La externalización en la Administración
La intención del Gobierno de privatizar servicios auxiliares -de momento vigilancia, limpieza, y mantenimiento- abre fundadas expectativas de que, de forma más o menos inmediata, se extienda la decisión al campo de las TIC. La contratación de especialistas para ciertas áreas de servicios quizás esté cimentada en declaraciones del presidente del Gobierno anunciando como prioridad del Ejecutivo para la segunda mitad de la presente legislatura, la reforma de la Administración. Asimismo, con este tipo de contrataciones, el Gobierno podría planificar adaptaciones a las necesidades concretas de sus plantillas de funcionarios.
Parece evidente que el Gobierno viene estudiando con detenimiento el acudir a la externalización para paliar la carencia -paulatinamente más agudizada- del número suficiente de especialistas en TIC para acometer el número de proyectos que se consideran imprescindibles. Prueba de ello fue la aprobación, a finales del pasado año, de añadir -en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas- un nuevo apartado, el 5, al artículo 198, con el texto siguiente: “Los contratos de servicios para la gestión de los sistemas de información, así como aquellos a los que se refiere el artículo 2.2 del Real Decreto 341/2001, de 18 de mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación, tendrán un plazo de vigencia máximo de cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquel, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de seis años, ni éstas puedan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado originariamente”.
El Ejecutivo, al apostar por la opción de externalizar servicios en TIC, podría haberse fijado en los resultados que se están consiguiendo en países de nuestro entorno con decisiones en éste sentido, especialmente en el Reino Unido. Coadyuvando, además, la posible realización de estudios desaconsejando la contratación del número de funcionarios especialistas necesarios -por motivos estrictamente económicos- para alcanzar y mantener el nivel de eficacia que se pretende. De ser así, el incremento de funcionarios especialistas TIC sería mínimo -e incluso cero, o decrecimiento- marcando la Administración una clara tendencia por la externalización de servicios, y asumiendo los actuales integrantes de los cuerpos TIC, importantes funciones de gestión, control, y seguimiento. Buenas perspectivas para suministradores de nuestro sector.
Parece evidente que el Gobierno viene estudiando con detenimiento el acudir a la externalización para paliar la carencia -paulatinamente más agudizada- del número suficiente de especialistas en TIC para acometer el número de proyectos que se consideran imprescindibles. Prueba de ello fue la aprobación, a finales del pasado año, de añadir -en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas- un nuevo apartado, el 5, al artículo 198, con el texto siguiente: “Los contratos de servicios para la gestión de los sistemas de información, así como aquellos a los que se refiere el artículo 2.2 del Real Decreto 341/2001, de 18 de mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación, tendrán un plazo de vigencia máximo de cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquel, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de seis años, ni éstas puedan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado originariamente”.
El Ejecutivo, al apostar por la opción de externalizar servicios en TIC, podría haberse fijado en los resultados que se están consiguiendo en países de nuestro entorno con decisiones en éste sentido, especialmente en el Reino Unido. Coadyuvando, además, la posible realización de estudios desaconsejando la contratación del número de funcionarios especialistas necesarios -por motivos estrictamente económicos- para alcanzar y mantener el nivel de eficacia que se pretende. De ser así, el incremento de funcionarios especialistas TIC sería mínimo -e incluso cero, o decrecimiento- marcando la Administración una clara tendencia por la externalización de servicios, y asumiendo los actuales integrantes de los cuerpos TIC, importantes funciones de gestión, control, y seguimiento. Buenas perspectivas para suministradores de nuestro sector.
