La postura del Gobierno español ante la problemática del 2000
¿ Qué esta haciendo el Gobierno español para advertir acerca de los peligros que entraña el efecto 2000 ? . Esa responsabilidad que se le supone al partido en el Gobierno debería, además, ampliar su alcance más allá de los problemas que el 2000 traerá a los organismos públicos, involucrando también a la empresa privada .
La primera noción que se tuvo en nuestro país de la implicación de la clase política en relación al efecto 2000 fue en marzo de 1997, a través de la proposición no de ley remitida a la Mesa del Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista sobre el “efecto 2000” para su debate en la Comisión Mixta de Investigación Científica y Técnica .
A través de esta propuesta, el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno para que en el plazo de dos meses éste remitiera a la Cámara un informe detallando las consecuencias para España del denominado “efecto 2000”, que afectará a la mayor parte de los sistemas informáticos públicos y privados . Según el texto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, dicho informe debería reflejar con el mayor detalle posible la situación actual del problema en los distintos ministerios y empresas públicas, incluyendo la evaluación de los costes de adaptación o reforma de los sistemas actuales . Asimismo, la proposición no de ley instaba al Ejecutivo a que presentase en la misma fecha un Plan de Acción con medidas de carácter nacional y acciones en el ámbito de la Unión Europea para afrontar el “efecto 2000” . Dicho plan de acción debería contener también acciones de desarrollo tecnológico y mecanismos de asesoramiento a los afectados en los aspectos técnicos y jurídicos .
“La magnitud del daño que se producirá de no adoptarse medidas es ingente ( se estima que la actualización en todo el mundo tendrá un coste equivalente a los 600 . 000 millones de dólares ) ”, aseguraba la proposición no de ley remitida por el Grupo Socialista en el Congreso . El texto también contemplaba los aspectos legales que podían derivarse de la falta de adaptación de los sistemas informáticos ante el cambio de milenio . “Las compañías y las administraciones que no hayan resuelto un problema conocido podrían ser acusadas de negligencia y verse obligadas a pagar a clientes y usuarios por daños ocasionados ( cuentas bancarias, pensiones, salarios ) ” . Asimismo, el texto de la proposición no de ley advertía que “las empresas suministradoras de programas y sistemas podrían ser también acusadas por empresas y usuarios de sus sistemas por haber vendido material inadecuado y no ofrecer soluciones a los problemas . Pero también, especialmente en el caso de las grandes empresas, será necesario que éstas acrediten fehacientemente haber tomado las medidas para combatir el “efecto 2000”, ya que ello podría influir decisivamente en aspectos como su cotización o la suscripción de primas de seguros” . El incremento del déficit que iba a suponer este problema compartido por todo el mundo quedaba patente también en el texto: “la mayoría de las empresas que están desarrollando tecnologías y formando expertos para afrontar el problema son norteamericanas, por lo que existe una alta probabilidad de que el “efecto 2000” incremente también considerablemente nuestro déficit tecnológico, comercial y financiero” .
La proposición no de ley no prosperó y las medidas que se han tomado a posterirori han sido más por seguir el ejemplo dado por administraciones como la norteamericana o la británica ( que cuentan con los propios Bill Clinton y Tony Blair implicándose personalmente en este problema . ) , que por una verdadera capacidad pionera en la previsión . En lo relativo a la Administración Pública, según datos de Ernst & Young, la situación de adaptación al 2000 se encuentra como media en la etapa de inventario y análisis de impacto, excepto la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que constituyen los únicos dos ejemplos de organismos que empezaron la conversión con tiempo suficiente .
Asimismo, en lo que respecta al presupuesto dedicado por la Administración Pública a resolver el problema, éste asciende a 10 . 000 millones de pesetas y junto a esta dotación también se ha aprobrado la creación de una comisión encabezada por el Ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y cuya vicepresidencia ostenta el secretario de Estado Fernández Norniella . Junto a estas dos iniciativas, el Gobierno también ha puesto en marcha la creación de la línea ICO-Pyme, que servirá de ayuda a la pequeña y mediana empresa española a nivel informativo y financiero para que adapten sus sistemas informáticos al año 2000 .
Más vale tarde que nunca
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- El Gobierno español ha destinado 10 . 000 millones de pesetas a la resolución del efecto 2000
- Se ha creado una comisión presidida por Mariano Rajoy, Ministro de Administraciones Públicas
- Se han establecido las iniciativas PYME ( línea de financiación para estudios y formación ) y la Línea ICO-Pyme
