Entrada en vigor de una ley importante

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta –en lo relativo a la transmisión de datos, sedes electrónicas y punto de acceso general, identificación y autenticación, registros electrónicos, comunicaciones y notificaciones y documentos electrónicos y copias– ya se ha publicado. Persigue la plena realización de los derechos reconocidos en la ley, facilitándolos en la medida que lo permite el estado de la técnica, y la garantía de que no resultan afectados otros bienes constitucionalmente protegidos, como pueden ser la protección de datos, los derechos de acceso a la información administrativa, o la preservación de intereses de terceros. Trata de evitar que la nueva regulación imponga una renovación tal en las soluciones de comunicación con los ciudadanos que impida la pervivencia de técnicas existentes y de gran arraigo; así como facilitar la actividad de implantación y adaptación a las distintas organizaciones, funciones y procedimientos a los que es de aplicación el RD; y también impedir que la opción rígida por determinadas soluciones, dificulte para el futuro la incorporación de nuevas soluciones y servicios.
El desarrollo –aunque sea parcial– de una importante ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2010 ya está en la calle. ¿Y ahora, qué? Porque un cambio de cultura tan radical en las relaciones de los ciudadanos con la Administración requiere un total conocimiento, por parte de los protagonistas, del amplio repertorio de los mecanismos a utilizar, así como de derechos y obligaciones. Para conseguirlo, la AGE está obligada a realizar un gran despliegue informativo –intenso y persistente– para que los ciudadanos vayan conociendo, comprendiendo, y analizando, la gran batería de recursos que puede aprovechar para comunicarse y recibir documentos desde la Administración. El proceso hasta conseguir una fluida relación ciudadano-AGE para la explotación al máximo de las facilidades que aporta la ley va a ser, previsiblemente, lento. Por ello no importa que en estos momentos en la propia AGE carezcan de recursos que imposibilitarían el cumplimiento de la ley ante una imaginaria avalancha de ciudadanos intentado hacer realidad las nuevas oportunidades que se les brinda. Poco a poco se irán asumiendo las nuevas reglas del juego de la administración electrónica, que tendrán que conocer, y dominar, no sólo los ciudadanos, ya que los funcionarios directamente implicados también tendrán que saber dominar la situación.