Jordi Alvinyà, Secretario de Telecomunicaciones y SI de la Generalitat: "La Administración Pública tiene el reto de ofrecer servicios que incentiven el uso de Internet"
Creada en 1998, fruto directo del interés de Jordi Pujol en que Cataluña no perdiera el tren de la Sociedad de la Información, la Secretaría de Telecomunicaciones y SI actualmente está realizando la revisión del Plan Estratégico Catalunya en xarxa (Cataluña en red) y definiendo el nuevo. ¿Cuáles son las nuevas necesidades que han surgido?¿Qué líneas se van a seguir?
- Lo que pretendemos hacer se ha intentado plasmar en el nuevo Plan Estratégico que hemos acordado realizar con Localret. Se decidió actualizarlo tras la constatación de que la realidad tecnológica y económica del año 2002 es diferente de la de 1998, cuando se empezó a redactar. En la medida en que la cobertura de redes comienza a estar encarrilada y contamos con una trama de puntos de acceso público a Internet y con temas de formación, hemos de plantear para los próximos cuatro años un salto cualitativo de consolidación de la Sociedad de la Información muy dirigido a la prestación de servicios. Esto incluye el desarrollo total de la Administració Oberta de Catalunya (AOC, Administración Abierta de Cataluña) y el acceso del conjunto de empresas a la Red, al comercio electrónico y a la prestación de servicios.
La AOC es el estandarte de la Generalitat para la introducción total en la Sociedad de la Información. Sin embargo, según la última encuesta del Observatorio de la SI, sólo el 28% de los ciudadanos catalanes accede a Internet. ¿Cómo se piensa llevar a cabo su extensión?
- Estamos desarrollando el proyecto Nodat, que queremos llevar a cabo con el consorcio Localret. Pretendemos crear la red de puntos de acceso público a Internet para que la población no tenga excusa para usar Internet. Además vamos a facilitar formación en el manejo de las TIC, junto con cursos de autoaprendizaje que habrá en Internet. En el mes de junio lo lanzaremos a la calle y se realizará a lo largo del 2002. Pero, una vez que la gente tiene medios para acceder y está formada, necesita tener un aliciente, unos servicios que les sean de utilidad. Desde la Administración Pública tenemos el reto de poner servicios que hagan interesante el uso de la Red y esto es la AOC, la Administración en la Red. Las empresas también han de ofrecer servicios que sean atractivos, servicios de pago, pero útiles. Existe también el reto de que las pymes catalanas se pongan en Internet ya que son las que tienen capacidad de prestar servicios para que la gente se conecte usualmente. La AOC será un modo de que las pymes utilicen la Red habitualmente. Una de las cosas que lo puede incentivar es que la propia Administración compre en línea. Se podría crear un marketplace de la Generalitat y de las Administraciones locales para habituar a los proveedores de éstas a contratar en línea. Como medidas complementarias observamos los colectivos específicos con más problemática para los que se ha de encontrar el servicio que los atraiga y no queden marginados.
Con la AOC, la Generalitat se ha ligado totalmente a Microsoft, lo que le ha valido las críticas de colectivos como Hispalinux o Softcatalà, que defienden el uso del software libre. Incluso aportan estudios en los que se recoge que el Estado ahorraría hasta 300 millones de euros con este software.
- La decisión se tomó a la hora de comenzar la partida. Microsoft nos proponía una plataforma que ofrecía servicios completos y que había sido testada en Reino Unido, de manera que los inconvenientes detectados se habían solventado. También podíamos construir a partir de un lenguaje abierto toda una nueva aplicación, lo que significaba más costes y tiempo. Para esta aplicación y el servicio de la AOC nos ha parecido que éste es el lenguaje, pero que quede claro que la Generalitat no adopta de manera universal Microsoft. Es evidente que el lenguaje abierto tiene ventajas, eso no lo discutiremos nunca.
La Generalitat tiene un compromiso muy fuerte de llevar la banda ancha a toda Cataluña y cada vez es más evidente la necesidad de la inversión pública, que incluso la empiezan a requerir colectivos como Localret. ¿Cuál es el trabajo de la Secretaría en esta área?
- En estos momentos estamos desarrollando el proyecto Microcom que analiza comarca a comarca el estado de la red de telecomunicaciones. Se prevé acabarlo antes del verano. Además se están ejecutando tres pruebas piloto con todos los operadores en comarcas especialmente complicadas desde el punto de vista de despliegue de red (orografía, baja demografía); también estamos haciendo pruebas de satélite bidireccional. De aquí queremos extraer las conclusiones de qué tecnologías nos convienen más. No nos casamos con el cable porque hay otras tecnologías como GPRS, satélite, LMDS, ADSL o xDSL que proporcionan el servicio que se necesita. Estamos analizando cuál de estas inversiones nos da mejor respuesta para extenderla al resto del territorio. Una vez hayan acabado las pruebas piloto estaremos en disposición de decidir hasta dónde es esperable que las empresas actúen por sí mismas y dónde francamente no lo es y entonces hará falta que las Administraciones Públicas participen activamente. Pero se puede intervenir de muchas maneras: incentivando que las empresas vayan a cambio de otros servicios que se puedan prestar y que compensen o bien invirtiendo en el territorio. Estamos observando que todos los operadores de telecomunicaciones invierten poco y algunos prácticamente nada y se están dedicando a comercializar todas las inversiones realizadas en los últimos años. No esperamos un relanzamiento de la inversión en redes a corto plazo y aquí las Administraciones han de ayudar.
¿Hasta dónde llega el compromiso?
- A instancia de una propuesta presentada por CiU en el Congreso y admitida por el PP, se ha incorporado el acceso de Internet a la directiva europea sobre el servicio universal de telecomunicaciones. Es fundamental porque supone que todos los ciudadanos de la Unión Europea han de tener asegurado el acceso a la Red, lo que no pasa con la telefonía rural. Nos permitirá garantizar una calidad de acceso aceptable; no óptima porque con el servicio universal se habla de los mínimos que se pueden establecer y que cada Estado deberá definir cuál es la velocidad mínima. A pesar de esto sigo pensado que será necesario que las Administraciones Públicas, en todos los niveles, ayudemos, quizás yendo un poco más allá o más rápido porque en el acceso a la Sociedad de la Información un año de retraso es un año que se paga caro como país y como sociedad. Con el proyecto Microcom queremos definir el servi