La política de compras de la Administración Central.
La publicación de un estudio de Sedisi (Ver ComputerWorld del 3 de diciembre pasado) sobre la deuda que la Administración Central tiene contraída con empresas del sector y los comentarios adicionales sobre la ralentización de sus compras, ha puesto de actualidad el siempre problemático asunto de la política que sigue la Administración Central a la hora de realizar sus inversiones en Tecnologías de la Información.
Un análisis pormenorizado de la Memoria editada por la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos (CIABSI) correspondiente al año 1992, muestra una ostensible reducción en las inversiones realizadas por la Administración Central, que han pasado de 22.153 millones de pesetas en 1991, a 15.507 millones en 1992. La reducción, de más de 6.500 mil millones de pesetas, supone en términos relativos una caída de la contratación del 30 por ciento. Un dato, sin duda, preocupante para muchas empresas del sector que ven en la Administración Central uno de sus principales clientes. Un dato, además, necesariamente matizable, puesto que la Memoria de la CIABSI sólo recoge una parte de las contrataciones que realiza la Administración Central, aunque aporta significativos testimonios sobre volúmenes, características y tendencias en las adquisiciones. El trabajo no recoge las contrataciones de cuantía inferior a los 100 millones de pesetas llevadas a cabo en el ámbito de la Seguridad Social, ni las efectuadas a través del Catálogo del Servicio Central de Suministros, ni las del Ministerio de Defensa. Pero es orientador.
De acuerdo con los datos aportados por la CIABSI, los ministerios más compradores en 1992 fueron el de Trabajo y Seguridad Social con 6.612 millones, seguido de Obras Públicas y Transportes con 2.725 , Economía y Hacienda con 2.386 e Interior con 1.051. Mientras que, en la parte de abajo, se encuentran Asuntos Exteriores con 81 millones, Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno con 51, Portavoz del Gobierno con 16 y el de Justicia, que no realizó ninguna inversión. Sumando las cifras de 1991 y 1992, los más inversores fueron Trabajo y Seguridad Social con cerca de 18.000 millones, Economía y Hacienda con cerca de 7.000, Obras Públicas y Transportes con unos 3.500 y Educación y Ciencia con 3.200. Los que menos, Asuntos Exteriores con 243 y Relaciones con las Cortes y Portavoz del Gobierno.
Por conceptos, los 15.507 millones invertidos en 1992 se distribuyeron de la manera siguiente: para servicios, 7.169 millones, por equipos físicos 4.218, por mantenimiento 2.601, y por software básico y paquetes de aplicación 1.519. Por usuarios, destaca la Gerencia de Informática de la Seguridad Social con 4.236 millones, seguida de la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología con 1.755, INEM con 1.700 y la Dirección General de Informática Presupuestaria con 995.
Muchos se sorprenderán, pero las empresas que más facturaron a la Administración Central, de acuerdo con la memoria que comentamos fueron: IBM con 1.554 millones (809 por servicios), Bull con 1.285, Unisys con 1.238 (613 por servicios) y Cray con 1.200. Entre las empresas de servicios, los lugares destacados los ocuparon Seresco Asturiana (1.000 millones), Eritel (888), Software AG (609), y CINSA (319 millones).
Un tema que provoca suspicacias e irrita y saca de quicio a las empresas, es la utilización de la adjudicación directa como procedimiento de contratación. Piensan que, en demasiadas ocasiones, se elude intencionadamente el concurso público sin causa real que justifique la actitud. Otra cosa son las argumentaciones que se emplean para imponer una razón. Afortunadamente, sigue prevaleciendo la modalidad del concurso, como lo demuestra el hecho que se hayan contratado 11.494 millones de pesetas por esta vía, frente a 4.013 millones que lo han sido por adjudicación directa.
