La polémica envuelve la definitiva entrada en vigor de la LSSICE
Desde el pasado 12 de octubre pretende cubrir el vacío legal
Con siete meses de retraso respecto a la fecha fijada por la UE y con una controvertida aprobación de su texto, la Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) entró en vigor el pasado 12 de octubre.
A más de un lector le sonará el titular de esta noticia y es que su entrando en vigor lleva derogándose mucho tiempo. A pesar de ello no han logrado pulirse las críticas que todo tipo de colectivos y asociaciones han lanzado contra el contenido de esta Ley.
La ley nace con la intención de establecer un marco jurídico adecuado para generar confianza en el uso de Internet y cubrir los vacíos legales existentes. Sin embargo, no parece que pueda cumplir con sus objetivos a la vista de “la ambigüedad de su articulado”, aspecto que destaca la Asociación de Usuarios de Internet (AUI). Esta asociación se queja de la falta de claridad del Gobierno en la definición de los requisitos que deben cumplir las empresas.
Buena parte de la comunidad internauta sigue conmocionada desde el 12 de octubre, una fecha que para ellos marca un antes y un después en su forma de concebir Internet. Para este colectivo, el día de la Hispanidad se ha visto marcado por el retroceso en una democratización que se presumía consolidada, al ser calificada como una vulneración clara a los derechos constitucionales de libertad de expresión y opinión, por cuanto impone el miedo a la censura por parte de la administración pública, de todas las actuaciones que se desarrollen bajo Internet.
Entre los aspectos más criticados destaca la improvisación de la Ley, pues algunos puntos remiten a una mayor definición en Reglamentos que aún se encuentran por desarrollar. En este sentido, la AUI destaca cómo ni los Registros Mercantiles, ni el Colegio de Registradores ni el Misterio de Ciencia y Tecnología, saben cómo proceder para registrar una web comercial, requisito planteado en el artículo 9 de la LSSICE.
A más de un lector le sonará el titular de esta noticia y es que su entrando en vigor lleva derogándose mucho tiempo. A pesar de ello no han logrado pulirse las críticas que todo tipo de colectivos y asociaciones han lanzado contra el contenido de esta Ley.
La ley nace con la intención de establecer un marco jurídico adecuado para generar confianza en el uso de Internet y cubrir los vacíos legales existentes. Sin embargo, no parece que pueda cumplir con sus objetivos a la vista de “la ambigüedad de su articulado”, aspecto que destaca la Asociación de Usuarios de Internet (AUI). Esta asociación se queja de la falta de claridad del Gobierno en la definición de los requisitos que deben cumplir las empresas.
Buena parte de la comunidad internauta sigue conmocionada desde el 12 de octubre, una fecha que para ellos marca un antes y un después en su forma de concebir Internet. Para este colectivo, el día de la Hispanidad se ha visto marcado por el retroceso en una democratización que se presumía consolidada, al ser calificada como una vulneración clara a los derechos constitucionales de libertad de expresión y opinión, por cuanto impone el miedo a la censura por parte de la administración pública, de todas las actuaciones que se desarrollen bajo Internet.
Entre los aspectos más criticados destaca la improvisación de la Ley, pues algunos puntos remiten a una mayor definición en Reglamentos que aún se encuentran por desarrollar. En este sentido, la AUI destaca cómo ni los Registros Mercantiles, ni el Colegio de Registradores ni el Misterio de Ciencia y Tecnología, saben cómo proceder para registrar una web comercial, requisito planteado en el artículo 9 de la LSSICE.
