La LSSI entrará en vigor en octubre
La polémica Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) fue definitivamente aprobada el pasado 27 de junio, tras un largo proceso parlamentario de cuatro meses. Según los plazos establecidos, entrará en vigor el próximo mes de octubre, con siete meses de retraso respecto a la fecha fijada por la Unión Europea para trasponer la Directiva.
Entre las novedades que ha incluido la propuesta en estos cuatro meses de tramitación destaca la polémica enmienda presentada por el Grupo Popular que obligaba a los PSIs a conservar durante 12 meses todos los datos de navegación de los usuarios, enmienda que fue rectificada antes del pleno del Senado.
El pasado 27 de junio, definitivamente, con la aprobación de la Ley, la enmienda queda incorporada, pero con la incorporación de las modificaciones presentadas a última hora. En concreto, estas son las que limitan los datos que deben guardarse que no incluirán los contenidos de las comunicaciones ni otros que afecten al secreto de las comunicaciones.
El segundo límite es para las autoridades con acceso a los datos, solamente accesibles bajo supervisión de los jueces y Tribunales del Ministerio Fiscal y no ante la autoridad policial, como anteriormente se contemplaba.
A pesar de estas modificaciones, el sector de los proveedores de servicio de Internet sigue manteniendo su oposición a la normativa como ha explicado Martín Pérez, presidente de la Comisión de Internet de Asimelec: “Lo que al final se ha reflejado en la Ley es lo menos malo de lo que podía ser. Ahora los ISPs solamente tendremos que guardar los datos de acceso, algo que no nos preocupa porque ya lo hacemos, sin embargo tener que guardar los logs y los datos de navegación durante un año suponía un coste inmenso, imposible de hacer”.
La segunda novedad que introduce el texto hace referencia a la incorporación de Internet como Servicio Universal en la legislación española, adelantándose a la fecha prevista por la UE de incorporar la directiva aprobada el pasado 14 de febrero antes del mes de julio 2003.
Bajo este nuevo concepto se ha establecido un calendario de actuaciones mediante el que se establece que antes de diciembre de 2003, Telefónica deberá sustituir las 250.000 líneas telefónicas rurales por otras que proporcionen acceso a Internet. El 70% de estas líneas deberán estar sustituidas en esta fecha, mientras que un año después la sustitución debe afectar al 100% de las líneas.
Entre las novedades que ha incluido la propuesta en estos cuatro meses de tramitación destaca la polémica enmienda presentada por el Grupo Popular que obligaba a los PSIs a conservar durante 12 meses todos los datos de navegación de los usuarios, enmienda que fue rectificada antes del pleno del Senado.
El pasado 27 de junio, definitivamente, con la aprobación de la Ley, la enmienda queda incorporada, pero con la incorporación de las modificaciones presentadas a última hora. En concreto, estas son las que limitan los datos que deben guardarse que no incluirán los contenidos de las comunicaciones ni otros que afecten al secreto de las comunicaciones.
El segundo límite es para las autoridades con acceso a los datos, solamente accesibles bajo supervisión de los jueces y Tribunales del Ministerio Fiscal y no ante la autoridad policial, como anteriormente se contemplaba.
A pesar de estas modificaciones, el sector de los proveedores de servicio de Internet sigue manteniendo su oposición a la normativa como ha explicado Martín Pérez, presidente de la Comisión de Internet de Asimelec: “Lo que al final se ha reflejado en la Ley es lo menos malo de lo que podía ser. Ahora los ISPs solamente tendremos que guardar los datos de acceso, algo que no nos preocupa porque ya lo hacemos, sin embargo tener que guardar los logs y los datos de navegación durante un año suponía un coste inmenso, imposible de hacer”.
La segunda novedad que introduce el texto hace referencia a la incorporación de Internet como Servicio Universal en la legislación española, adelantándose a la fecha prevista por la UE de incorporar la directiva aprobada el pasado 14 de febrero antes del mes de julio 2003.
Bajo este nuevo concepto se ha establecido un calendario de actuaciones mediante el que se establece que antes de diciembre de 2003, Telefónica deberá sustituir las 250.000 líneas telefónicas rurales por otras que proporcionen acceso a Internet. El 70% de estas líneas deberán estar sustituidas en esta fecha, mientras que un año después la sustitución debe afectar al 100% de las líneas.
