En busca de la universalidad de la firma electrónica
Segundas jornadas CERES
El anuncio del reconocimiento de la firma digital para las empresas privadas en su relación con la Administración, la entrada en vigor del pago electrónico de las tasas de productos y el punto en que se encuentra el desarrollo del DNI electrónico, fueron los anuncios más destacados de las Segundas Jornadas CERES, celebradas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, expendedora del certificado de firma electrónica.
La apertura de las II Jornadas CERES, a cargo del director general de la FNMT-RCM, Gonzalo Ferre Moltó, fue un avance de la tónica general de las mismas. En su discurso inicial, afirmó que ese organismo comenzará a prestar servicios, también, a industria, la banca, las grandes superficies y en general a todas aquellas empresas privadas que lo han venido demandando. El día 1 de septiembre de este mismo año es la fecha en que está previsto poner en marcha los servicios de certificación para el sector privado, al que animó a demandar aquellos otros que la FNMT-RCM puede prestarles, y se mostró convencido de poder satisfacer sus demandas en el plazo y con las garantías y los niveles de calidad más exigentes.
Por su parte, Miguel Crespo Rodríguez, Subsecretario de Economía, abundó en esta idea: sus palabras estuvieron centradas en la necesidad de crear una Administración electrónica integral, en la deben estar presentes tanto las Comunidades Autónomas (CC.AA) y los ayuntamientos, como la empresa privada. “El Ministerio –dijo- está desarrollando nuevos procedimientos de carácter general, disponibles para transmitirlos a todas las administraciones interesadas en la aplicación de los mismos”. Los anuncios más destacados de la intervención de Crespo fueron, por un lado, el procedimiento que pondrá en marcha la Agencia Tributaria –definido por el Subsecretario como un hito– y que se refiere a la posibilidad de autoliquidar y pagar las tasas en un solo acto, gracias a la pasarela electrónica que a tal fin estará disponible en la Agencia: este mismo mes de mayo los expendedores de tabaco podrán pagar las tasas correspondientes de su producto a través del nuevo conducto.
En unas jornadas que, en conjunto, fueron más descriptivas de los problemas que acarrea la e-administración, Miguel Crespo confirmó que la llamada firma electrónica podrá ser usada, a partir de septiembre, por los empresas privadas en sus tratos con la Administración. Su anuncio recoge lo que ya prevé el anteproyecto de Ley de Firma Electrónica, que está a punto de entrar en el Parlamento, y en el que se especifica que las personas jurídicas podrán disponer de su propio certificado de firma electrónica.
La controversia que ha despertado la Ley de Firma electrónica fue el eje de las palabras de Leopoldo González Echenique, director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien dedicó una gran parte de su intervención al análisis pormenorizado de la Ley. Esta, según sus palabras, responde a la necesidad de incluir en el nuevo texto –la norma actualmente vigente se promulgó hace apenas cuatro años– las modificaciones necesarias que, sin cambiar en lo sustantivo la anterior, contribuyan a dinamizar definitivamente el sector de la Sociedad de la Información, abriendo el mercado a otros prestadores, ya sea para certificar la firma o para realizar servicios anexos, como es el DNI electrónico.
La nueva ley, además, posee una serie de atributos tendentes a profundizar la seguridad en las comunicaciones, entre los que se contempla la presencia de representación jurídica en los actos que se desarrollen, por ejemplo, en el Registro Mercantil. Otro de los aspectos del anteproyecto es la eliminación del registro de las empresas certificadoras, que se verá sustituido por una página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la que los ciudadanos podrán informarse sobre las circunstancias y antecedentes de cada una de estas entidades.
El asunto de la seguridad en un medio conflictivo como es Internet y la falta de confianza de los ciudadanos se deben, según González Echenique, tanto a la falta de interés como al temor por la seguridad. La gente, según él, continúa convencida de la idea errónea de que no existe un entorno seguro para realizar negocios por Internet, pero lo cierto es que hasta el momento el uso de la firma electrónica ha mantenido un nivel cero de litigiosidad: de las 1.150.000 declaraciones de IRPF realizadas el año pasado a través de Internet por ciudadanos y empresas, no se ha producido ni una sola reclamación ante los tribunales porque se haya vulnerado la seguridad. Otro tanto ha ocurrido en entornos como el de la Seguridad Social o el de las entidades financieras.
Es incuestionable que algunos servicios telemáticos, como las declaraciones de la renta crecen año tras año. El Ministerio de Hacienda prevé para este ejercicio un aumento del 30% en el número de declaraciones. Salvador Ruiz Gallud, director general de la Agencia Tributaria, aventuró que puede quedarse corto en sus previsiones para esta campaña de la renta, que estiman en más de 1,5 millones de declaraciones las que se presentarán por Internet. Entre otros anuncios, se refirió a los certificados digitales que lanzará Hacienda para las entidades sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, por ejemplo, una posibilidad que hasta ahora sólo había sido admitida por la Hacienda de Vizcaya. Ruiz Gallud valoró la acogida que están teniendo los servicios telemáticos en el ámbito tributario y recordó el incremento progresivo de declaraciones de la renta presentadas por Internet en los últimos años. De las 20.000 declaraciones de IRPF presentadas por Internet en 1999 se ha pasado sucesivamente a 115.000 en 2000, 427.000 en 2001 y 1.150.000 el año pasado.
Asimismo, las pequeñas y medianas empresas presentaron por Internet a la Agencia Tributari,a 450.000 declaraciones durante el año 2002, lo que confirma la implantación progresiva de este tipo de servicios. El director de la Agencia Tributaria se refirió además a otras posibilidades que ésta ofrece al ciudadano a través de la Red, como el acceso a subastas de bienes embargados y la consulta de deudas notificadas o de datos fiscales de los que dispone Hacienda y que resultan relevantes al contribuyente para su declaración de la renta. Respecto a las subastas, recordó que el año pasado se pusieron en marcha por primera vez y supusieron ya el 25% de las organizadas y el 12% de las adjudicaciones. El director de la Agencia Tributaria dijo que muy pronto se extenderán también a los bienes muebles. Ruiz Gallud habló de la necesidad de contar con el llamado certificado de usuario, que facilita la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para el acceso a estos servicios, porque es una garantiza de seguridad y confidencialidad de los datos en sus relaciones telemáticas con la Administración.
Recientemente, el grupo de estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, presidido por Juan Soto, advertía en sus conclusiones que las administraciones públicas deben liderar el desarrollo de la Sociedad de la Información y que “el verdadero progreso en la Sociedad de la Información no depende tanto de tener muchos servicios online, como de que los que existan creen un valor para los usuarios”. Para ello, la Comisión Soto
La apertura de las II Jornadas CERES, a cargo del director general de la FNMT-RCM, Gonzalo Ferre Moltó, fue un avance de la tónica general de las mismas. En su discurso inicial, afirmó que ese organismo comenzará a prestar servicios, también, a industria, la banca, las grandes superficies y en general a todas aquellas empresas privadas que lo han venido demandando. El día 1 de septiembre de este mismo año es la fecha en que está previsto poner en marcha los servicios de certificación para el sector privado, al que animó a demandar aquellos otros que la FNMT-RCM puede prestarles, y se mostró convencido de poder satisfacer sus demandas en el plazo y con las garantías y los niveles de calidad más exigentes.
Por su parte, Miguel Crespo Rodríguez, Subsecretario de Economía, abundó en esta idea: sus palabras estuvieron centradas en la necesidad de crear una Administración electrónica integral, en la deben estar presentes tanto las Comunidades Autónomas (CC.AA) y los ayuntamientos, como la empresa privada. “El Ministerio –dijo- está desarrollando nuevos procedimientos de carácter general, disponibles para transmitirlos a todas las administraciones interesadas en la aplicación de los mismos”. Los anuncios más destacados de la intervención de Crespo fueron, por un lado, el procedimiento que pondrá en marcha la Agencia Tributaria –definido por el Subsecretario como un hito– y que se refiere a la posibilidad de autoliquidar y pagar las tasas en un solo acto, gracias a la pasarela electrónica que a tal fin estará disponible en la Agencia: este mismo mes de mayo los expendedores de tabaco podrán pagar las tasas correspondientes de su producto a través del nuevo conducto.
En unas jornadas que, en conjunto, fueron más descriptivas de los problemas que acarrea la e-administración, Miguel Crespo confirmó que la llamada firma electrónica podrá ser usada, a partir de septiembre, por los empresas privadas en sus tratos con la Administración. Su anuncio recoge lo que ya prevé el anteproyecto de Ley de Firma Electrónica, que está a punto de entrar en el Parlamento, y en el que se especifica que las personas jurídicas podrán disponer de su propio certificado de firma electrónica.
La controversia que ha despertado la Ley de Firma electrónica fue el eje de las palabras de Leopoldo González Echenique, director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien dedicó una gran parte de su intervención al análisis pormenorizado de la Ley. Esta, según sus palabras, responde a la necesidad de incluir en el nuevo texto –la norma actualmente vigente se promulgó hace apenas cuatro años– las modificaciones necesarias que, sin cambiar en lo sustantivo la anterior, contribuyan a dinamizar definitivamente el sector de la Sociedad de la Información, abriendo el mercado a otros prestadores, ya sea para certificar la firma o para realizar servicios anexos, como es el DNI electrónico.
La nueva ley, además, posee una serie de atributos tendentes a profundizar la seguridad en las comunicaciones, entre los que se contempla la presencia de representación jurídica en los actos que se desarrollen, por ejemplo, en el Registro Mercantil. Otro de los aspectos del anteproyecto es la eliminación del registro de las empresas certificadoras, que se verá sustituido por una página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la que los ciudadanos podrán informarse sobre las circunstancias y antecedentes de cada una de estas entidades.
El asunto de la seguridad en un medio conflictivo como es Internet y la falta de confianza de los ciudadanos se deben, según González Echenique, tanto a la falta de interés como al temor por la seguridad. La gente, según él, continúa convencida de la idea errónea de que no existe un entorno seguro para realizar negocios por Internet, pero lo cierto es que hasta el momento el uso de la firma electrónica ha mantenido un nivel cero de litigiosidad: de las 1.150.000 declaraciones de IRPF realizadas el año pasado a través de Internet por ciudadanos y empresas, no se ha producido ni una sola reclamación ante los tribunales porque se haya vulnerado la seguridad. Otro tanto ha ocurrido en entornos como el de la Seguridad Social o el de las entidades financieras.
Es incuestionable que algunos servicios telemáticos, como las declaraciones de la renta crecen año tras año. El Ministerio de Hacienda prevé para este ejercicio un aumento del 30% en el número de declaraciones. Salvador Ruiz Gallud, director general de la Agencia Tributaria, aventuró que puede quedarse corto en sus previsiones para esta campaña de la renta, que estiman en más de 1,5 millones de declaraciones las que se presentarán por Internet. Entre otros anuncios, se refirió a los certificados digitales que lanzará Hacienda para las entidades sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes, por ejemplo, una posibilidad que hasta ahora sólo había sido admitida por la Hacienda de Vizcaya. Ruiz Gallud valoró la acogida que están teniendo los servicios telemáticos en el ámbito tributario y recordó el incremento progresivo de declaraciones de la renta presentadas por Internet en los últimos años. De las 20.000 declaraciones de IRPF presentadas por Internet en 1999 se ha pasado sucesivamente a 115.000 en 2000, 427.000 en 2001 y 1.150.000 el año pasado.
Asimismo, las pequeñas y medianas empresas presentaron por Internet a la Agencia Tributari,a 450.000 declaraciones durante el año 2002, lo que confirma la implantación progresiva de este tipo de servicios. El director de la Agencia Tributaria se refirió además a otras posibilidades que ésta ofrece al ciudadano a través de la Red, como el acceso a subastas de bienes embargados y la consulta de deudas notificadas o de datos fiscales de los que dispone Hacienda y que resultan relevantes al contribuyente para su declaración de la renta. Respecto a las subastas, recordó que el año pasado se pusieron en marcha por primera vez y supusieron ya el 25% de las organizadas y el 12% de las adjudicaciones. El director de la Agencia Tributaria dijo que muy pronto se extenderán también a los bienes muebles. Ruiz Gallud habló de la necesidad de contar con el llamado certificado de usuario, que facilita la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para el acceso a estos servicios, porque es una garantiza de seguridad y confidencialidad de los datos en sus relaciones telemáticas con la Administración.
Recientemente, el grupo de estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, presidido por Juan Soto, advertía en sus conclusiones que las administraciones públicas deben liderar el desarrollo de la Sociedad de la Información y que “el verdadero progreso en la Sociedad de la Información no depende tanto de tener muchos servicios online, como de que los que existan creen un valor para los usuarios”. Para ello, la Comisión Soto
