La maldición del 3G
MoviStar y Vodafone se disputan el estreno de la tecnología multimedia
El pasado 24 de marzo, Telefónica Móviles-Movistar, adelantándose en 24 horas a su gran rival, Vodafone, anunció el inició de la comercialización del servicio completo (voz y datos) de telefonía móvil de tercera generación, conocida como 3G o UMTS.
El apresurado anuncio de ambas operadoras incurre en el riesgo de dar a los clientes una experiencia inicial del servicio 3G decepcionante. Aunque los dos grupos habían fijado el lanzamiento del servicio de voz en octubre, la sospecha por parte de Movistar de que Francisco Román, consejero delegado de Vodafone anunciaría por sorpresa su estreno, llevó a los dirigentes de la primera, con Javier Aguilera a la cabeza, a tratar de imponerse a cualquier precio. Se trataba de arrebatar a toda costa al adversario el honor de ser pionero del servicio en España, tal y como había ocurrido en febrero pasado cuando Movistar reaccionó en el mismo día al anuncio de que Vodafone empezaba a prestar servicio de 3G para datos, con tarjetas para ordenadores portátiles.
Problemas latentes
Pero los problemas que se estaban intentando solucionar con el lanzamiento en octubre van ahora a atenazar a los apresurados lanzamientos: la escasez de terminales disponibles y su alto precio y lo limitado de la cobertura que se va a proporcionar inicialmente, que abarca sólo de forma completa las diez o doce grandes ciudades españolas mientras que el resto de las capitales de provincia cuenta con una cobertura muy limitada. Además, esta cobertura es difícil de aumentar a corto plazo por la oposición municipal y vecinal a la instalación de antenas, que se ha convertido en el mayor problema del sector. Por si fuera poco, la transición entre las zonas cubiertas con redes UMTS y GSM –lo que se denomina handover– no está totalmente resuelta técnicamente de forma que cuando se pasa de una cobertura de UMTS a otra de GSM –mucho más amplia– la llamada se corta en un porcentaje muy alto de ocasiones.
El apresuramiento de los dos grandes, deja, además, en muy mala posición a los otros dos grupos con licencia, Amena, que ha refrenado al máximo sus inversiones en UMTS para mejorar su situación financiera de cara a la próxima salida a bolsa del grupo –en 2005– y Xfera, la operadora que todavía no ha iniciado sus operaciones y que no cuenta con un sólo cliente. Ambas están negociando otra vez con el nuevo Ministerio de Industria socialista los acuerdos de reducción de compromisos que ya habían cerrado definitivamente con el extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno Popular.
Los enormes endeudamientos y fondos de comercio acumulados por las operadoras europeas en las subastas por las licencias, que éstas habían contagiado a los fabricantes como Ericsson, Lucent, Nortel, Nokia, Alcatel, Motorola y Siemens –ya que estos se apresuraron a financiar ilimitadamente las inversiones de los operadores– sumergieron a todo el sector en una brutal recesión que se saldó con la pérdida de confianza de los inversores, desplomes bursátiles, una caída drástica de la inversión, la pérdida de medio millón de empleos de alta tecnología –incluidos decenas de miles de investigadores de laboratorios de I+D– y el abandono de líneas enteras de desarrollo de productos.
Negociaciones a la baja
En este contexto nuevo, totalmente diferente al que existía antes de la formulación de las ofertas y ante el retraso tecnológico del UMTS, que tenía que haber estado dispuesto para su lanzamiento el 1 de agosto de 2001, las operadoras se dedicaron a hacer lobby ante la Administración para modificar, a la baja, los compromisos que, imprudentemente, habían realizado en el concurso, en la primavera de 2000.
Los únicos cambios de importancia se han dado en Amena y Xfera, ya que Movistar y Vodafone han solicitado cambios sin importancia, puesto que debido al retraso acumulado respecto a los calendarios iniciales, su situación actual –con más de mil emplazamientos cada una –cumple sobradamente sus compromisos iniciales para el momento del lanzamiento del servicio.
Las modificaciones solicitadas por Amena y concedidas por el anterior Gobierno eran de tres tipos: la reducción de las inversiones materiales, como consecuencia de su apuesta por compartir infraestructuras con otros operadores y, por tanto, instalar menos emplazamientos de los 9.600 previstos en el décimo año de explotación. En segundo lugar, la ralentización del ritmo de despliegue, de forma que se alargasen los plazos para alcanzar el nivel máximo de cobertura, situado en el 95% de la población. En vez de lograrlo a los cuatro años y medio del inicio –según su oferta inicial– preveía ahora alcanzar ese porcentaje en el décimo ejercicio. Con todo, el grueso del despliegue se realizaría antes, ya que pretendía lograr el 80% de cobertura antes del quinto año. Y por último, aspiraba a ser exonerada de todos sus compromisos de inversiones adicionales ofrecidas como contribución a la economía española, pero que no estaban directamente relacionadas con el servicio. Estas condiciones suponían inversiones a largo plazo de unos 500 millones de euros, así como compromisos de creación obligatoria de unos 6.500 empleos directos.
Por su parte, Xfera, que se encuentra en una situación mucho más difícil, ya que no opera, ha reducido al mínimo su plantilla, y tiene su actividad congelada desde 2001, logró también importantes concesiones del anterior Gobierno. Así, eliminó todas las inversiones colaterales –institutos de formación, centros de I+D, empresas de capital riesgo, etc.– que suponían inversiones conjuntas en una década de unos 403 millones de euros, así como la obligación de crear un número fijo de empleos –5.875 puestos directos y otros 1.025 derivados de otros proyectos– en los primeros diez años. Y también redujo sustancialmente el número de estaciones base que pensaba instalar a unas 7.000 frente a las 12.000 prometidas. Así, aunque la cobertura sería finalmente casi la prometida –95% en vez del 98%–, ésta se alcanzaría en el décimo año tras iniciar el servicio en vez de dos años y medio después.
Acuerdo vital
Para Xfera el pacto era aún más vital que para Amena, ya que sin él no es posible saber cuáles son sus compromisos reales ni sus necesidades de inversión. En esta situación es imposible hacer un plan de negocio que pueda atraer a nuevos inversores internacionales, que se conviertan en el accionista de referencia y den nueva vida a un proyecto en el que sus accionistas actuales ya casi no creen.
Así pues, con los nuevos compromisos con los operadores ya pactados y redactados, el ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, sólo estaba a la espera de que el Consejo de Estado –el órgano consultivo del Gobierno– ratificase su validez. Hasta tal punto que se atrevió a hacerlos públicos a bombo y platillo el pasado 4 de marzo, con la intención de que su imagen se asociara con el lanzamiento de los nuevos servicios. Pero los dictámenes se retrasaron demasiado, y mientras, el Gobierno del PP perdió las elecciones del 14-M, el Consejo de Estado instó a Costa a que no formalizara los pactos, dada su condición de ministro en funciones.
Por tanto, corresponde al nuevo ministro de Industria, José Montilla, y a su flamante se
El apresurado anuncio de ambas operadoras incurre en el riesgo de dar a los clientes una experiencia inicial del servicio 3G decepcionante. Aunque los dos grupos habían fijado el lanzamiento del servicio de voz en octubre, la sospecha por parte de Movistar de que Francisco Román, consejero delegado de Vodafone anunciaría por sorpresa su estreno, llevó a los dirigentes de la primera, con Javier Aguilera a la cabeza, a tratar de imponerse a cualquier precio. Se trataba de arrebatar a toda costa al adversario el honor de ser pionero del servicio en España, tal y como había ocurrido en febrero pasado cuando Movistar reaccionó en el mismo día al anuncio de que Vodafone empezaba a prestar servicio de 3G para datos, con tarjetas para ordenadores portátiles.
Problemas latentes
Pero los problemas que se estaban intentando solucionar con el lanzamiento en octubre van ahora a atenazar a los apresurados lanzamientos: la escasez de terminales disponibles y su alto precio y lo limitado de la cobertura que se va a proporcionar inicialmente, que abarca sólo de forma completa las diez o doce grandes ciudades españolas mientras que el resto de las capitales de provincia cuenta con una cobertura muy limitada. Además, esta cobertura es difícil de aumentar a corto plazo por la oposición municipal y vecinal a la instalación de antenas, que se ha convertido en el mayor problema del sector. Por si fuera poco, la transición entre las zonas cubiertas con redes UMTS y GSM –lo que se denomina handover– no está totalmente resuelta técnicamente de forma que cuando se pasa de una cobertura de UMTS a otra de GSM –mucho más amplia– la llamada se corta en un porcentaje muy alto de ocasiones.
El apresuramiento de los dos grandes, deja, además, en muy mala posición a los otros dos grupos con licencia, Amena, que ha refrenado al máximo sus inversiones en UMTS para mejorar su situación financiera de cara a la próxima salida a bolsa del grupo –en 2005– y Xfera, la operadora que todavía no ha iniciado sus operaciones y que no cuenta con un sólo cliente. Ambas están negociando otra vez con el nuevo Ministerio de Industria socialista los acuerdos de reducción de compromisos que ya habían cerrado definitivamente con el extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno Popular.
Los enormes endeudamientos y fondos de comercio acumulados por las operadoras europeas en las subastas por las licencias, que éstas habían contagiado a los fabricantes como Ericsson, Lucent, Nortel, Nokia, Alcatel, Motorola y Siemens –ya que estos se apresuraron a financiar ilimitadamente las inversiones de los operadores– sumergieron a todo el sector en una brutal recesión que se saldó con la pérdida de confianza de los inversores, desplomes bursátiles, una caída drástica de la inversión, la pérdida de medio millón de empleos de alta tecnología –incluidos decenas de miles de investigadores de laboratorios de I+D– y el abandono de líneas enteras de desarrollo de productos.
Negociaciones a la baja
En este contexto nuevo, totalmente diferente al que existía antes de la formulación de las ofertas y ante el retraso tecnológico del UMTS, que tenía que haber estado dispuesto para su lanzamiento el 1 de agosto de 2001, las operadoras se dedicaron a hacer lobby ante la Administración para modificar, a la baja, los compromisos que, imprudentemente, habían realizado en el concurso, en la primavera de 2000.
Los únicos cambios de importancia se han dado en Amena y Xfera, ya que Movistar y Vodafone han solicitado cambios sin importancia, puesto que debido al retraso acumulado respecto a los calendarios iniciales, su situación actual –con más de mil emplazamientos cada una –cumple sobradamente sus compromisos iniciales para el momento del lanzamiento del servicio.
Las modificaciones solicitadas por Amena y concedidas por el anterior Gobierno eran de tres tipos: la reducción de las inversiones materiales, como consecuencia de su apuesta por compartir infraestructuras con otros operadores y, por tanto, instalar menos emplazamientos de los 9.600 previstos en el décimo año de explotación. En segundo lugar, la ralentización del ritmo de despliegue, de forma que se alargasen los plazos para alcanzar el nivel máximo de cobertura, situado en el 95% de la población. En vez de lograrlo a los cuatro años y medio del inicio –según su oferta inicial– preveía ahora alcanzar ese porcentaje en el décimo ejercicio. Con todo, el grueso del despliegue se realizaría antes, ya que pretendía lograr el 80% de cobertura antes del quinto año. Y por último, aspiraba a ser exonerada de todos sus compromisos de inversiones adicionales ofrecidas como contribución a la economía española, pero que no estaban directamente relacionadas con el servicio. Estas condiciones suponían inversiones a largo plazo de unos 500 millones de euros, así como compromisos de creación obligatoria de unos 6.500 empleos directos.
Por su parte, Xfera, que se encuentra en una situación mucho más difícil, ya que no opera, ha reducido al mínimo su plantilla, y tiene su actividad congelada desde 2001, logró también importantes concesiones del anterior Gobierno. Así, eliminó todas las inversiones colaterales –institutos de formación, centros de I+D, empresas de capital riesgo, etc.– que suponían inversiones conjuntas en una década de unos 403 millones de euros, así como la obligación de crear un número fijo de empleos –5.875 puestos directos y otros 1.025 derivados de otros proyectos– en los primeros diez años. Y también redujo sustancialmente el número de estaciones base que pensaba instalar a unas 7.000 frente a las 12.000 prometidas. Así, aunque la cobertura sería finalmente casi la prometida –95% en vez del 98%–, ésta se alcanzaría en el décimo año tras iniciar el servicio en vez de dos años y medio después.
Acuerdo vital
Para Xfera el pacto era aún más vital que para Amena, ya que sin él no es posible saber cuáles son sus compromisos reales ni sus necesidades de inversión. En esta situación es imposible hacer un plan de negocio que pueda atraer a nuevos inversores internacionales, que se conviertan en el accionista de referencia y den nueva vida a un proyecto en el que sus accionistas actuales ya casi no creen.
Así pues, con los nuevos compromisos con los operadores ya pactados y redactados, el ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, sólo estaba a la espera de que el Consejo de Estado –el órgano consultivo del Gobierno– ratificase su validez. Hasta tal punto que se atrevió a hacerlos públicos a bombo y platillo el pasado 4 de marzo, con la intención de que su imagen se asociara con el lanzamiento de los nuevos servicios. Pero los dictámenes se retrasaron demasiado, y mientras, el Gobierno del PP perdió las elecciones del 14-M, el Consejo de Estado instó a Costa a que no formalizara los pactos, dada su condición de ministro en funciones.
Por tanto, corresponde al nuevo ministro de Industria, José Montilla, y a su flamante se
