Las TIC "a juicio"
CGPJ o fiscalía del Ministerio de Justicia tecnifican sus recursos
Pese a lo críptico de los proyectos desarrollados, las Tecnologías de la Información forman parte intrínseca del poder judicial en España. La implementación de proyectos para flexibilizar y automatizar procesos es un hecho, que se ha venido desarrollando con más celeridad en los últimos años. A ello ha influido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, en la que el Ministerio ha invertido más de 100 millones de euros.
Desde el Ministerio de Justicia a las oficinas judiciales, pasando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han puesto en marcha proyectos que buscan simplificar y automatizar sus procedimientos judiciales. Con este propósito, además de lograr un acercamiento de la justicia a los ciudadanos, el CGPJ trabaja con Microsoft, que “hace posible y simplifica este doble reto con una propuesta tecnológica denominada Justici@ Conectada”, según explica Pilar Gómez Molina, gerente de sector público del área justicia criminal de Microsoft Ibérica.
La información gestionada por el CGPJ y en los distintos procedimientos judiciales es de máxima sensibilidad de acuerdo con la LOPD. Los sistemas operativos de MS Windows en sus distintas modalidades tienen certificación de seguridad nivel 4 (el máximo aplicable a los sistemas operativos del mercado aunque existen 7 niveles). “Como referencia, cabe indicar que aquellos SO Linux que disponen de certificado no han superado en nivel 2”, especifica Gómez Molina. Otra característica suministrada con la plataforma MS y sus herramientas ofimáticas son los Digital Rigth Managements. Básicamente se proporcionan atributos de seguridad que se pueden asociar tanto a documentos como a correos electrónicos y otros tipos de piezas de información.
Asimismo, destacan también los requerimientos de interoperatividad, ya que “el traspaso de competencias a las CCAA tiene como uno de sus objetivos impulsar el acercamiento de la justicia al ciudadano”, según ratifica Gómez Molina. Por otro lado, los requerimientos de interoperatividad rebasan también el entorno de justicia propiamente dicho en cuanto se refiere a su interrelación con instituciones penitenciarias y órganos de seguridad del Ministerio del Interior. “Una respuesta tecnológica en este sentido pasa por dotar al entorno judicial de estándares de intercambio XML, sistemas de videoconferencia y herramientas de colaboración en entorno web”, en opinión de la responsable de justicia criminal de Microsoft.
En cuanto a la definición de estándares de intercambio XML, MS Office 2003 permite generar documentos en base a esquemas XML sin costes añadidos asociados. Dichos esquemas pueden ser utilizados tanto para colaboración judicial intrínseca como para intercambio de información sensible con organismos externos.
En general, estamos hablando de soluciones totalmente integradas con las herramientas de trabajo cotidianas de los usuarios, lo que repercute en una reducción de los costes de puesta en marcha y adaptación.
En la actualidad, la infraestructura interna del CGPJ incluye MS Windows XP, MS Office 2003, MS Windows 2003, en sus distintas modalidades, así como MS SQL Server y herramientas de desarrollo.
Reformas judiciales para descargar burocracia
KPMG, que en la actualidad está desarrollando un proyecto de estas características, Osiatis, que trabaja con la Administración de Justicia de Cataluña, y Accenture son algunas de las consultoras que cuentan con un importante número de proyectos en el sector judicial en nuestro país. De hecho, Accenture empezó a trabajar en el ámbito judicial en 1999 en aquellas CCAA con competencias en materia de justicia, mientras que en 2002 comenzaron a trabajar con la fiscalía del Ministerio de Justicia. Canarias y Navarra inauguraron sus proyectos tecnológicos, con la automatización de procesos informáticos en las oficinas judiciales de ambas comunidades autónomas. “En la actualidad, seguimos trabajando con ellos con labores de mantenimiento de aplicaciones y soporte de usuarios”, según explica Carlos Coll, gerente senior de Accenture.
Teniendo en cuenta que en España hay alrededor de 3.000 juzgados, se evidencia la necesidad de flexibilizar procesos, con el fin de acelerar los procedimientos administrativos. Si bien hace años, las oficinas judiciales se entendían “como islas independientes”, en palabras de Coll, el establecimiento de redes de interconexión entre todas las oficinas judiciales ha permitido mejorar el rendimiento, así como extraer y compartir información, desde una única base de datos. “Esto supone un gran cambio, ya que permite aprovechar la información almacenada” –según el responsable– y se ha posibilitado gracias al avance de las redes de comunicaciones”.
Por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio, ha generado una “flexibilización que permite que las oficinas den soporte a más de un juzgado, lo que a su vez aumenta la complejidad”, según el responsable de Accenture.
La adaptación a esta nueva normativa, que afecta a más de 20 leyes y reglamentos, es una de las preocupaciones de la consultora, en cuanto a “cómo afectará, en qué medida y en qué ámbitos”, en palabras del responsable de la consultora.
El objetivo primordial del proyecto es la reestructuración de los medios que rodean al juez (personales, materiales y tecnológicos), con el fin de modernizar y agilizar la Justicia. Supone el cumplimiento de una reforma, cuya puesta en marcha supondrá un coste aproximado de 100 millones de euros, con la que se pretende descargar a los jueces de trabajo burocrático y facilitarles que se dediquen a su tarea esencial de enjuiciar y poner sentencias.
Lexnet intercomunica los juzgados
Todos los juzgados de España estarán incorporados entre el 2005 y 2009 al sistema Lexnet, una aplicación que permitirá comunicar un documento de forma electrónica a distancia con la misma seguridad que si se tratara de papel físico. Funcionando ya con éxito en León desde mayo de 2004, ha permitido efectuar más de 22.000 notificaciones vía telemática.
En España, este sistema está funcionando en pruebas en Palma de Mallorca, donde está implantado ya desde febrero, y también en Zaragoza, La Coruña y Burgos.
Lexnet es una herramienta elaborada por el Ministerio de Justicia, en colaboración con los operadores judiciales, abogados, procuradores, fiscales y forenses, que se prevé estará implantada en España desde ahora hasta 2009, con el fin de agilizar la justicia, teniendo en cuenta que los procuradores gestionan al año 75 millones de notificaciones.
Desde el Ministerio de Justicia a las oficinas judiciales, pasando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han puesto en marcha proyectos que buscan simplificar y automatizar sus procedimientos judiciales. Con este propósito, además de lograr un acercamiento de la justicia a los ciudadanos, el CGPJ trabaja con Microsoft, que “hace posible y simplifica este doble reto con una propuesta tecnológica denominada Justici@ Conectada”, según explica Pilar Gómez Molina, gerente de sector público del área justicia criminal de Microsoft Ibérica.
La información gestionada por el CGPJ y en los distintos procedimientos judiciales es de máxima sensibilidad de acuerdo con la LOPD. Los sistemas operativos de MS Windows en sus distintas modalidades tienen certificación de seguridad nivel 4 (el máximo aplicable a los sistemas operativos del mercado aunque existen 7 niveles). “Como referencia, cabe indicar que aquellos SO Linux que disponen de certificado no han superado en nivel 2”, especifica Gómez Molina. Otra característica suministrada con la plataforma MS y sus herramientas ofimáticas son los Digital Rigth Managements. Básicamente se proporcionan atributos de seguridad que se pueden asociar tanto a documentos como a correos electrónicos y otros tipos de piezas de información.
Asimismo, destacan también los requerimientos de interoperatividad, ya que “el traspaso de competencias a las CCAA tiene como uno de sus objetivos impulsar el acercamiento de la justicia al ciudadano”, según ratifica Gómez Molina. Por otro lado, los requerimientos de interoperatividad rebasan también el entorno de justicia propiamente dicho en cuanto se refiere a su interrelación con instituciones penitenciarias y órganos de seguridad del Ministerio del Interior. “Una respuesta tecnológica en este sentido pasa por dotar al entorno judicial de estándares de intercambio XML, sistemas de videoconferencia y herramientas de colaboración en entorno web”, en opinión de la responsable de justicia criminal de Microsoft.
En cuanto a la definición de estándares de intercambio XML, MS Office 2003 permite generar documentos en base a esquemas XML sin costes añadidos asociados. Dichos esquemas pueden ser utilizados tanto para colaboración judicial intrínseca como para intercambio de información sensible con organismos externos.
En general, estamos hablando de soluciones totalmente integradas con las herramientas de trabajo cotidianas de los usuarios, lo que repercute en una reducción de los costes de puesta en marcha y adaptación.
En la actualidad, la infraestructura interna del CGPJ incluye MS Windows XP, MS Office 2003, MS Windows 2003, en sus distintas modalidades, así como MS SQL Server y herramientas de desarrollo.
Reformas judiciales para descargar burocracia
KPMG, que en la actualidad está desarrollando un proyecto de estas características, Osiatis, que trabaja con la Administración de Justicia de Cataluña, y Accenture son algunas de las consultoras que cuentan con un importante número de proyectos en el sector judicial en nuestro país. De hecho, Accenture empezó a trabajar en el ámbito judicial en 1999 en aquellas CCAA con competencias en materia de justicia, mientras que en 2002 comenzaron a trabajar con la fiscalía del Ministerio de Justicia. Canarias y Navarra inauguraron sus proyectos tecnológicos, con la automatización de procesos informáticos en las oficinas judiciales de ambas comunidades autónomas. “En la actualidad, seguimos trabajando con ellos con labores de mantenimiento de aplicaciones y soporte de usuarios”, según explica Carlos Coll, gerente senior de Accenture.
Teniendo en cuenta que en España hay alrededor de 3.000 juzgados, se evidencia la necesidad de flexibilizar procesos, con el fin de acelerar los procedimientos administrativos. Si bien hace años, las oficinas judiciales se entendían “como islas independientes”, en palabras de Coll, el establecimiento de redes de interconexión entre todas las oficinas judiciales ha permitido mejorar el rendimiento, así como extraer y compartir información, desde una única base de datos. “Esto supone un gran cambio, ya que permite aprovechar la información almacenada” –según el responsable– y se ha posibilitado gracias al avance de las redes de comunicaciones”.
Por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio, ha generado una “flexibilización que permite que las oficinas den soporte a más de un juzgado, lo que a su vez aumenta la complejidad”, según el responsable de Accenture.
La adaptación a esta nueva normativa, que afecta a más de 20 leyes y reglamentos, es una de las preocupaciones de la consultora, en cuanto a “cómo afectará, en qué medida y en qué ámbitos”, en palabras del responsable de la consultora.
El objetivo primordial del proyecto es la reestructuración de los medios que rodean al juez (personales, materiales y tecnológicos), con el fin de modernizar y agilizar la Justicia. Supone el cumplimiento de una reforma, cuya puesta en marcha supondrá un coste aproximado de 100 millones de euros, con la que se pretende descargar a los jueces de trabajo burocrático y facilitarles que se dediquen a su tarea esencial de enjuiciar y poner sentencias.
Lexnet intercomunica los juzgados
Todos los juzgados de España estarán incorporados entre el 2005 y 2009 al sistema Lexnet, una aplicación que permitirá comunicar un documento de forma electrónica a distancia con la misma seguridad que si se tratara de papel físico. Funcionando ya con éxito en León desde mayo de 2004, ha permitido efectuar más de 22.000 notificaciones vía telemática.
En España, este sistema está funcionando en pruebas en Palma de Mallorca, donde está implantado ya desde febrero, y también en Zaragoza, La Coruña y Burgos.
Lexnet es una herramienta elaborada por el Ministerio de Justicia, en colaboración con los operadores judiciales, abogados, procuradores, fiscales y forenses, que se prevé estará implantada en España desde ahora hasta 2009, con el fin de agilizar la justicia, teniendo en cuenta que los procuradores gestionan al año 75 millones de notificaciones.
