La e-Administración como dinamizadora de la Sociedad del Conocimiento
El plan Info XXI canaliza el impulso del sector público
Mejorar el servicio a los ciudadanos, gestionar gran parte de los procesos administrativos a través de Internet y llegar a un punto de unión tecnológica entre las diversas Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Local) es el compromiso del Gobierno español con el desarrollo de la Sociedad de la Información. Para conseguir este objetivo se ha establecido un presupuesto en TIC de 4.958,35 millones de euros hasta 2003.
Las Administraciones Públicas, tanto en España como en el resto de los países miembros de la Unión Europea, se están jugando el progreso hacia la denominada Economía del Conocimiento y hacia la Sociedad de la Información en aspectos tan complejos como el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, la implantación de un gobierno en línea, la inversión en investigación científica y, fundamentalmente, en el acceso de todos los ciudadanos a las nuevas tecnologías.
Dar un impulso económico y tecnológico a la implantación de una Administración Electrónica (e-Government) abierta a todos los artífices de la Sociedad de la Información es un asunto de Estado en toda la UE a través de la iniciativa e-Europe. En España, el camino para conseguirlo se ha depurado y trazado sin más dilación a través del Plan de Acción Info XXI, un ambicioso proyecto del Ejecutivo que irá ampliándose en un futuro para adecuarse a la inversión realizada en otros países.
En este sentido, las líneas de acción emblemáticas de Info XXI están destinadas a modernizar tecnológicamente la estructura administrativa (Central, Autonómica y Local) del Estado, incorporar los servicios públicos a la Red y facilitar la interactividad con los ciudadanos, lo que representa el 72% del gasto previsto en Info XXI.
Este reciclaje del sector español de Administraciones Públicas a la Sociedad de la Información no ha sido, ni es, un camino fácil. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al informe Reina 2000, el gasto en TIC de la Administración se situó en 1999 en 659,19 millones de euros, lo que supuso un exiguo crecimiento del 5,5% respecto al año precedente, en el que la inversión en este campo había crecido el 31%. Según este mismo informe, el equipamiento y la contratación de profesionales especializados en TI absorbieron un 66% del gasto total en este sector, frente al 23% correspondiente a la contratación de servicios y algo más del 9% en la adquisición de software.
Si a ello se suma que la tasa de informatización en las Administraciones presentaba una media de 48 terminales por cada 100 empleados y que el acceso a Internet llegaba a una máxima de 14.000 puestos conectados en el Ministerio de Sanidad y Consumo, el panorama que presentaba este sector para llegar al Gobierno en línea era inconsistente frente al resto de Europa, situándose en los últimos puestos de los países miembros, por delante de Grecia y Portugal.
Progreso y renovación
La puesta en marcha del Plan Info XXI trata de paliar de forma terminante esta situación del sector de AAPP y estimular a toda la maquinaria productiva española para alinearse con sus objetivos. En este sentido, la fórmula y el mensaje no son nuevos, pero sí el conjunto de medidas concretas para llevar el Plan a la práctica.
Según un estudio realizado al respecto por IDC España, la Administración tiene en este empeño dos aliados irrevocables. Por un lado, las empresas de TIC, los proveedores de servicios y contenidos y los operadores de telecomunicaciones, abanderados de que la Sociedad de la Información llegue a todos y dispuestos a dar soporte al proceso. Por otro, los ciudadanos, que reivindican la Sociedad del Conocimiento y han pasado a demandar como clientes activos servicios y prestaciones de máxima calidad, transparencia y seguridad.
Nadie pone en duda que el Plan Info XXI es el marco adecuado para el desarrollo de la Sociedad de la Información, pero los estudios de analistas tan prestigiosos como Gartner Group reclaman más información sobre la asignación de recursos y el grado de ejecución de las iniciativas, así como sobre la evolución de las negociaciones entre la Administración central, las administraciones territoriales y el sector privado.
Según los últimos datos del Plan Info XXI, de los 305 proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) para llevar la Sociedad de la Información a toda la población española iniciados en 2001, se ha consolidado un 38% y un 68% está en proceso de ejecución dentro de los planes previstos hasta el año 2003; es decir, 89 se encuentran ya ‘en ejecución’, 98 están ‘como producto-servicio operativo’ para los ciudadanos, 45 se encuentran ‘en estudio’ y 46 ‘en definición’.
Incentivos en línea
La Sociedad Española de Consultoría apunta que, como prestatarias de servicios esenciales a los ciudadanos, las Administraciones Públicas tienen la obligación de hacer uso de las nuevas tecnologías, al igual que ocurre en el ámbito de la empresa privada, y convertirlas en un instrumento para agilizar las relaciones administrativas, impulsar su relación con los ciudadanos e incentivar la interactividad. Por su parte, el ciudadano ha de mentalizarse que el ámbito en el que desarrolla su actividad, tanto pública como privada, lleva por nombre el de Sociedad de la Información, y en ella las nuevas tecnologías corren a su favor como usuario-cliente de servicios de calidad fundamentales.
Los analistas del sector subrayan al respecto que aplicar las fórmulas de la empresa privada en Internet, en cuanto a calidad de servicio, flexibilidad, seguridad y satisfacción al cliente, son plenamente viables en las relaciones de las AAPP con los ciudadanos online, y se muestran unánimes en que la oferta de la Administración electrónica de España es, en ciertos servicios, muy buena, “aunque en otros muchos carecen de ella, porque este tipo de iniciativas se ha desarrollado por líneas de departamento o de forma aislada, lo que hace necesario un uso más racional e inteligente de los recursos”.
Aunque desde la puesta en marcha de Info XXI existe un claro incremento en este sentido para crear demanda, el Consejo Empresarial para la Sociedad de la Información (CESI), instituido por la CEOE, observa que es necesaria una mayor inversión, cifrada en 15.025 millones de euros, para alcanzar, en un plazo no superior a seis años, la convergencia con la media de la UE en esta materia, una inversión que en un 80% recaería en el sector privado y el 20% restante, en el público.
Romper la dinámica
La madurez de la e-Administración presenta tres niveles: proporcionar información, interactuar con el ciudadano y efectuar transacciones telemáticas y servicios en línea. Así, el objetivo para crear demanda pasa porque la e-Administración ofrezca servicios por múltiples canales para mejorar la relación con sus ciudadanos-clientes, con información y servicios efectivos cuando quieran y donde precisen.
En este sentido, las AAPP han ido abriendo paulatinamente nuevas vías de acceso y relación con los usuarios. Su presencia en Internet es poco a poco una realidad y la creación del Portal del Ciudadano es un claro referente en plena evolución para la futura implantación de servicios telemáticos. Otra de las iniciativ
Las Administraciones Públicas, tanto en España como en el resto de los países miembros de la Unión Europea, se están jugando el progreso hacia la denominada Economía del Conocimiento y hacia la Sociedad de la Información en aspectos tan complejos como el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, la implantación de un gobierno en línea, la inversión en investigación científica y, fundamentalmente, en el acceso de todos los ciudadanos a las nuevas tecnologías.
Dar un impulso económico y tecnológico a la implantación de una Administración Electrónica (e-Government) abierta a todos los artífices de la Sociedad de la Información es un asunto de Estado en toda la UE a través de la iniciativa e-Europe. En España, el camino para conseguirlo se ha depurado y trazado sin más dilación a través del Plan de Acción Info XXI, un ambicioso proyecto del Ejecutivo que irá ampliándose en un futuro para adecuarse a la inversión realizada en otros países.
En este sentido, las líneas de acción emblemáticas de Info XXI están destinadas a modernizar tecnológicamente la estructura administrativa (Central, Autonómica y Local) del Estado, incorporar los servicios públicos a la Red y facilitar la interactividad con los ciudadanos, lo que representa el 72% del gasto previsto en Info XXI.
Este reciclaje del sector español de Administraciones Públicas a la Sociedad de la Información no ha sido, ni es, un camino fácil. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al informe Reina 2000, el gasto en TIC de la Administración se situó en 1999 en 659,19 millones de euros, lo que supuso un exiguo crecimiento del 5,5% respecto al año precedente, en el que la inversión en este campo había crecido el 31%. Según este mismo informe, el equipamiento y la contratación de profesionales especializados en TI absorbieron un 66% del gasto total en este sector, frente al 23% correspondiente a la contratación de servicios y algo más del 9% en la adquisición de software.
Si a ello se suma que la tasa de informatización en las Administraciones presentaba una media de 48 terminales por cada 100 empleados y que el acceso a Internet llegaba a una máxima de 14.000 puestos conectados en el Ministerio de Sanidad y Consumo, el panorama que presentaba este sector para llegar al Gobierno en línea era inconsistente frente al resto de Europa, situándose en los últimos puestos de los países miembros, por delante de Grecia y Portugal.
Progreso y renovación
La puesta en marcha del Plan Info XXI trata de paliar de forma terminante esta situación del sector de AAPP y estimular a toda la maquinaria productiva española para alinearse con sus objetivos. En este sentido, la fórmula y el mensaje no son nuevos, pero sí el conjunto de medidas concretas para llevar el Plan a la práctica.
Según un estudio realizado al respecto por IDC España, la Administración tiene en este empeño dos aliados irrevocables. Por un lado, las empresas de TIC, los proveedores de servicios y contenidos y los operadores de telecomunicaciones, abanderados de que la Sociedad de la Información llegue a todos y dispuestos a dar soporte al proceso. Por otro, los ciudadanos, que reivindican la Sociedad del Conocimiento y han pasado a demandar como clientes activos servicios y prestaciones de máxima calidad, transparencia y seguridad.
Nadie pone en duda que el Plan Info XXI es el marco adecuado para el desarrollo de la Sociedad de la Información, pero los estudios de analistas tan prestigiosos como Gartner Group reclaman más información sobre la asignación de recursos y el grado de ejecución de las iniciativas, así como sobre la evolución de las negociaciones entre la Administración central, las administraciones territoriales y el sector privado.
Según los últimos datos del Plan Info XXI, de los 305 proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) para llevar la Sociedad de la Información a toda la población española iniciados en 2001, se ha consolidado un 38% y un 68% está en proceso de ejecución dentro de los planes previstos hasta el año 2003; es decir, 89 se encuentran ya ‘en ejecución’, 98 están ‘como producto-servicio operativo’ para los ciudadanos, 45 se encuentran ‘en estudio’ y 46 ‘en definición’.
Incentivos en línea
La Sociedad Española de Consultoría apunta que, como prestatarias de servicios esenciales a los ciudadanos, las Administraciones Públicas tienen la obligación de hacer uso de las nuevas tecnologías, al igual que ocurre en el ámbito de la empresa privada, y convertirlas en un instrumento para agilizar las relaciones administrativas, impulsar su relación con los ciudadanos e incentivar la interactividad. Por su parte, el ciudadano ha de mentalizarse que el ámbito en el que desarrolla su actividad, tanto pública como privada, lleva por nombre el de Sociedad de la Información, y en ella las nuevas tecnologías corren a su favor como usuario-cliente de servicios de calidad fundamentales.
Los analistas del sector subrayan al respecto que aplicar las fórmulas de la empresa privada en Internet, en cuanto a calidad de servicio, flexibilidad, seguridad y satisfacción al cliente, son plenamente viables en las relaciones de las AAPP con los ciudadanos online, y se muestran unánimes en que la oferta de la Administración electrónica de España es, en ciertos servicios, muy buena, “aunque en otros muchos carecen de ella, porque este tipo de iniciativas se ha desarrollado por líneas de departamento o de forma aislada, lo que hace necesario un uso más racional e inteligente de los recursos”.
Aunque desde la puesta en marcha de Info XXI existe un claro incremento en este sentido para crear demanda, el Consejo Empresarial para la Sociedad de la Información (CESI), instituido por la CEOE, observa que es necesaria una mayor inversión, cifrada en 15.025 millones de euros, para alcanzar, en un plazo no superior a seis años, la convergencia con la media de la UE en esta materia, una inversión que en un 80% recaería en el sector privado y el 20% restante, en el público.
Romper la dinámica
La madurez de la e-Administración presenta tres niveles: proporcionar información, interactuar con el ciudadano y efectuar transacciones telemáticas y servicios en línea. Así, el objetivo para crear demanda pasa porque la e-Administración ofrezca servicios por múltiples canales para mejorar la relación con sus ciudadanos-clientes, con información y servicios efectivos cuando quieran y donde precisen.
En este sentido, las AAPP han ido abriendo paulatinamente nuevas vías de acceso y relación con los usuarios. Su presencia en Internet es poco a poco una realidad y la creación del Portal del Ciudadano es un claro referente en plena evolución para la futura implantación de servicios telemáticos. Otra de las iniciativ
