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El Programa se desarrollará durante los años 2004 y 2005 con coste aproximado de 1.097 millones de euros exigiendo, para su éxito, compromiso político al más alto nivel, adecuado seguimiento, y modelo de gestión empresarial. Partiendo de la base de que el seguimiento tendría que ser implacable y el tipo de gestión empresarial auténtico, más dudas razonables se presentan al analizar el procedimiento y mecanismos de financiación. A la Administración General del Estado (AGE) le corresponde asumir el 63% del coste; a las Comunidades Autónomas el 27%; y al Sector Privado el 10%. Pero no se dice qué métodos se van a poner en marcha para garantizar la disponibilidad financiera, ni cómo lograrla. Porque en la AGE, por ejemplo, unos 436 millones de euros se aportarán mediante reasignación de actuales partidas presupuestarias, mientras que otros 285 millones aproximadamente provendrían de nuevos fondos con cargo a presupuestos. Sin aclarar si estas medidas incidirán de algún modo, pero negativamente, en mantenimientos y desarrollos de los sistemas de información ya comprometidos.
Asimismo, aparte de recomendable podría resultar muy útil remitir el Plan, para conocimiento e informe, a las tres Administraciones –General, Autonómica, y Local–, así como a asociaciones empresariales y de usuarios relacionadas con el tema. Nada se perdería.