La gestión de las TIC en la Administración Pública
Es muy común en nuestro país responsabilizar a la Administración de los orígenes y causas de todos nuestros males. La Administración, para muchos ciudadanos , es una caja de pandora reconfortante y útil para atribuirle la culpabilidad de las mayoría de los entuertos sociales. La "cosa pública" en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no iba a ser menos. Y la verdad, no sin falta de razón. La actividad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el seno de la Administración es relativamente fácil de diseccionar desde el punto de vista organizativo. En el momento actual, en la Administración General del Estado, en cuanto a órganos y centros directivos, con competencia y capacidad de incidir de manera horizontal en la gestión y coordinación de las TIC, se identifican los siguientes: El Consejo Superior de Informática, órgano colegiado adscrito al Ministerio para las Administraciones Públicas, que cuenta como unidad de apoyo con la Subdirección General de Coordinación Informática de la Dirección General de Organización Puestos de Trabajo e Informática del Ministerio para las Administraciones Públicas; la Dirección General de Tecnología Industrial del Ministerio de Industria y Energía, que cuenta con la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, que cuenta con la Subdirección General de Compras; y la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. También hay que resaltar las actuaciones sectoriales, sobre todo en cuanto a compras públicas se refiere, de un buen número de centros que actúan con criterios aislados.
Cada uno de los centros directivos referidos tiene sus competencias delimitadas y, en general, actúan de manera aislada, sin ningún tipo de visión estratégica conjunta del sector de las TIC. Una división de competencias como la actual es inoperante a todas luces de cara a establecer una política homogénea en cuanto a planificación, implantación e impulso que requieren las TIC en la Administración y en el tejido social, sobre todo en estos momentos en que las "autopistas de la información" están llamadas a convertirse en un fenómeno irreversible. Las Administraciones puede que estén escasas de "autopistas" pero, de "información electrónica de titularidad pública" deficientemente explotada especialmente en lo que a su accesibilidad se refiere, se encuentran bien repletas.
Asimismo, el factor de los recursos humanos es decisivo en la articulación de una estrategia eficiente de la gestión de las TIC en la Administración. En este contexto, a pesar de haber sido detectadas inconsistencias por los equipos gestores de los últimos Gobiernos que pusieron en marcha la iniciativa de creación de Cuerpos de funcionarios dedicados a las TIC el proyecto no ha evolucionado como debería debido a la falta del impulso político necesario.
El proyecto, que nació con toda la ambición que requería, se vio frenado en noviembre de 1990, siendo algunas de las cuestiones que quedaron pendientes de poner en marcha las siguientes: asignación de categorías en cada Cuerpo; articulación de un sistema incentivado de promoción interna; formación continuada; acceso libre por concurso al Grupo Superior; o pruebas selectivas vanguardistas para el acceso libre por oposición. Al proyecto le faltó el apoyo político final y requeriría ser abordado con la máxima prioridad, iniciando y efectuando las correspondientes actuaciones políticas del más alto nivel. ¿Tendrá ahora su oportunidad?
