Las telecomunicaciones en España suponen el 2,5% del PIB Nacional

A medida que se va perfilando la sociedad de la información como un camino sin vuelta atrás, el sector de las telecomunicaciones constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoya esta idea. Al margen de esta realidad puramente tecnológica, este sector aparece como uno de los principales motores del crecimiento y del desarrollo económico. La tasa de crecimiento de este sector supera la del Producto Interior Bruto (PIB), de tal manera que se calcula que la participación de las telecomunicaciones en el PIB mundial, que a principios de la década de los 90 rondaba el 2%, pasará a a ser del 7% en el año 2000.

En España, durante 1995 y según los datos de Sedisi y el Ministerio de Industria y Energía el macrosector de las tecnologías de la información, que incluye la informática y los servicios de valor añadido, y el de las telecomunicaciones, supusieron una cifra de negocio global de 2,6 billones de pesetas, con un crecimiento superior al 8,3% respecto al año anterior.

Los datos de 1995 confirman la tendencia de consolidación de la recuperación y el crecimiento apuntados en 1994, después del bache atravesado durante 1992 y 1993, en los que el mercado disminuyó en torno a un 10% acumulado.

Aún así, el retraso del sector español en relación al entorno europeo es patente, tal y como indica el ratio entre gastos en TI y PIB, cuya media europea es 2,08 mientras en España fue de 1,18. Por otra parte, el gasto en TI per cápita en España fue de 122 Ecus, que suponen sólo el 35% de los 347 Ecus de media europea.

Según la opinión de Price Waterhouse, este desfase en la tasa de utilización de las TI es el principal obstáculo para el desarrollo del sector en nuestro país y al mismo tiempo supone una rémora para la competitividad de las empresas españolas.

Poniendo el acento tan sólo en el sector de las telecomunicaciones, la importancia de este área en el conjunto de la economía nacional se puede medir a través de su participación en el producto interior bruto, que se ha mantenido entre el 2,30% y el 2,50% del PIB Nacional en los últimos seis años.

No obstante, se espera que las medidas liberalizadoras y las innovaciones tecnológicas en productos y servicios provoquen el despegue definitivo del sector y se cumplan las expectativas de la OCDE en los próximos diez años, para llegar a representar el 3,20% del PIB en el año 2003.

El sector de las telecomunicaciones es un área económica de alto valor añadido como pone de manifiesto la diferencia entre sus contribuciones relativas al PIB y al empleo nacional, que a finales de 1994 se situaban en torno al 2,43% y 0,64% respectivamente.

A finales de 1993, el empleo directo del sector se situó en torno a las 96.400 personas, de las cuales 77.900 (81%) trabajaban en el sector Industria. La productividad media se situó en torno a los 16 millones de pesetas por empleado en los servicios y en unos 14 millones en la industria.

Proceso regulador

En España, la regulación de las Telecomunicaciones, hasta 1995, dependía del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA). Con la formación del nuevo Gobierno surgido de las elecciones de marzo de 1996, ha pasado a depender del Ministerio de Fomento, de nueva creación.

El máximo órgano competente en la materia es la Secretaría General de Comunicaciones (SGC) de quien depende la Dirección General de Telecomunicaciones (DGTel), creada en 1995.

La DGTel es, hasta marzo de 1996, el organismo encargado de la elaboración de la reglamentación y legislación que luego es aprobada por el Consejo de Ministros y el Parlamento; de la gestión y administración del espectro de frecuencias; de las concesiones, autorizaciones y licencias administrativas; y del conrol y comprobación de aparatos, estaciones, sistemas y servicios de telecomunicación.

Existe, además, un Consejo Asesor de Telecomunicaciones, órgano consultivo que tiene una composición variada en cuanto a representación de agentes involucrados en el sector, y tiene como vocales a representantes de la administración estatal, autonómica y local, empresas fabricantes y comercializadoras de equipos, prestadores de servicios, usuarios, sindicatos y asociaciones, colegios profesionales y personalidades varias relacionadas con el tema.

En 1987 se estableció un marco legal con la promulgación de la Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT). Puede considerarse de facto como el primer texto que regula de forma global y genérica las telecomunicaciones. La LOT clasifica y ordena los servicios de telecomunicaciones y define las líneas maestras a las que debe ajustarse su prestación, a la vez que establece las funciones y responsabilidades de la Administración Pública y de los sectores público y privado.

La actividad legislativa que la Unión Europea ha venido desarrollando en los últimos años obligó, en 1992, a reformar el marco legal establecido para que se aproximara y se ajustara a los principios comunitarios. Esta adaptación se concretó en diciembre de 1992, con la reforma de la LOT (Ley 32/1992). Las disposiciones reglamentarias más recientes de la Unión Europea parecen aconsejar una nueva reforma de esta Ley. La Asociación de Usuarios de telecomunicación (AUTEL) propone elaborar una nueva Ley de las Telecomunicaciones que englobe toda la legislación de telecomunicaciones y otra Ley de los contenidos audiovisuales que agrupe la legislación dispersa en la actualidad en diferentes leyes.

Además dela LOT, el entorno regulador español en materia de telecomunicacioes se completa con el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT) de 1992, el Contrato Estado-Telefónica, y con diversos Decretos y Reglamentos sobre servicios específicos.

El Futuro

Dos son los aspectos fundamentales, además de la globalización de la economía, que están colaborando a la rápida expansión del sector de las telecomunicaciones: los avances tecnológicos y los cambios en la regulación.

En lo referente a este último punto, la nueva Ley de Telecomunicaciones de los Estados Unidos de febrero de 1996, y sobre todo la última enmienda a la directiva 90/388 por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas en marzo de 1996, culminan el proceso de liberalización iniciado hace ya bastante tiempo. Bajo estas nuevas condiciones han ido apareciendo multitud de nuevos operadores que, compitiendo con los antiguos monopolios han dinamizado de forma extraordinaria el sector de las telecomunicaciones.

En nuestro país, varios indicios apuntan a que la sociedad está preparada para el cambio que suponen las nuevas telecomunicaciones. El gran impulso del mercado de la telefonía móvil; el desarrollo de la televisión por cable, a pesar de no contar con una ley que la regule; el aumento en el uso de nuevas tecnologías de transmisión de voz y datos, como la RDSI o el Frame Relay; el incremento del uso de Internet, con la aparición de numerosos proveedores de acceso, y del sevicio InfoVía; son muestras de que la sociedad española está aceptando las nuevas tecnologías.

El futuro marco regulatorio de los países de la Unión Europea viene marcado por las directrices establecidas en la directiva 90/388 de la Comisión, relativa a la plena competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, y que ha sido modificada sucesivamente por diversas directivas, que esencialmente han ampliado el campo de aplicación de esta liberalización a nuevos servicios como las comunicaciones vía satélite, la televisión por cable, etc.

La última de estas modificaciones (96/19/CE), de 13 de marzo de 1996, establece una serie de medidas a adoptar y fija un calendario de actuación hasta el año 2003, año en el que se revisará el estado de la liberalización en todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea.

Las principales medidas liberalizadoras recogida