Informática y fraude fiscal.
Se han publicado noticias sobre la nueva organización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), orientada a hacer más ágil, flexible y positiva la persecución del fraude fiscal. En base a ello, se ha elaborado un plan estratégico para inspeccionar a fondo todas las empresas que facturan más de mil millones de pesetas al año -parece que pasan de las diez mil- así como a aquellos empresarios y profesionales con ingresos por debajo de esa cifra -en este colectivo puede haber un millón de contribuyentes- y, en tercer lugar de importancia, se encuentran aquellos que se han acogido al régimen de estimación objetiva por módulos (dos millones aproximadamente). A los nueve millones restantes de contribuyentes, controlados por la nómina, se les investigará selectivamente, sobre determinadas deducciones. Este exhaustivo seguimiento y control esperan poder realizarlo en un tiempo mínimo de cinco años.
Las ansias recaudatorias formuladas desde instancias del Ministerio de Economía y Hacienda, provocan que la gran masa de contribuyentes se pregunte sobre las posibilidades reales de la AEAT para llevar a la práctica el ambicioso proyecto de persecución del fraude fiscal. La constatación de la fuerza que posee radica en su Departamento de Informática Tributaria, del que la propia Agencia opina así: su aportación hoy en día supone un apoyo insustituíble en la tarea de facilitar la recaudación de los tributos, lo que da lugar a una elevación general de la productividad en este ámbito de la Administración. Unicamente de esa manera puede entenderse el enorme incremento experimentado por las recaudaciones tributarias que no se sustenta en un alza correlativa de los tipos impositivos o valores gravados, sino en un aumento del número de declarantes tanto por la toma de conciencia por los contribuyentes de sus obligaciones fiscales como por la propia eficacia administrativa. La agresiva política de inversión de la Informática Tributaria es el denominador común de su, llamémosla, actuación empresarial a lo largo de los últimos años, tendente a la ampliación y adaptación de sus equipos informáticos a las nuevas tecnologías que se suceden en este mercado. Dicho comportamiento persigue obtener un mayor rendimiento en el desarrollo de las aplicaciones, dotando al resto de los órganos pertenecientes a la Administración Tributaria de los medios técnicos precisos para mejorar la gestión, la lucha contra el fraude fiscal y la asistencia al contribuyente. Las inversiones realizadas al efecto, que desde 1983 rondan los 30.000 millones de pesetas, presentan una marcha ascendente habiéndose incrementado sólo en 1990 en un 51,21% respecto al ejercicio anterior. En concreto, el importe total invertido en ese año fue de 4.686 millones de pesetas, frente a los 3.099 millones de 1989, siendo destacable el avance registrado en la parcela del software que en porcentaje se situó en el 226,8 por ciento.
Asimismo, la Administración Tributaria, que cuenta con potentes y sofisticados equipos en los órganos centrales, ha ido incrementando la dotación de las unidades periféricas que, a final del año 1990 disponían, entre diversificados medios, con los siguientes: 118 procesadores, 1.045 discos, 184 cintas, 4.564 impresoras y 7.273 pantallas. Otro pilar fundamental para su trabajo es la Base de Datos Nacional, compuesta por los siguientes subsistemas: identificación, información individualizada, preselección de contribuyentes, estadísticas y herramientas de usuarios. Con éstas disponibilidades, es factible la preselección de presumibles defraudadores, mediante cruces de información, coherencia de las declaraciones y signos externos. Paulatinamente, el panorama antes esplendoroso para regatear al recaudador se ha ido ensombreciendo, y las fisuras para introducir el camelo disminuyen con celeridad.
El aldabonazo que confiere a la AEAT la pretensión de recaudar más y mejor, ha servido para conmover la tranquilidad del contribuyente que tiene establecido una sistemática en sus obligaciones con el fisco, con la que se permite ocultar parte de sus ingresos, sin aparente riesgo de ser descubierto con facilidad. E insiste, por bueno que sea el trabajo indagatorio e investigador de los inspectores ¿dispone la Agencia de todos los medios informáticos, necesarios y suficientes, para materializar su ideal recaudador?. Mientras le llegan las evidencias, prefiere permanecer solapadamente escondido, practicando su desmarque fiscal. Cuando estime que ya es inviable la consecución del fraude, todavía le quedará el consuelo de repetir: ¡Que me quiten lo bailao!
