"La CMT carece de un papel regulador por la propia voluntad del Gobierno"
Jesús Caldera, coordinador de la comisión de infraestructuras del PSOE
“España atraviesa un momento totalmente negativo en lo que se refiere al proceso tecnológico debido a que la competencia es restringida y la tendencia al monopolio manifiesto en Telefónica es muy fuerte. Por este motivo, los precios son elevados -las tarifas telefónicas se encuentran 5.1 puntos por encima de la media de la UE-, la calidad de deficiente y la implantación de redes y servicios insuficiente, lo que ha derivado en una situación de confusión para el consumidor”. Con estas palabras se expresaba Jesús Caldera, coordinador de la comisión de infraestructuras del PSOE, durante el debate sobre telecomunicaciones organizado por el Colegio Oficial y Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. Como respuesta a estas afirmaciones, Ana Mato, portavoz de Telecomunicaciones del PP, recordó que, “si el PSOE siguiera en el Gobierno no se habría producido la liberalización de las comunicaciones y el monopolio seguiría vigente ya que existía una moratoria hasta el año 2003”.
“Además”, continuó Caldera, “la Sociedad de la Información debe favorecer la libre competencia y no el poder oligopolístico. Los partidos deben liderar el proceso de desarrollo para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la tecnología por igual con una voluntad integradora y no excluyente”. Éste fue el diagnóstico del portavoz del PSOE relativo al panorama y a la gestión actual de las telecomunicaciones en España, en un discurso en el que las acusaciones contra Telefónica y contra el poder gubernativo no se hicieron esperar. Según Caldera, “la política de telecomunicaciones beneficia más a la empresa que al ciudadano y es necesario obligar a Telefónica a abrir el bucle y prestar la red; además el Gobierno se reserva la concesión de acceso al bucle, y ésta debería estar en manos de la CMT”, a lo que añadió que “la CMT carece de un papel regulador por voluntad del propio Gobierno”.
Por el contrario, Ana Mato, en representación del PP, contraatacó con una visión claramente optimista y alentadora sobre la situación presente y futura del panorama tecnológico actual. De esta forma, destacó el cambio tecnológico experimentado por el territorio español desde 1996 así como la apuesta que el Gobierno está haciendo por la tecnología digital, una tecnología “con la que somos pioneros en Europa”. “Ahora vemos como las multinacionales españolas salen fuera y no como salen nuestros trabajadores, ya que estamos haciendo un gran esfuerzo para fomentar la inversión y la infraestructura de manera que ya se ha invertido en España más de un billón y medio en tecnología”. Además, según Mato, el PP se compromete a implantar las Nuevas Tecnologías de forma que se garantice el acceso por igual a todos los ciudadanos y sin ninguna restricción para lo que quiere aumentar la capacidad de acceso a Internet a todos los puntos de España.
Polémica sobre el caso Telefónica-BBVA
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La fusión de Telefónica y el BBVA fue otro de los temas que desató una fuerte polémica entre el PSOE y el PP, ya que el representante del primero acusó al Gobierno de Aznar de conocer la operación de antemano así como de haberla autorizado e “incluso auspiciado”, desprotegiendo al ciudadano. Ante estas declaraciones, Ana Mato espetó que “el Gobierno español no es intervencionista así que si dos empresas privadas se alían, siempre que se cumplan las leyes y no afecte al ciudadano ni a la competencia, el Gobierno no se inmiscuirá. En este momento se están analizando las repercusiones de este acuerdo y, si existiera algún perjuicio para el consumidor, el presidente del Gobierno tomará las decisiones pertinentes”.
“Además”, continuó Caldera, “la Sociedad de la Información debe favorecer la libre competencia y no el poder oligopolístico. Los partidos deben liderar el proceso de desarrollo para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la tecnología por igual con una voluntad integradora y no excluyente”. Éste fue el diagnóstico del portavoz del PSOE relativo al panorama y a la gestión actual de las telecomunicaciones en España, en un discurso en el que las acusaciones contra Telefónica y contra el poder gubernativo no se hicieron esperar. Según Caldera, “la política de telecomunicaciones beneficia más a la empresa que al ciudadano y es necesario obligar a Telefónica a abrir el bucle y prestar la red; además el Gobierno se reserva la concesión de acceso al bucle, y ésta debería estar en manos de la CMT”, a lo que añadió que “la CMT carece de un papel regulador por voluntad del propio Gobierno”.
Por el contrario, Ana Mato, en representación del PP, contraatacó con una visión claramente optimista y alentadora sobre la situación presente y futura del panorama tecnológico actual. De esta forma, destacó el cambio tecnológico experimentado por el territorio español desde 1996 así como la apuesta que el Gobierno está haciendo por la tecnología digital, una tecnología “con la que somos pioneros en Europa”. “Ahora vemos como las multinacionales españolas salen fuera y no como salen nuestros trabajadores, ya que estamos haciendo un gran esfuerzo para fomentar la inversión y la infraestructura de manera que ya se ha invertido en España más de un billón y medio en tecnología”. Además, según Mato, el PP se compromete a implantar las Nuevas Tecnologías de forma que se garantice el acceso por igual a todos los ciudadanos y sin ninguna restricción para lo que quiere aumentar la capacidad de acceso a Internet a todos los puntos de España.
Polémica sobre el caso Telefónica-BBVA
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La fusión de Telefónica y el BBVA fue otro de los temas que desató una fuerte polémica entre el PSOE y el PP, ya que el representante del primero acusó al Gobierno de Aznar de conocer la operación de antemano así como de haberla autorizado e “incluso auspiciado”, desprotegiendo al ciudadano. Ante estas declaraciones, Ana Mato espetó que “el Gobierno español no es intervencionista así que si dos empresas privadas se alían, siempre que se cumplan las leyes y no afecte al ciudadano ni a la competencia, el Gobierno no se inmiscuirá. En este momento se están analizando las repercusiones de este acuerdo y, si existiera algún perjuicio para el consumidor, el presidente del Gobierno tomará las decisiones pertinentes”.
