Las TIC y la Administración
En nuestra sociedad las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública –AA.PP– forman parte inevitable de su vida; nadie se libra de realizar los más diversos trámites administrativos con ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno central, ya sea para cuestiones estrictamente personales como para otras de alcance económico, educativo, relacionadas con la salud e incluso judiciales.<br><br>Ninguna otra institución social abarca tan amplia gama de trámites y relaciones administrativas como las AA.PP., ni tienen una obligación pública tan evidente como éstas de predicar con el ejemplo del buen comportamiento con la sociedad que representan y es su sostén.<br>En tiempos de la Sociedad de la Información, se ha convertido en un lugar común el desafío de la Administración Pública electrónica; es decir, el de la resolución de todos los trámites administrativos posibles por medio de las tecnologías de la información y la comunicación –TIC–, lo que implica que en todo tiempo y lugar, gracias a la ubicuidad de las nuevas tecnologías, los ciudadanos puedan resolver sus relaciones con los órganos de las AA.PP. de acuerdo con su tiempo tecnológico.<br>Sin embargo, observamos diariamente, como todavía el papel de calco reina en las oficinas públicas y se nos solicitan –innecesariamente– datos que obran en posesión de las AA.PP. Todo ello convive con las más diversas promesas de los gobiernos locales, regionales y de la nación acerca del uso de las TIC en la gestión de sus responsabilidades administrativas.<br>Si las TIC han demostrado cumplidamente su enorme capacidad de mejora de la productividad, no sólo del quehacer industrial, sino también –lo que representa una novedad de alcance histórico– de los servicios tanto privados como públicos, el hecho de su introducción masiva en el ámbito de las AA.PP. conllevaría no sólo un extraordinario avance en la mejora de la gestión ordinaria de sus asuntos y por tanto en la calidad de la prestación de sus servicios, sino también en la mejora de la productividad total del sistema económico, ya que el sector público es con gran diferencia el de mayor peso e impacto en la economía.<br>El uso de las TIC en las AA.PP. conlleva tres importantes efectos positivos:<br>1. En primer lugar mejora la productividad de los servicios públicos; lo que significa que con menos medios se pueden conseguir mayores prestaciones, o lo que es lo mismo, con los mismos recursos se puede mejorar la gestión y por tanto ampliar la eficacia de la función pública y por ende la valoración social de la misma.<br>2. En segundo lugar, la mejora de su productividad frena la inflación de los precios públicos y auspicia el crecimiento económico.<br>3. Por último, su función evangelizadora no puede ser más positiva, ya que lleva necesariamente la ‘voz de las nuevas tecnologías’ a toda la sociedad.<br><br>La ampliamente compartida ambición de constituirnos en una nueva Sociedad de la Información y el Conocimiento no cabe pensar que pueda lograrse sin que nuestras AA.PP. se impliquen a fondo en la tarea.<br>¿Qué habría que hacer para que esta triple función de las TIC en las AA.PP.: legitimadora de la función pública, habilitadora del crecimiento sano de la economía y evangelizadora del nuevo paradigma tecnológico pudiera llevarse a cabo sin demora?<br>De entrada, en contra de lo que sucede en la consecución de otro tipo de ambiciones sociales, los recursos económicos no representan una limitación. La inversión en TIC tiene un coste más que llevadero para los presupuestos públicos, más aún en tiempos de bonaza presupuestaria como la que felizmente gozamos ahora.<br>El problema central es de prioridades en la agenda pública. Aunque existen multitud de planes públicos relacionados con las TIC, la realidad presenta resultados poco esperanzadores; los avances son limitados y de muy escaso alcance.<br>Para afrontar con éxito el desafío de instalar a España entre los países líderes del inmediato futuro en Sociedad de la Información, además de proporcionar los recursos económicos suficientes –los actuales son insuficientes– al Plan Avanza para que pueda cumplir el compromiso –por consenso– del Senado de convergencia con la U.E., empujar el despliegue del D.N.I. electrónico y desarrollar con celeridad los proyectos legislativos previstos –entre los que tiene una especial relevancia la factura electrónica–, habría que plantear con la máxima solemnidad y firmeza una ley de derechos digitales de los ciudadanos.<br>Mediante tal instancia, y de acuerdo con un plan preciso de actuaciones administrativas, los ciudadanos tendrían el derecho –no la obligación, para salvar el derecho individual, durante un cierto tiempo, de los ciudadanos menos habilidosos tecnológicamente– a realizar sus trámites administrativos mediante las TIC, según un programa preciso y concreto de tareas administrativas que irían progresivamente incorporándose al mundo electrónico. A distancia en la mayoría de los supuestos, o presencialmente, en cuyo caso las AA.PP. deberían proporcionar los medios tecnológicos adecuados en sus propias oficinas. Ni que decir tiene que dicha ley eximiría a los ciudadanos de proporcionar datos en poder de las propias administraciones; lo que conllevaría la interconexión de todas sus bases de datos, como ya llevan tiempo haciendo las grandes corporaciones privadas.<br>Sería interesante, por último, que las AA.PP. compitieran entre sí por su grado de diligencia en la satisfacción de los derechos digitales de los ciudadanos; con ‘rankings’, al efecto, incluidos.
