La deuda.
Sin respiro. Apenas amanecíamos al nuevo orden político y al comienzo de los cortejos postelectorales en busca de la media naranja más rentable o, incluso, de un menage a trois periférico y promiscuo, los empresarios se han aprestado a recordar, y exigir, lo suyo. Lo de ellos no es el reclamo de una nueva política económica que permita remontar la recesión, ni siquiera una suavización de la presión fiscal, tampoco el diseño de una auténtica política industrial; lo suyo, lo de ellos, es precisamente eso, las pesetas que la Administración, ese Leviatán moroso, les debe por productos y servicios suministrados. Y como un aviso general para potenciales y presumibles gobernantes, han puesto la deuda sobre la mesa, urgidos por un contexto acuciante.
Según Aniel (Asociación Nacional de Industrias Electrónicas), los contratos impagados por la Administración (incluida las autonomías, municipios y entidades públicas como Correos, Renfe o Retevisión) a las empresas del sector ascendían a 45.600 millones de pesetas en el pasado mes de abril. Las cifras manejadas por Sedisi (Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información) valoran la deuda contraída por suministros informáticos en 80.000 millones. El perjuicio causado por estos retrasos es tal que Aniel ha manifestado su intención de exigir intereses de demora, posibilidad recogida en la legislación vigente cuando los pagos se retrasan más de tres meses.
Conocidos los programas electorales, aireadas las respectivas soluciones a la crisis actual y al imparable paro, la alquimia de partidos e ideologías llamada a gobernar directamente o en la sombra debería empezar por el principio. Que una empresa en esta situación se vea obligada a echar el cierre o a unos cuantos trabajadores por falta de liquidez contradice todos los grandes mensajes machaconamente repetidos últimamente por todos los partidos políticos. Si el moroso, además, es la Administración central, mantener por más tiempo este contradiós sería, sencillamente, más de lo mismo.