Innovación, interoperabilidad y puesta en marcha en plazos de nuevos servicios a los ciudadanos retos que el nuevo año traerá a la Administración Pública española
En un momento económico complicado como el actual, los responsables de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Administración Pública deben preparar a sus organismos para la inminente entrada en vigor de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), que marcará un antes y un después en la relación entre los entes públicos y los ciudadanos y exige el despliegue de un amplio catálogo de nuevos servicios que tienen al ciudadano como centro. Todo esto obliga a sus CIO a contar con una estrategia definida en materia TIC, marcada por un concepto: la innovación. Con el fin de analizar cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el sector público español y cómo es posible que innove en tiempos difíciles, mejorando su operativa interna ComputerWorld reunió a los responsables de los principales Ministerios y organismos de la Administración Pública española para conocer sus prioridades .
Para Carmen Pérez, subdirectora general adjunta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (TIC) del Ministerio de Educación, “estamos en la última fase de la implantación de la Ley 11/2007 aunque hay todavía algunos aspectos que no están finalizados. Su puesta en marcha ha abierto la caja de Pandora. A partir de marzo de 2010 todos los servicios deben ser ofrecidos a los ciudadanos y éste puede requerir judicialmente su prestación. Los principales problemas no vendrán por la falta de infraestructuras, pues aunque la administración local todavía debe mejorar, lo más importante ya está hecho. El problema es hacer frente a todo lo relacionado con la interoperabilidad entre las diferentes administraciones. En el Ministerio de Educación trabajamos en aspectos como la simplificación de los procedimientos que mejorará el intercambio de información”.
Francisco Crespo, subdirector general de TIC del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación asegura que, “no podemos pasar por alto un aspecto; en la Administración siempre hemos apostado por la innovación incluso antes de la promulgación de la Ley 11/2007. Sin innovación no habría sido posible poner en marcha proyectos que ya están funcionando y que demandan un alto nivel tecnológico, lo que ha obligado incluso a los proveedores a realizar innovaciones en sus productos para atender nuestras demandas. La Ley de Acceso Electrónico del Ciudadano a la Administración Pública no sería posible sino hubieran existido con anterioridad otras leyes puestas en marcha desde 2002 y que han sentado las bases tecnológicas para lo que ahora se necesita”.
Un mundo de servicios
Para Mª Victoria Figueroa, subdirectora general de Sistemas de Información del Ministerio de Presidencia, “estamos al principio del cumplimiento de la Ley, que es un paso importante para cambiar la ventanilla de cada ministerio por la ventanilla en Internet. Debemos no sólo poner los servicios en la Red sino comunicar al ciudadano todo el mundo de posibilidades que se abre ante ellos a partir del próximo año”.
Alejandro Lazcano, subdirector general de Planificación y Coordinación Informática del Ministerio de Trabajo e Inmigración, explica que, “el momento económico actual es complicado. La entrada en vigor de la Ley significa la puesta en marcha de procedimientos de alto impacto que tienen una importancia estratégica para el ciudadano. Ya hemos cumplido muchos de los mandatos establecidos por la Ley, hemos transformado procesos internos de los organismos, convirtiéndolos en servicios al ciudadano, utilizando para ello la infraestructura de gestión interna y sin que signifique un incremento del presupuesto y ahora debemos mejorarlos. Somos la primera administración en Europa e incluso en el mundo que ha hecho una definición de un modelo estratégico de servicios”.
Manuel Gómez, subdirector general de Cooperación y Relaciones Interadministrativas del Ministerio de la Vivienda: “tenemos una serie de hándicap como la falta de presupuesto, de coordinación entre organismos y nos hemos visto obligados a establecer nuestras prioridades en base a una Ley en lugar de a nuestras propias necesidades. No se ha conseguido poner en práctica un esquema nacional de interoperabilidad ni de seguridad. Hay una voluntad política de poner en marcha servicios aunque la forma de desplegarse no sea la más eficaz para los ciudadanos”.
El papel de la UE
Jesús García Tello subdirector de servicios de Red.es: “desde Red.es tenemos una doble visión, desde el punto de vista de los servicios, ya que durante todo 2009 hemos trabajado con diferentes organismos de la Administración General del Estado para incrementar la interoperabilidad. La Administración siempre ha puesto en marcha proyectos con una gran carga de innovación pero hay que hacerlo con cautela, contando con un sistema robusto y fiable por lo que en muchas ocasiones las AAPP van por detrás de la empresa privada y utiliza la tecnología cuando ya está probada. Un campo en el que innovar es la convergencia de canales y uno de los retos es ofrecer los servicios cuando el ciudadanos lo requiera y a través del canal que elija”.
Luis Delgado, responsable de desarrollo de negocio de BT, “no debemos olvidar que a los mandatos de la Ley 11 hay que sumar aquellos a los que nos obliga la UE; conseguir la plena implantación de la Sociedad del Conocimiento; la reducción de la huella de Carbono, el acceso seguro y con garantías de los ciudadanos a la e-administración o el acceso de las pymes a la red. Todo ello está relacionado directamente con las telecomunicaciones por lo que la misión estratégica de la AA.PP es impulsar las comunicaciones y la innovación en infraestructuras es el camino. Desde la UE se está impulsando una reforma de las telecomunicaciones para promover la competencia, un mercado mucho más abierto y con más jugadores”.
La imaginación como objetivo
Carmen Pérez, del Ministerio de Educación asegura que, “la reducción de los presupuestos nos obligará a ser más imaginativos. Aspectos como el almacenamiento y los servicios 24x7 van a suponer un gasto que debemos reconducir y un gran esfuerzo en desarrollo”.
Luis Delgado, de BT aporta un nuevo aspecto: “uno de los retos más importantes es hacer más con menos y un camino para conseguirlo son los acuerdos con socios tecnológicos que ayuden a reducir los costes pero sin olvidar que la administración debería permitir la reutilización de proyectos ya realizados”.
Alejandro Lazcano, del Ministerio de Trabajo e Inmigración asegura que, “uno de los beneficios de tener un objetivo común, es que estamos colaborando como no lo habíamos hecho nunca. Hemos salido de las islas en las que cada uno trabajaba para poner en común diferentes proyectos”.
Para Santiago Martínez, director comercial del sector de la AAPP de BT, “en España tenemos un hándicap que no se presenta en el resto de los países de la UE. La existencia de 17 Comunidades Autónomas cada una con sus propios proyectos. Ponerlas a todas de acuerdo no es fácil. Además en los próximos meses, tendremos que entendernos con el resto de los países de la UE”.
Jesus García de Red.es asegura que, “antes de poder compartir servicios, es necesario poner las bases, tener los
Para Carmen Pérez, subdirectora general adjunta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (TIC) del Ministerio de Educación, “estamos en la última fase de la implantación de la Ley 11/2007 aunque hay todavía algunos aspectos que no están finalizados. Su puesta en marcha ha abierto la caja de Pandora. A partir de marzo de 2010 todos los servicios deben ser ofrecidos a los ciudadanos y éste puede requerir judicialmente su prestación. Los principales problemas no vendrán por la falta de infraestructuras, pues aunque la administración local todavía debe mejorar, lo más importante ya está hecho. El problema es hacer frente a todo lo relacionado con la interoperabilidad entre las diferentes administraciones. En el Ministerio de Educación trabajamos en aspectos como la simplificación de los procedimientos que mejorará el intercambio de información”.
Francisco Crespo, subdirector general de TIC del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación asegura que, “no podemos pasar por alto un aspecto; en la Administración siempre hemos apostado por la innovación incluso antes de la promulgación de la Ley 11/2007. Sin innovación no habría sido posible poner en marcha proyectos que ya están funcionando y que demandan un alto nivel tecnológico, lo que ha obligado incluso a los proveedores a realizar innovaciones en sus productos para atender nuestras demandas. La Ley de Acceso Electrónico del Ciudadano a la Administración Pública no sería posible sino hubieran existido con anterioridad otras leyes puestas en marcha desde 2002 y que han sentado las bases tecnológicas para lo que ahora se necesita”.
Un mundo de servicios
Para Mª Victoria Figueroa, subdirectora general de Sistemas de Información del Ministerio de Presidencia, “estamos al principio del cumplimiento de la Ley, que es un paso importante para cambiar la ventanilla de cada ministerio por la ventanilla en Internet. Debemos no sólo poner los servicios en la Red sino comunicar al ciudadano todo el mundo de posibilidades que se abre ante ellos a partir del próximo año”.
Alejandro Lazcano, subdirector general de Planificación y Coordinación Informática del Ministerio de Trabajo e Inmigración, explica que, “el momento económico actual es complicado. La entrada en vigor de la Ley significa la puesta en marcha de procedimientos de alto impacto que tienen una importancia estratégica para el ciudadano. Ya hemos cumplido muchos de los mandatos establecidos por la Ley, hemos transformado procesos internos de los organismos, convirtiéndolos en servicios al ciudadano, utilizando para ello la infraestructura de gestión interna y sin que signifique un incremento del presupuesto y ahora debemos mejorarlos. Somos la primera administración en Europa e incluso en el mundo que ha hecho una definición de un modelo estratégico de servicios”.
Manuel Gómez, subdirector general de Cooperación y Relaciones Interadministrativas del Ministerio de la Vivienda: “tenemos una serie de hándicap como la falta de presupuesto, de coordinación entre organismos y nos hemos visto obligados a establecer nuestras prioridades en base a una Ley en lugar de a nuestras propias necesidades. No se ha conseguido poner en práctica un esquema nacional de interoperabilidad ni de seguridad. Hay una voluntad política de poner en marcha servicios aunque la forma de desplegarse no sea la más eficaz para los ciudadanos”.
El papel de la UE
Jesús García Tello subdirector de servicios de Red.es: “desde Red.es tenemos una doble visión, desde el punto de vista de los servicios, ya que durante todo 2009 hemos trabajado con diferentes organismos de la Administración General del Estado para incrementar la interoperabilidad. La Administración siempre ha puesto en marcha proyectos con una gran carga de innovación pero hay que hacerlo con cautela, contando con un sistema robusto y fiable por lo que en muchas ocasiones las AAPP van por detrás de la empresa privada y utiliza la tecnología cuando ya está probada. Un campo en el que innovar es la convergencia de canales y uno de los retos es ofrecer los servicios cuando el ciudadanos lo requiera y a través del canal que elija”.
Luis Delgado, responsable de desarrollo de negocio de BT, “no debemos olvidar que a los mandatos de la Ley 11 hay que sumar aquellos a los que nos obliga la UE; conseguir la plena implantación de la Sociedad del Conocimiento; la reducción de la huella de Carbono, el acceso seguro y con garantías de los ciudadanos a la e-administración o el acceso de las pymes a la red. Todo ello está relacionado directamente con las telecomunicaciones por lo que la misión estratégica de la AA.PP es impulsar las comunicaciones y la innovación en infraestructuras es el camino. Desde la UE se está impulsando una reforma de las telecomunicaciones para promover la competencia, un mercado mucho más abierto y con más jugadores”.
La imaginación como objetivo
Carmen Pérez, del Ministerio de Educación asegura que, “la reducción de los presupuestos nos obligará a ser más imaginativos. Aspectos como el almacenamiento y los servicios 24x7 van a suponer un gasto que debemos reconducir y un gran esfuerzo en desarrollo”.
Luis Delgado, de BT aporta un nuevo aspecto: “uno de los retos más importantes es hacer más con menos y un camino para conseguirlo son los acuerdos con socios tecnológicos que ayuden a reducir los costes pero sin olvidar que la administración debería permitir la reutilización de proyectos ya realizados”.
Alejandro Lazcano, del Ministerio de Trabajo e Inmigración asegura que, “uno de los beneficios de tener un objetivo común, es que estamos colaborando como no lo habíamos hecho nunca. Hemos salido de las islas en las que cada uno trabajaba para poner en común diferentes proyectos”.
Para Santiago Martínez, director comercial del sector de la AAPP de BT, “en España tenemos un hándicap que no se presenta en el resto de los países de la UE. La existencia de 17 Comunidades Autónomas cada una con sus propios proyectos. Ponerlas a todas de acuerdo no es fácil. Además en los próximos meses, tendremos que entendernos con el resto de los países de la UE”.
Jesus García de Red.es asegura que, “antes de poder compartir servicios, es necesario poner las bases, tener los
