La Justicia se renueva

Desde hace años, el sistema judicial español ha ocupado portadas de diferentes medios de comunicación y no siempre por razones positivas. De hecho, errores tan polémicos y mediáticos como el producido en el caso Mari Luz, hace ya más de dos años, han puesto al descubierto las deficiencias de un sistema judicial lento y obsoleto. Es más, desde entonces, el sindicato de funcionarios públicos CSI-CSIF ha calificado a nuestro sistema de justicia de “tercermundista” ya que, entre otras carencias, existe una falta de coordinación entre los juzgados por no tener un sistema informático en red. Así, una de las principales denuncias de los funcionarios es que los expedientes no están informatizados, por lo que toda documentación se guarda en interminables carpetas y archivos de papel. Teniendo en cuenta que en España entran anualmente unos diez millones de casos en los juzgados, podemos hacernos una idea de lo complicado que es gestionar todo ese papel.

 

Pero todo apunta a que esta situación tiene los días contados ya que la modernización de la Administración de Justicia y su acercamiento a los ciudadanos ha sido un objetivo fundamental en la agenda política de los Gobiernos durante los últimos años, y de forma decisiva en esta legislatura. “Sin duda alguna, hay una clara apuesta por parte del Gobierno por hacer realidad una justicia ágil y moderna tecnológicamente. Ya en su discurso de investidura, el Presidente del Gobierno señaló, que la reforma de la Justicia constituye ‘un objetivo crucial e inaplazable’. Y fruto de esta convicción, desde el año 2004, se han mantenido incrementos presupuestarios sostenidos del 10% anual, con el resultado de que hoy los recursos disponibles para la Justicia son un 50% más que cinco años antes”, apunta José de la Mata, director general de Modernización del Ministerio de Justicia. En este contexto, continúa De la Mata, en la presente Legislatura, “fruto de la coordinación de agentes y la colegiación de esfuerzos entre los distintos organismos e instituciones, se ha alcanzado un acuerdo social para elaborar el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia para los años 2009-2012, aprobado el pasado 18 de septiembre por el Consejo de Ministros y que reafirma en definitiva la senda de modernización que ha iniciado este departamento en los últimos años”. En concreto, para estos tres años, el Gobierno ha comprometido 600 millones de euros.



EJIS

El reto de conseguir una justicia más rápida, ágil y eficiente pasa, sin ninguna duda, por una inversión en tecnología. De acuerdo con De la Mata, “la Justicia como servicio público se desarrolla en un entorno en el que concurren diferentes Administraciones territoriales y poderes constitucionales que configuran un ámbito competencial complejo. En este contexto, los principales retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia a nivel tecnológico son hacer posible que nuestros juzgados y tribunales puedan trabajar en red y comunicarse entre sí con independencia del territorio, lograr el objetivo ‘papel 0’ en nuestros juzgados y tribunales, incrementar la eficacia del funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia con el empleo de las TIC y hacer accesible la Justicia a través de la web a ciudadanos y profesionales”.

Dentro de todos estos retos, la interoperabilidad es, sin lugar a dudas, uno de los grandes desafíos que tiene que abordar la Administración en el ámbito de las nuevas tecnologías y en un futuro inmediato. En este sentido, el pasado 30 de septiembre se firmó un Convenio entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, al que posteriormente se adhirieron todas las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia, para el desarrollo del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS). “EJIS, que se inspira en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad, busca que los Sistemas de Información de la Administración de Justicia se comuniquen entre sí, así como con otras administraciones e instituciones públicas”, apunta José de la Mata. En base a este proyecto se conseguirá la interoperabilidad de todos los órganos judiciales con distintos sistemas de gestión procesal según la comunidad autónoma o territorio, así como la interoperabilidad externa con otras administraciones como, por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En definitiva, “EJIS permitirá aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad administrativa judicial, en condiciones de eficacia, eficiencia, racionalidad económica y calidad, así como establecer el marco técnico, organizativo y semántico para el funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la administración de Justicia”. En suma, garantizará la interoperabilidad de los sistemas informáticos del Estado y las Comunidades Autónomas, permitiendo a todos los Juzgados y Tribunales, operar entre sí y con el Ministerio de Justicia.



La tecnología no es suficiente

Las TIC favorecen la renovación y mejora de los servicios al ciudadano, proporcionando herramientas eficaces para la reducción de tiempos y costes. Sin embargo, según De la Mata, “la tecnología por sí sola no soluciona todos los problemas y, por este motivo, el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia engloba un proyecto integral de reforma y modernización que se traduce en diferentes actuaciones concretas y específicas en cada uno de los ámbitos de la Justicia, identificando como tipos de actuaciones aquellas normativas, de organización y dirección, Recursos Humanos, Infraestructuras y Gestión del Cambio necesarias para la consecución de los objetivos planteados”. Asimismo, para abordar otro gran problema como es el del concomimiento, por parte de todos los funcionarios de Justicia, de las herramientas informáticas, “el Ministerio de Justicia tiene en marcha el mayor plan de formación de su historia para instruir a 14.000 funcionarios de cara a la Nueva Oficina Judicial. Este proceso comenzó en febrero, para formar a todo el personal de la Administración de Justicia en el nuevo modelo de organización judicial”. El plan formativo, con un coste cercano a los 3 millones de euros, va dirigido a 4.000 secretarios judiciales y 10.000 funcionarios, combinando la formación presencial, a través de 1.300 cursos formativos con la formación online, a través de la cuál se han generado contenidos pedagógicos para funcionarios y también módulos específicos para los jueces, que se han puesto a disposición del Consejo General del Poder Judicial.

En definitiva, el objetivo del Plan Estratégico de Modernización de la Justic