Inversión en la Ley de Administración Electrónica
En una reciente intervención, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, habló en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Administración Electrónica que el Ejecutivo enviará próximamente al Parlamento –cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2008– anunciando, para el trienio 2008-10, un gasto del Gobierno en Tecnologías de la Información de 6.135 millones de euros –con crecimiento anual de cerca del 14%–, añadiendo que la nueva ley supondrá un coste adicional de 310 millones de euros. Bienvenidos sean todos los anuncios de inversiones en TIC por parte del Ejecutivo, pero se impone, para que se entiendan sin equivocadas interpretaciones –si se logra sin generar dudas, todavía mejor– que se expliquen detalladamente las cifras. Porque, con la profusión de planes anunciados desde que comenzó la presente legislatura –con sus correspondientes asignaciones presupuestarias– es difícil, incluso para aquellos profesionalmente interesados en su seguimiento, saber con precisión las partidas anuales y los correspondientes conceptos que cubrirán.
Teniendo en cuenta que en la Administración General del Estado (AGE) pueden encontrarse demasiados casos de promesas incumplidas en asuntos relacionados con las TIC, con el fin de evitar más ejemplos de deseos frustrados, sería recomendable que todas las inversiones anunciadas para este ámbito fueran acompañadas de calendario y pormenorizadas explicaciones entendibles por usuarios, proveedores, y ciudadanos. Concretando qué inversión sería la estimada para hacer viable la nueva Ley de Administración Electrónica. Porque, teniendo en cuenta que los presupuestos TIC de la AGE correspondientes a 2006 totalizaron algo más de 1.592 millones de euros, más el incremento que tendrán para 2007; los asignados para 2008 podrían estar próximos a los 2.000 millones, casi un tercio de esa cifra mágica de algo más de 6.000 millones anunciada para el trienio 2008-10. Es decir, ese montante superior a los 6.000 millones de euros –que los muy optimistas suponen la inversión necesaria para hacer realidad el contenido de la Ley de Administración Electrónica– viene a ser el resultante de sumar los presupuestos TIC correspondientes a los años 2008-10. ¿Cuál será la inversión real producida por la puesta en marcha de la nueva Ley? Esto es lo que se debería explicar con detalle.
Teniendo en cuenta que en la Administración General del Estado (AGE) pueden encontrarse demasiados casos de promesas incumplidas en asuntos relacionados con las TIC, con el fin de evitar más ejemplos de deseos frustrados, sería recomendable que todas las inversiones anunciadas para este ámbito fueran acompañadas de calendario y pormenorizadas explicaciones entendibles por usuarios, proveedores, y ciudadanos. Concretando qué inversión sería la estimada para hacer viable la nueva Ley de Administración Electrónica. Porque, teniendo en cuenta que los presupuestos TIC de la AGE correspondientes a 2006 totalizaron algo más de 1.592 millones de euros, más el incremento que tendrán para 2007; los asignados para 2008 podrían estar próximos a los 2.000 millones, casi un tercio de esa cifra mágica de algo más de 6.000 millones anunciada para el trienio 2008-10. Es decir, ese montante superior a los 6.000 millones de euros –que los muy optimistas suponen la inversión necesaria para hacer realidad el contenido de la Ley de Administración Electrónica– viene a ser el resultante de sumar los presupuestos TIC correspondientes a los años 2008-10. ¿Cuál será la inversión real producida por la puesta en marcha de la nueva Ley? Esto es lo que se debería explicar con detalle.
