España pretende destinar el 3% del PIB a I+D en 2010
Y así transformar el conocimiento en riqueza
España, que actualmente dedica el 0,97% del Producto Interior Bruto (PIB) a Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), pretende incrementar su inversión hasta el 3% del PIB en 2010, siguiendo las directrices establecidas en la cumbre del Consejo Europeo de Barcelona celebrada en marzo de 2002.
José Antonio Garrido, vicepresidente de Cotec, considera este objetivo una meta inalcanzable, ya que supone que el Estado español triplique su esfuerzo tecnológico, y “es muy difícil, a pesar de que se realice un control restrictivo del gasto público, se atiendan los gastos sociales más urgentes y se haga un llamamiento a la iniciativa privada”.
Esta afirmación apoya las conclusiones del Informe Cotec 2003, centrado en el análisis de la situación de la tecnología en España y su comparación con otros países. Según el estudio de Cotec, España apenas alcanza el 1% del PIB en inversión en I+D, lo que supone la mitad de lo que destina la media de la Unión Europea, situándose muy por debajo de algunos países de su entorno como Francia (2,18%) y Alemania (2,49%).
La presentación del informe fue presidida por el rey Juan Carlos I, quien pidió el “compromiso de todos en la innovación, y en especial de las empresas como agentes imprescindibles en el proceso de transformar el avance del conocimiento en riqueza para que sus beneficios se propaguen a toda la sociedad”. Para conseguir este objetivo, Juan Carlos I ve imprescindible contar con “un entorno estimulante, el apoyo de las Administraciones, y un sistema financiero que acepte compartir los riesgos que entrañan las actividades innovadoras”.
José Ángel Sánchez Asiaín, destacó cómo en los últimos años España ha aumentado los recursos dedicados a investigación, duplicando el número de investigadores y el de empresas innovadoras, sin embargo, “la empresa española no está utilizando plenamente la capacidad científica y tecnológica de la que ya dispone para crear productos, procesos y servicios competitivos”. Según el informe, el gasto en I+D empresarial fue de 3.392 millones de euros en 2001, lo que representa el 54% del total en la inversión en I+D ejecutada en España. Estas cifras suponen un aumento del 65% con respecto a 1995, lo que evidencia un esfuerzo importante en investigación por parte de las empresas españolas, que siguen sin alcanzar la media de la OCDE, situada en un 69,5%. Para conseguir un mejor posicionamiento entre los países de la Unión Europea, deben reducirse las barreras que hoy están frenando la innovación tecnológica como fuente de competitividad. Unas barreras que según el presidente de Cotec “tienen su origen en los altos riesgos que habitualmente comporta todo el proceso de innovación y que nuestro sistema no logra controlar y reducir. Unas veces porque los instrumentos públicos de ayuda financiera no responden a diseños adecuados, como es el caso de las subvenciones, o porque aparecen dificultades en su comprensión, aplicación o difusión, y otras porque el propio sistema no estimula a los tecnólogos”. A juicio de Sánchez Asiaín, tampoco el número, variedad y calidad de las infraestructuras de soporte a la innovación son elevados, y el interés del sistema financiero por participar en actividades empresariales innovadoras es más bien escaso”.
José Antonio Garrido, vicepresidente de Cotec, considera este objetivo una meta inalcanzable, ya que supone que el Estado español triplique su esfuerzo tecnológico, y “es muy difícil, a pesar de que se realice un control restrictivo del gasto público, se atiendan los gastos sociales más urgentes y se haga un llamamiento a la iniciativa privada”.
Esta afirmación apoya las conclusiones del Informe Cotec 2003, centrado en el análisis de la situación de la tecnología en España y su comparación con otros países. Según el estudio de Cotec, España apenas alcanza el 1% del PIB en inversión en I+D, lo que supone la mitad de lo que destina la media de la Unión Europea, situándose muy por debajo de algunos países de su entorno como Francia (2,18%) y Alemania (2,49%).
La presentación del informe fue presidida por el rey Juan Carlos I, quien pidió el “compromiso de todos en la innovación, y en especial de las empresas como agentes imprescindibles en el proceso de transformar el avance del conocimiento en riqueza para que sus beneficios se propaguen a toda la sociedad”. Para conseguir este objetivo, Juan Carlos I ve imprescindible contar con “un entorno estimulante, el apoyo de las Administraciones, y un sistema financiero que acepte compartir los riesgos que entrañan las actividades innovadoras”.
José Ángel Sánchez Asiaín, destacó cómo en los últimos años España ha aumentado los recursos dedicados a investigación, duplicando el número de investigadores y el de empresas innovadoras, sin embargo, “la empresa española no está utilizando plenamente la capacidad científica y tecnológica de la que ya dispone para crear productos, procesos y servicios competitivos”. Según el informe, el gasto en I+D empresarial fue de 3.392 millones de euros en 2001, lo que representa el 54% del total en la inversión en I+D ejecutada en España. Estas cifras suponen un aumento del 65% con respecto a 1995, lo que evidencia un esfuerzo importante en investigación por parte de las empresas españolas, que siguen sin alcanzar la media de la OCDE, situada en un 69,5%. Para conseguir un mejor posicionamiento entre los países de la Unión Europea, deben reducirse las barreras que hoy están frenando la innovación tecnológica como fuente de competitividad. Unas barreras que según el presidente de Cotec “tienen su origen en los altos riesgos que habitualmente comporta todo el proceso de innovación y que nuestro sistema no logra controlar y reducir. Unas veces porque los instrumentos públicos de ayuda financiera no responden a diseños adecuados, como es el caso de las subvenciones, o porque aparecen dificultades en su comprensión, aplicación o difusión, y otras porque el propio sistema no estimula a los tecnólogos”. A juicio de Sánchez Asiaín, tampoco el número, variedad y calidad de las infraestructuras de soporte a la innovación son elevados, y el interés del sistema financiero por participar en actividades empresariales innovadoras es más bien escaso”.
