La BSA da un nuevo revés a la piratería ilegal de software
Interpone una demanda civil contra la empresa Europroject
La Business Software Alliance ha interpuesto una demanda civil contra Europroject por presuntos actos que podrían atentar contra los derechos de propiedad intelectual de los programas de ordenador de algunas de las compañías que forman parte de BSA.
Las acciones judiciales se iniciaron con motivo de la denuncia realizada ante la BSA por uno de sus canales habituales (página web o línea telefónica) y tras haber inspeccionado alrededor de 30 de los ordenadores que esta empresa dedicada al desarrollo de proyectos de técnicos de ingeniería tiene en su sede social del Parque Tecnológico de Cerdañola del Vallés, próximo a Barcelona.
La actividad de la BSA está encaminada a erradircar el uso ilegal del software, una actividad que durante el pasado año generó en nuestro país pérdidas valoradas en 30.5000 millones de pesetas y que nos sitúan con un 51% en el segundo país europeo con más piratería de software, seguida de Grecia. Además de luchar contra el delito informático, la BSA trata de educar a los usuarios informáticos sobre los derechos de autor del software, defender el interés público que fomenta la innovación y ampliar las oportunidades comerciales.
Para lograr sus objetivos, la asociación mantiene dos canales, por un lado las campañas de marketing y por otro las acciones legales. Mientras que las primeras intentan concienciar sobre las repercusiones que estas acciones tienen en el sector y en la sociedad en su conjunto, las acciones legales pretenden eliminar esta práctica mediante la destrucción del software ilegal, la sustitución de éste por otro legal y el pago de una indemnización ejemplarizante para otros posibles infractores.
Con el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual como marco y en base a las sentencias dictadas en supuestos similares, se calcula que Europroject podría tener que desembolsar un total de 10 millones de pesetas en concepto de indemnización por daños y perjuicios de las compañías de software cuyos derechos han sido vulnerados. Entre los miembros de BSA en España se incluyen Adobe, Autodesk, Corel, FileMaker, Grupo SP, Macromedia, Microsoft, Panda Software y PowerQuest.
La BSA mantiene actualmente 30 causas abiertas y otros 25 procesos de investigación. El porcentaje de éxito de esta asociación ante acciones judiciales es del 100%, ya que todas las demandas han terminado en sentencias condenatorias”, apunta Carmen Romero, miembro de la firma Landwel, departamento legal de PricewaterhouseCoopers, encargados de las cuestiones legales de la BSA en España. De la misma forma, Romero señala que existen reincidentes, aunque son los menos, “porque la propia sentencia condenatoria les obliga a comprar software ilegal, con lo que la inversión ya está hecha”.
Las acciones judiciales se iniciaron con motivo de la denuncia realizada ante la BSA por uno de sus canales habituales (página web o línea telefónica) y tras haber inspeccionado alrededor de 30 de los ordenadores que esta empresa dedicada al desarrollo de proyectos de técnicos de ingeniería tiene en su sede social del Parque Tecnológico de Cerdañola del Vallés, próximo a Barcelona.
La actividad de la BSA está encaminada a erradircar el uso ilegal del software, una actividad que durante el pasado año generó en nuestro país pérdidas valoradas en 30.5000 millones de pesetas y que nos sitúan con un 51% en el segundo país europeo con más piratería de software, seguida de Grecia. Además de luchar contra el delito informático, la BSA trata de educar a los usuarios informáticos sobre los derechos de autor del software, defender el interés público que fomenta la innovación y ampliar las oportunidades comerciales.
Para lograr sus objetivos, la asociación mantiene dos canales, por un lado las campañas de marketing y por otro las acciones legales. Mientras que las primeras intentan concienciar sobre las repercusiones que estas acciones tienen en el sector y en la sociedad en su conjunto, las acciones legales pretenden eliminar esta práctica mediante la destrucción del software ilegal, la sustitución de éste por otro legal y el pago de una indemnización ejemplarizante para otros posibles infractores.
Con el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual como marco y en base a las sentencias dictadas en supuestos similares, se calcula que Europroject podría tener que desembolsar un total de 10 millones de pesetas en concepto de indemnización por daños y perjuicios de las compañías de software cuyos derechos han sido vulnerados. Entre los miembros de BSA en España se incluyen Adobe, Autodesk, Corel, FileMaker, Grupo SP, Macromedia, Microsoft, Panda Software y PowerQuest.
La BSA mantiene actualmente 30 causas abiertas y otros 25 procesos de investigación. El porcentaje de éxito de esta asociación ante acciones judiciales es del 100%, ya que todas las demandas han terminado en sentencias condenatorias”, apunta Carmen Romero, miembro de la firma Landwel, departamento legal de PricewaterhouseCoopers, encargados de las cuestiones legales de la BSA en España. De la misma forma, Romero señala que existen reincidentes, aunque son los menos, “porque la propia sentencia condenatoria les obliga a comprar software ilegal, con lo que la inversión ya está hecha”.
