La Administración de 2000 aúna gestión privada con propiedad pública
Según un estudio de EIU y Andersen Consulting
La Administración española ha protagonizado una notable transformación en los últimos veinte años. Los recortes presupuestarios junto con la exigencia de mejores servicios sociales y los avances protagonizados por las TI han impuesto reformas estructurales imposibles de abordar con recursos propios. Privatización, externalización y creación de empresas conjuntas entre sector privado y público son las bazas para posicionar al Estado en la Sociedad de la Información, según Economist Intelligence Unit (EIU) y Andersen Consulting.
En el momento en que España decidió ser miembro de la Unión Europea, el Gobierno impuso fuertes restricciones presupuestarias que forzaron a los responsables del sector público a cuestionarse la estructura de los sistemas existentes y promover nuevas formas de gestionar los servicios que conllevaran costes más bajos. La encuesta realizada por EIU y Andersen Consulting revela que funcionarios y fuerzas políticas vieron en estas restricciones el impulso necesario para reformar la estructura administrativa del Estado: un 43% de los entrevistados afirman que estas limitaciones de costes son un importante factor en la actualidad mientras que un 66% cree que los frutos de este recorte presupuestario serán visibles a partir de 2010.
Para abordar estas limitaciones, la Administración hubo de idear nuevas formas de gestión como la privatización. Fruto de las restricciones presupuestarias y animado por su entrada en la Unión Monetaria, el Gobierno vendió sus holdings y esbozó un plan que desterrará al Ejecutivo de la llamada economía productiva en 2001. Aunque la privatización funciona, el Gobierno necesita encontrar nuevos caminos con lo que reducir costes y mejorar la eficiencia de sus procesos ya que miembros de las fuerzas políticas dudan que el Ejecutivo pueda por sí solo reunir los recursos necesarios para abordar estos retos con éxito. De acuerdo con lo publicado por EIU y Andersen Consulting, las alternativas que se abren ante el Ejecutivo son bien la externalización bien las alianzas con actores del sector privado.
Alianzas y outsourcing alternativas a la privatización
El outsourcing se convertirá, a tenor de la encuesta de EIU y Andersen Consulting, en la mejor alternativa del Gobierno en los próximos años. Aunque sólo el 20% de los encuestados respondió que la externalización es ya un componente principal en la gestión de servicios; un 80% piensa que su máximo desarrollo no lo alcanzará hasta 2010. Entre las razones que aduce la Administración para decantarse por el outsourcing son las mejoras que conlleva en el nivel de servicio prestado, la flexibilidad y productividad y la rápida implementación de nuevos programas. En la actualidad, el Gobierno subcontrata servicios básicos como limpieza de oficinas, seguridad o mantenimiento de edificios. Sin embargo, esta nueva modalidad se está extendiendo a nuevas áreas tales como aplicaciones de software, Tecnologías de la Información y servicios de telecomunicaciones. El estudio establece que la tendencia a externalizar servicios irá en aumento. En este sentido, TI y aplicaciones, con un 82% y 71% respectivamente, son los servicios más proclives a subcontratar. Las regiones del mediterráneo son las que más servicios arriendan a terceros. Así, el gobierno de la Ciudad Condal ha externalizado la gestión de su centro de TI: el Ejecutivo mantiene la propiedad de los datos pero ha delegado su gestión a una empresa privada.
En el caso de las alianzas, la colaboración entre empresas y Administración es todavía incipiente, sin embargo, es necesario, tal y como revela el estudio, un empuje que cambie radicalmente la manera en que trabaja el Estado. La razón por que estos acuerdos no se lleven a cabo es, según EIU y Andersen Consulting, el rechazo de los políticos a prenscindir de los servicios de más de dos millones de funcionarios.
El cambio que se está gestando dentro de la estructura de la Administración encuentra fuertes barreras a su desarrollo: La falta de voluntad política que favorezca las colaboraciones entre el sector público y privado; la resistencia de los sindicatos a las recientes privatizaciones del Gobierno y, por último, la falsa creencia de que la participación de empresas en la Administración conlleve un descuido en la prestación de servicios esenciales. En este sentido, la encuesta revela la necesidad de enseñar a la ciudadanía a diferenciar entre gestión privada y propiedad privada y a aceptar que el Gobierno puede transferir la gestión a empresas de capital privado sin descuidar la provisión de servicios públicos básicos.
La zona mediterránea, pionera en la externalización de servicios
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En las dos últimas dos décadas, España ha pasado de ser uno de los países más centralizado a uno de los más descentralizados. Aunque la mayor parte de la Administración considera este proceso positivo en la medida que ha creado un sistema más cercano al ciudadano, algunos políticos creen que España perdió una oportunidad única para reformar su sector público y en vez de crear un modelo administrativo más dinámico, las comunidades se limitaron a replicar el sistema burocrático central. La excepción que confirma la regla son la comunidad valenciana, Cataluña e Islas Baleares donde los gobiernos locales han abierto camino en la externalización de servicios y en la creación de empresas conjuntas entre sector público y privado. Así, tal y como manifiesta Josep María Via, secretario del gobierno regional de Cataluña, la administración local ha roto el monopolio que existía en determinados servicios que, tradicionalmente, se consideran de dominio público tales como la inspección industrial y de vehículos. Por otro lado, en Valencia nos encontramos con el mayor desarrollo de gestión sanitaria en España: El nuevo hospital comarcal ha sido financiado, construido y, ahora, es gestionado por una empresa privada.
En el momento en que España decidió ser miembro de la Unión Europea, el Gobierno impuso fuertes restricciones presupuestarias que forzaron a los responsables del sector público a cuestionarse la estructura de los sistemas existentes y promover nuevas formas de gestionar los servicios que conllevaran costes más bajos. La encuesta realizada por EIU y Andersen Consulting revela que funcionarios y fuerzas políticas vieron en estas restricciones el impulso necesario para reformar la estructura administrativa del Estado: un 43% de los entrevistados afirman que estas limitaciones de costes son un importante factor en la actualidad mientras que un 66% cree que los frutos de este recorte presupuestario serán visibles a partir de 2010.
Para abordar estas limitaciones, la Administración hubo de idear nuevas formas de gestión como la privatización. Fruto de las restricciones presupuestarias y animado por su entrada en la Unión Monetaria, el Gobierno vendió sus holdings y esbozó un plan que desterrará al Ejecutivo de la llamada economía productiva en 2001. Aunque la privatización funciona, el Gobierno necesita encontrar nuevos caminos con lo que reducir costes y mejorar la eficiencia de sus procesos ya que miembros de las fuerzas políticas dudan que el Ejecutivo pueda por sí solo reunir los recursos necesarios para abordar estos retos con éxito. De acuerdo con lo publicado por EIU y Andersen Consulting, las alternativas que se abren ante el Ejecutivo son bien la externalización bien las alianzas con actores del sector privado.
Alianzas y outsourcing alternativas a la privatización
El outsourcing se convertirá, a tenor de la encuesta de EIU y Andersen Consulting, en la mejor alternativa del Gobierno en los próximos años. Aunque sólo el 20% de los encuestados respondió que la externalización es ya un componente principal en la gestión de servicios; un 80% piensa que su máximo desarrollo no lo alcanzará hasta 2010. Entre las razones que aduce la Administración para decantarse por el outsourcing son las mejoras que conlleva en el nivel de servicio prestado, la flexibilidad y productividad y la rápida implementación de nuevos programas. En la actualidad, el Gobierno subcontrata servicios básicos como limpieza de oficinas, seguridad o mantenimiento de edificios. Sin embargo, esta nueva modalidad se está extendiendo a nuevas áreas tales como aplicaciones de software, Tecnologías de la Información y servicios de telecomunicaciones. El estudio establece que la tendencia a externalizar servicios irá en aumento. En este sentido, TI y aplicaciones, con un 82% y 71% respectivamente, son los servicios más proclives a subcontratar. Las regiones del mediterráneo son las que más servicios arriendan a terceros. Así, el gobierno de la Ciudad Condal ha externalizado la gestión de su centro de TI: el Ejecutivo mantiene la propiedad de los datos pero ha delegado su gestión a una empresa privada.
En el caso de las alianzas, la colaboración entre empresas y Administración es todavía incipiente, sin embargo, es necesario, tal y como revela el estudio, un empuje que cambie radicalmente la manera en que trabaja el Estado. La razón por que estos acuerdos no se lleven a cabo es, según EIU y Andersen Consulting, el rechazo de los políticos a prenscindir de los servicios de más de dos millones de funcionarios.
El cambio que se está gestando dentro de la estructura de la Administración encuentra fuertes barreras a su desarrollo: La falta de voluntad política que favorezca las colaboraciones entre el sector público y privado; la resistencia de los sindicatos a las recientes privatizaciones del Gobierno y, por último, la falsa creencia de que la participación de empresas en la Administración conlleve un descuido en la prestación de servicios esenciales. En este sentido, la encuesta revela la necesidad de enseñar a la ciudadanía a diferenciar entre gestión privada y propiedad privada y a aceptar que el Gobierno puede transferir la gestión a empresas de capital privado sin descuidar la provisión de servicios públicos básicos.
La zona mediterránea, pionera en la externalización de servicios
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En las dos últimas dos décadas, España ha pasado de ser uno de los países más centralizado a uno de los más descentralizados. Aunque la mayor parte de la Administración considera este proceso positivo en la medida que ha creado un sistema más cercano al ciudadano, algunos políticos creen que España perdió una oportunidad única para reformar su sector público y en vez de crear un modelo administrativo más dinámico, las comunidades se limitaron a replicar el sistema burocrático central. La excepción que confirma la regla son la comunidad valenciana, Cataluña e Islas Baleares donde los gobiernos locales han abierto camino en la externalización de servicios y en la creación de empresas conjuntas entre sector público y privado. Así, tal y como manifiesta Josep María Via, secretario del gobierno regional de Cataluña, la administración local ha roto el monopolio que existía en determinados servicios que, tradicionalmente, se consideran de dominio público tales como la inspección industrial y de vehículos. Por otro lado, en Valencia nos encontramos con el mayor desarrollo de gestión sanitaria en España: El nuevo hospital comarcal ha sido financiado, construido y, ahora, es gestionado por una empresa privada.
