Estados Unidos y Europa se unen por la seguridad de los datos personales
Los ministros de Justicia europeos han decidido trabajar juntos para conseguir un acuerdo con Estados Unidos sobre la protección de datos personales. La decisión fue tomada estos días en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de la Unión.
La noticia ha surgido después de dos acuerdos controvertidos en torno a la gestión de la información de los ciudadanos europeos en banca y viajes por avión, que han saltado a la palestra en los últimos meses. Y es que, los acuerdos entre Terrorist Finance Tracking Program (SWIFT) y Passenger Name Records (PNR) han sacado a la luz las diferencias entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El mandato adoptado por los ministros pretende alcanzar un acuerdo que proporcione una serie de estándares de protección de datos armonizado y coherente, en el que se incluyan principios tales como minimización de los datos, períodos de retención mínimos y una limitación a la supervisión independiente. Aunque el acuerdo no proporcionaría la base jurídica para ninguna nueva transferencia de datos personales, cualquier acuerdo posterior estaría sujeto a estas normas.
La Comisaria de Justicia Viviane Reding se encontrará con su homólogo estadounidense en Washington en los próximos días para dar salida a las negociaciones en nombre de la Comisión Europea.
El mandato cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo que, aunque no está involucrado en su redacción, tendrá que dar su aprobación final. Los parlamentarios han pedido a la Comisión que garantice que cualquier transferencia de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea proteja las libertades civiles de los europeos. Miembros del Parlamento han bloqueado un acuerdo provisional interno a principios de este año sobre algunas preocupaciones de los ciudadanos europeos sobre la posibilidad de que la privacidad de los ciudadanos europeos no estuviera protegida. Para complacer a los diputados ha sido necesario revisar el acuerdo.
Los diputados de la Unión Europea, incluyendo el Comité de libertades civiles, apoyan los nuevos planes con la condición de que se respeten las actuales normas de protección de datos de la Unión Europea tales como el reforzamiento de los derechos de los individuos, los recursos administrativos y judiciales o una cláusula no discriminatoria.
El Consejo de Justicia, que el viernes dio el visto bueno a que comenzaran las conversaciones, está formado por representantes de los diferentes estados miembros de la Unión Europea. A pesar de la aprobación mayoritaria en este encuentro, algunos países de la Unión permanecen reticentes. Así, diplomáticos del Reino Unido, la República Checa, Suecia y Alemania han presionado para tener voz y voto sobre los términos del acuerdo.
Mientras tanto, el artículo 29 sobre Protección de Datos (WP29), que es el guardián de la privacidad en Europa, se ha quejado en una carta por no haber sido consultado en la materia. El WP29 envió su cara a las tres principales instituciones europeas, Consejo, Comisión y Parlamento.
El WP29 insiste en que cualquier acuerdo debe cumplir con el marco de protección de datos de la Unión Europea, incluyendo la Carta de Derechos Humanos. Quiere que la Comisión consiga una aplicación retroactiva del acuerdo para cubrir “todos los acuerdos multilaterales y bilaterales existentes entre la Unión Europea y/o sus estados miembros y Estados Unidos, a no ser que el actual nivel de protección de datos sea mayor que el nivel de protección ofrecido por el acuerdo”. También pidió un período de transición máximo de tres años.
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