Las TI en los Juzgados
La Comisión de Informática del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha manifestado quejas, recogidas por la Prensa, sobre la aplicación Libra que el Ministerio de Justicia está instalando en los Juzgados ya que, según su opinión, “presenta graves disfunciones, y su implantación produce graves problemas en el funcionamiento de los Organos Judiciales”. Afirmaciones muy tajantes y descalificadoras, que dejan en entredicho a los profesionales informáticos del ministerio, responsables del diseño, desarrollo, e implantación de Libra. Máxime cuando se conocen algunos de los pasos que éste colectivo de profesionales está dando para conseguir un Sistema de Informatización Judicial que aglutine y resuelva con idoneidad y prontitud los objetivos que persiguen el Ministerio de Justicia y el CGPJ. Problema arduo por su complejidad, pero de resolución imprescindible.
El problema para llevar a cabo la informatización pretendida en el ámbito del ministerio, es que no existe una jerarquización que facilite el cumplimiento de la norma a establecer. A efectos prácticos, conseguir la implantación estudiada en 1.100 órganos judiciales, equivale a abordar la casuística de un número similar de pequeñas empresas, con las preferencias, manías, costumbres, humores, y diferentes formas de pensar, de las personas que trabajan en cada una de ellas; asimismo, la ejecución del nuevo proyecto supone sustituir al ya obsoleto, Inforius, integrando, ampliando, globalizando, e introduciendo más información, para perseguir la eficacia por encima de todo, con destino a dar un mejor servicio al ciudadano. Por lo tanto, como todo cambio importante, requiere grandes dosis de buena voluntad de colaboración por todos aquellos que tienen que abandonar sus rutinas y aprender otros sistemas y herramientas que aportarán al conjunto la eficacia que se desea.
Es entendible que pueda haber usuarios, al inicio de la implantación de la nueva aplicación, que se muestren reacios a reciclarse cuando se encuentran satisfechos con lo que en su día aprendieron y practican con maestría. Pero deberían reconocer el salto funcional y tecnológicamente cualitativo que el ministerio ha diseñado, para el buen gobierno, entendimiento y eficacia de los órganos judiciales. De éste modo se mostrarían más comprensivos en la asimilación de los nuevos conceptos y herramientas, y prestarían sin titubeos su más que necesaria colaboración. Las prisas, en algunos casos, en la ejecución, vienen impuestas por la insoslayable implantación de la aplicación antes del comienzo del 2000 en todos los órganos judiciales.
Si se imponen las buenas intenciones, es posible que a comienzo del próximo año los usuarios se puedan encontrar satisfechos de trabajar mejor y con más aprovechamiento, y orgullosos de haberse puesto en la órbita de la evolución hacia un objetivo de futuro que entre todos quieren hacer realidad. Así, a la aplicación Libra (Tramitación, Registro y Reparto), es posible que siguieran nuevas implantaciones para hacer frente a otras necesidades.
El problema para llevar a cabo la informatización pretendida en el ámbito del ministerio, es que no existe una jerarquización que facilite el cumplimiento de la norma a establecer. A efectos prácticos, conseguir la implantación estudiada en 1.100 órganos judiciales, equivale a abordar la casuística de un número similar de pequeñas empresas, con las preferencias, manías, costumbres, humores, y diferentes formas de pensar, de las personas que trabajan en cada una de ellas; asimismo, la ejecución del nuevo proyecto supone sustituir al ya obsoleto, Inforius, integrando, ampliando, globalizando, e introduciendo más información, para perseguir la eficacia por encima de todo, con destino a dar un mejor servicio al ciudadano. Por lo tanto, como todo cambio importante, requiere grandes dosis de buena voluntad de colaboración por todos aquellos que tienen que abandonar sus rutinas y aprender otros sistemas y herramientas que aportarán al conjunto la eficacia que se desea.
Es entendible que pueda haber usuarios, al inicio de la implantación de la nueva aplicación, que se muestren reacios a reciclarse cuando se encuentran satisfechos con lo que en su día aprendieron y practican con maestría. Pero deberían reconocer el salto funcional y tecnológicamente cualitativo que el ministerio ha diseñado, para el buen gobierno, entendimiento y eficacia de los órganos judiciales. De éste modo se mostrarían más comprensivos en la asimilación de los nuevos conceptos y herramientas, y prestarían sin titubeos su más que necesaria colaboración. Las prisas, en algunos casos, en la ejecución, vienen impuestas por la insoslayable implantación de la aplicación antes del comienzo del 2000 en todos los órganos judiciales.
Si se imponen las buenas intenciones, es posible que a comienzo del próximo año los usuarios se puedan encontrar satisfechos de trabajar mejor y con más aprovechamiento, y orgullosos de haberse puesto en la órbita de la evolución hacia un objetivo de futuro que entre todos quieren hacer realidad. Así, a la aplicación Libra (Tramitación, Registro y Reparto), es posible que siguieran nuevas implantaciones para hacer frente a otras necesidades.
