Las Nuevas Tecnologías, motor de cambio en la Administración Pública
La tecnología, concebida inicialmente como un elemento con impacto exclusivo en la mejora de la productividad, se ha convertido en el motor fundamental para el cambio y la innovación de procesos y servicios. De esta forma, las aportaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se pueden observar en diferentes ámbitos dentro de la Administración Pública.
La proximidad cada vez mayor de los ciudadanos a las Administraciones Públicas ante la amplia oferta de prestaciones que éstas ofrecen, así como la creciente aportación y aumento de la transparencia de los fondos que estos aportan a los presupuesto públicos, han hecho evolucionar las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Se ha transformado la relación anterior Administración-administrado en una nueva de oferente-demandante de servicios. Es en este nuevo escenario donde la calidad de servicios empieza a constituir un valor fundamental.
Además, la interrelación habitual del ciudadano con diferentes Administraciones le proporciona la posibilidad de establecer referentes y comparaciones de calidad. En este nuevo escenario se presenta la oportunidad de competir a las Administraciones en el camino hacia la excelencia de los servicios ofrecidos.
Las TIC pueden incidir en el incremento de la calidad del servicio a través de diferentes vías como el aumento de la agilidad de las operaciones; la disposición de nuevos canales de distribución de los servicios; un mayor acercamiento de la información al ciudadano, favoreciendo los sistemas de autoservicio; la disminución de los tiempos de prestación de los servicios, y un incremento general del valor añadido proporcionado y, en consecuencia, de la satisfacción del cliente.
Por otra parte, las tecnologías también inciden en la incorporación de nuevos servicios. El nuevo escenario de relaciones entre la Administración y los ciudadanos obliga a una revisión constante del “catálogo de servicios”, incluyendo nuevos productos que satisfagan los requerimientos y necesidades existentes.
Esta evolución precisa de un dinamismo que posibilite la puesta en marcha de servicios en plazos razonables. Para alcanzar este objetivo las TIC constituyen un soporte fundamental ya que su incorporación puede convertir en realidad el concepto de ventanilla única; posibilitan el aprovechamiento y reutilización de experiencias e inversiones existentes; propician la creación de servicios que no eran factibles en épocas anteriores y sugieren nuevos marcos para la definición de los servicios. Es evidente que en este cambio de entorno se produce una importante transformación de las funciones del empleado de la Administración Pública. La actitud receptora y meramente reactiva tradicional en el servicio público debe ir sustituyéndose por posturas activas, alineadas con la condición de prestación de servicios. En este sentido las TIC constituyen un elemento catalizador del cambio a través de la mecanización de los procesos masivos y rutinarios; la posibilidad de dedicación a trabajos con mayor valor añadido, incrementando la satisfacción del empleado; la mejora de la comunicación y del intercambio de información a nivel interno y con el exterior; la disponibilidad de información eficaz y accesible en su relación con los ciudadanos, y por último la aportación de soportes para los procesos de gestión.
Pero el factor que tradicionalmente ha impulsado la aplicación de tecnologías basada en criterios de productividad y de sustitución de puestos de trabajo ha sido el de la eficacia de los costes. Las TIC proporcionan la optimización de los costes de los servicios así como su gestión por medio del incremento de la productividad de los empleados; la especialización de los empleados en tareas de mayor contenido de asesoramiento; la disminución de los costes de los procesos en que se aplican, o la disponibilidad de instrumentos y soportes para la gestión de los costes.
El camino del cambio
La Administración Pública inició su mecanización en general en la década de los 80, consolidando sus sistemas en los 90. Tras aproximadamente veinte años de existencia se ha alcanzado un grado de madurez suficiente tanto de la organización como de los sistemas. Es en esta situación donde se debe introducir un punto de inflexión importante que, partiendo de la adaptación al nuevo escenario de relaciones Administración-ciudadanos, sirva para conformar la Administración Pública del siglo XXI. Esta Administración se caracteriza por las nuevas formas de relaciones entre la Administración y los ciudadanos; por la adaptación de las funciones de los empleados, que evolucionan hacia labores de asesoramiento y de mayor valor añadido; por la incorporación de nuevos servicios acordes con las nuevas necesidades y requerimientos; por el elevado nivel de calidad de los servicios prestados; por una gestión eficaz de los costes de los servicios y por la satisfacción del ciudadano.
Esto sólo será posible con un correcto enfoque y posterior implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Alejandro Cuesta, director de Consultoría de Ibermática