La UE, más cerca de la liberalización de las telecomunicaciones

La reciente Directiva de la Unión Europea sobre Interconexión de las Telecomunicaciones ha supuesto un nuevo paso en el proceso de liberalización con el que nos encaminamos a una situación de libre mercado. Esta Directiva liberaliza la provisión de servicios y de infraestructura de telecomunicaciones, con lo que cualquier compañía puede establecerse en este sector en la Unión Europea como proveedor de infraestructura o de servicios. Arthur Andersen ha realizado un informe en que se analizan los desafíos que supone la creación de un marco general de interconexión en la Unión Europea.

Arthur Andersen asegura que el desarrollo de un marco regulador de la interconexión está cargado de dificultades. Desde el punto de vista legal y contable, esta consultora analiza tres factores. En primer lugar, la legislación de la Unión Europea tiende a ser muy generalista, dejando a los Estados miembros la capacidad de incorporar detalles cuando trasponen las directivas a su legislación nacional. En segundo término, hay que tener en cuenta las dificultades de aplicación: el derecho a interconectarse sólo tiene valor si se puede hacer cumplir, pero los tribunales raramente están capacitados para juzgar acerca de las cuestiones relativas a la interconexión.

Por último, los reguladores nacionales pueden establecer tarifas y términos de los acuerdos de interconexión hasta el momento en el que se alcanza un mercado de competencia. De esta forma, el informe destaca que en muchos de los Estados Miembros, el regulador y el operador principal han sido o son parte de la Administración, por lo que el regulador suele optar por una postura poco activa en la promoción de las empresas que, en definitiva, será su propia competencia.

La directiva distingue entre los operadores con un peso significativo en el mercado y los que no lo tienen. Los primeros están sujetos a un estricto régimen regulador. La directiva establece que debe presuponerse que un operador es importante cuando tiene el 25% o más de un mercado significativo en un área geográfica determinada.

Cualquier operador con un peso significativo que suministra redes o servicios públicos de telecomunicaciones tiene la obligación de permitir la interconexión siempre que se trate de un requerimiento razonable. Deben proporcionar instalaciones e información a terceros y precios de conexión.

La directiva permite establecer una tasa para cubrir los costes de la obligación de servicio universal (OSU). La OSU se define como la diferencia entre el coste neto que para una organización tiene el operar con OSU y sin OSU. Además, reconoce la importancia del cálculo de costes en el establecimiento de la interconexión. Por otra parte, si bien la Unión Europea puede obligar a que se apliquen ciertas normas técnicas, la propuesta de directiva no lo hace. En su lugar, proporciona una lista jerárquica de fuentes de normativa. En primer lugar se encuentran las normas técnicas publicadas en el diario Oficial de las Comunidades Europeas, a continuación las adoptadas por organismos internacionales de normalización y, por último, las que cuenten con amplia aceptación en la industria, y las especificaciones nacionales.

La directiva dispone que cada Estado Miembro tendrá un regulador nacional (NRA) y establecerá unas directrices generales para los reguladores. Cada NRA tiene derecho a intervenir, por propia iniciativa y en cualquier momento, para especificar cuestiones que deben incluirse en un acuerdo de interconexión o establecer las condiciones específicas que deben observar las partes firmantes del acuerdo.

Arthur Andersen considera que la Comisión está intentando realmente la liberalización de las telecomunicaciones.

Considerando los obstáculos que presenta el establecimiento de un régimen de interconexión viable, para esta firma la propuesta de la directiva presenta una solución que puede funcionar. En este sentido, Arthur Andersen asegura que la directiva es imprecisa en algunas áreas, pero tiene suficiente contenido para darle una oportunidad.

Debido a la imposibilidad de legislar en detalle los métodos de asignación de costes, la directiva intenta soslayar el problema pasando a los operadores con peso específico la carga de demostrar que su sistema contable está orientado a costes. Según la consultora, está por ver si esta solución alcanza los resultados deseados.

La resistencia de la Comisión a adelantarse al mercado ha impedido la definición de normas técnicas concretas. La prohibición o la obligación de aprobación de estándares propietarios usados por los operadores con peso específico podría haber sido útil para facilitar la interconexión, según la consultora.