Creo que los países deben poseer la tecnología”. Por su parte Luis Martín aboga porque cada cliente decida cuál es su mejor opción y, que sea la Administración la encargada de defender en cada caso, la libertad de elección”.
En cuanto al proceso de implantación del software libre en la administración, García estima que “a corto plazo no se van a reemplazar los puestos que ya tiene la Administración, pero a medio plazo (2 años) se van a ir migrando poco a poco. D
Las administraciones públicas son uno de los mayores compradores de software de los países occidentales. Es por ello que la cruzada emprendida por la Comisión Europea por promover la implantación del software libre no debe pasar como algo anodino para los grandes fabricantes de software, principalmente estadounidenses.
En nuestro país, la Administración española se gasta en informática alrededor de unos 1.200 millones de euros al año de donde un 40% o un 50% se corresponde exclusivamente a software. Por otra parte y, según el informe Reina 2001, elaborado por el Consejo Superior de Informática, el 88% de los PCs y el 58% de otros equipos funcionan con Microsoft mientras que sólo el 0,12% de la informática pública trabaja con software libre.
Principios básicos
A diferencia de otro tipo de instituciones, la Administración, en el momento de poner en marcha una inversión tecnológica debe tener muy en cuenta una serie de principios básicos como son: garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública; asegurar la durabilidad de los datos públicos y, por último, proporcionar la seguridad del Estado y de los datos de los ciudadanos.
Si se trasladan estas premisas a la implantación del software libre, “y dejando de a un lado el tópico recurrente, de que sea gratis y te lo puedas descargar todas la veces que uno quiera”, afirma Juantomás García, presidente de Hispalinux, “lo más importante es que cuando la Administración está utilizando software libre está redistribuyendo la tecnología que ha pagado, haciéndola factible para la totalidad de los ciudadanos”.
Aunque la Administración en todo aquello que tenga que ver con la toma de decisiones lleva implícito una velocidad de crucero, “lo cierto es que la receptividad es muy alta. Todos los organismos, desde el Consejo Superior de Informática hasta el Ministerio de Ciencia y Tecnología tienen muy claro que la única manera de desarrollar tecnológicamente el país no es comprando software con licencias cerradas sino comprando tecnología y distribuyéndola entre el ciudadano”, señala García. Pero, cuál ha sido la reacción de Microsoft ante el mensaje de la Unión Europea por promover el software libre en la Administración. Para Luis Martín, responsable de desarrollo de la Sociedad de la Información de Microsoft Iberia, “Bruselas no ha hecho más que señalar que, si existen diferentes alternativas de sistemas operativos, que éstas sean exploradas”.
¿Es la implantación de Linux una cuestión de costes?
“La implantación del software abierto en la Administración viene determinada, principalmente, por el ahorro de presupuestos”, afirma Manuel Domínguez, director de Tecnologías de la Información del MAP. Es por ello, y así lo percibió la Comunidad de Linux, que la mejor manera de convencer a la Administración Pública para que emplee software libre es el abaratamiento de costes. Pero ¿hasta qué punto es cierto decir que la implantación de software libre supone un ahorro de costes?
Para Juantomás García, “sí bien si existe un ahorro en licencias también es cierto, que se sigue invirtiendo la misma cantidad que un software propietario en desarrollo. De manera que, en estos momentos, el Estado no tiene una necesidad de ahorrar pero si de invertir mucho mejor. Lo que no tiene ningún sentido es que el conjunto de los españoles se gasten entorno a los 841 millones de euros en licencias del sistema operativo básico”. Por su parte, Luis Martín se remite a un informe de Gartner donde se señala, que el sistema operativo más barato de mantener es Windows frente a Linux, lo que tira por tierra toda la teoría del ahorro de costes, ya que hay que ver caso por caso y en cada uno el cliente puede elegir en base a la tecnología que mejor satisfaga sus necesidades”.
En otro punto de vista, aparecen las cifras presentadas por Ándago. Un puesto de trabajo con un sistema operativo y un paquete ofimático, sin personalización alguna, supone unos 1.800 euros en licencias. Si se tiene en cuenta que, según el Consejo Superior de Informática del MAP, en la Administración Pública Española hay 310.000 ordenadores personales, el gasto total de licencias es de 558 millones de euros. José María Olmo, presidente y fundador de Ándago, explica que, vistas estas cifras, “además de ser mucho más caro que el software libre, el propietario es menos flexible, genera costes de actualización, provoca dependencia del proveedor inicial y es menos compatible con otros sistemas, además de adolecer de una serie de problemas de seguridad, ya que al no verse el código deja abierta la posibilidad de que existan puertas traseras”. En este sentido, Luis Martín, puntualiza que “son precisamente este tipo de situaciones dogmáticas (software libre igual a seguridad) promovidas por la Comunidad Linux, las que Microsoft quiere evitar. Los sistemas basados en OSS no se han demostrado más seguros, hace pocos días hemos podido comprobar el gran agujero que sufren los servidores Linux, el gusano Slapper (también conocido como Apache/mod_ssl) ha infectado cerca de 7.000 servidores Linux. Es por ello que Linux todavía tiene mucho camino por recorrer para que industrias, empresas y organismos públicos duerman tranquilos respecto a quién se va hacer cargo del soporte”. Bajo el principio de que la mejor manera de proteger tu software es proteger tu código, Microsoft sólo mantiene políticas de código compartido con aquellos clientes que tienen un peso muy específico. “Debemos tener cuidado, por tanto, con afirmaciones infundadas como que el código abierto por que sea abierto tiene más calidad que el código cerrado. Es por ello que debe existir un sistema responsable de quién y bajo qué condiciones debe ver el código”.
¿Es Linux la solución a los problemas de la Administración?
“Esta claro que tampoco lo es la solución el software propietario”, afirma Juantomás García. El software libre, prosigue el presidente de Hispalinux, “como tal es una solución para que los países despeguen tecnológicamente. Creo que los países deben poseer la tecnología”. Por su parte Luis Martín aboga porque cada cliente decida cuál es su mejor opción y, que sea la Administración la encargada de defender en cada caso, la libertad de elección”.
En cuanto al proceso de implantación del software libre en la administración, García estima que “a corto plazo no se van a reemplazar los puestos que ya tiene la Administración, pero a medio plazo (2 años) se van a ir migrando poco a poco. D
