El vacío legislativo deja vía libre a los ciberdelincuentes
En España se detectaron 581 delitos informáticos en el año 2000
El aumento de los delitos informáticos en los últimos años ha obligado a los países a tomar medidas que frenen esta nueva variante de la criminalidad fruto de la utilización de las nuevas tecnologías. Sólo en España a lo largo de 2000, la Unidad de Investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la Información del Cuerpo Nacional de Policía desmanteló 581 delitos cometidos a través de Internet. De todos ellos, 354 fueron delitos de pornografía infantil, 76 por estafas y cinco por tráfico de órganos.
A lo largo del año pasado, también se investigaron 31 casos de intrusiones en sistemas informáticos, 61 calumnias e injurias, y 24 delitos contra la propiedad intelectual en nuestro país. Además de cinco casos de tráfico de estupefacientes en Internet, cuatro por usurpación de identidad y tres por relevación de secretos. Los ataques de los piratas han afectado a numerosas instituciones, como la página Web de La Moncloa, de la Guardia Civil, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a grandes empresas como Pryca y Telefónica.
La seguridad en la Red es el problema que más preocupa a las empresas a la hora de lanzarse al ciberespacio. Según revela un estudio realizado por la empresa de seguridad Cyberguardian, los ataques en Internet se multiplicaron por 2.400 durante el último semestre del año pasado; existen más de 100.000 hackers en activo en todo mundo, y hay más de 30.000 páginas Web que ofrecen todo tipo de trucos y herramientas a los piratas informáticos. Sólo en Estados Unidos, el 64% de las compañías reconoce haber sufrido ataques, de ellos el 54% fueron producidos por agentes externos y el resto desde dentro. Estos ataques causaron pérdidas millonarias, que se estiman en alrededor de 250.000 millones de dólares.
Con el fin de impulsar el desarrollo de Internet en España y su utilización por parte de los ciudadanos, el pasado mes de febrero el PSOE pidió al Gobierno que, en un plazo de tres meses, presente en el Senado un plan de seguridad informática.
La preocupación por el continuo crecimiento de los delitos informáticos hizo que en España se creara hace casi un año, por iniciativa del Ministerio del Interior, la Unidad de Investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la Información, perteneciente a la Dirección General de la Policía Nacional, para investigar los delitos relacionados con las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Este ministerio también creo la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Comisaría General de la Policía Judicial.
La Guardia Civil no ha querido quedarse atrás y ha creado, con el apoyo de la Asociación de Internautas (AI) y varias empresas, una Web dedicada a informar sobre temas de seguridad. En esta Web se ofrece información sobre virus, análisis, páginas seguras y un apartado especial contra la piratería para hacer que la Red sea más segura.
A principios de este mes, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid desarticularon una organización criminal dedicada a la falsificación y comercialización de tarjetas de crédito. La operación policial permitió retirar del mercado tarjetas de crédito destinadas a cometer estafas. Los agentes intervinieron 3.000 tarjetas en blanco, cerca de 700 ya falsificadas, 8 ordenadores, dos máquinas térmicas para entintar, un par de escáner, una lectora grabadora, una troqueladora, etc. Pero el nuestro no es el único país que lucha contra el cibercrimen. La Comisión Europea se ha organizado para combatir los delitos en Internet y conseguir una Red más segura que dé confianza a los usuarios a la hora de realizar sus transacciones. Así, a partir del mes de mayo entrará en vigor un foro que servirá de centro de reunión para los representantes de la Administración, proveedores de servicios Internet y usuarios, para poner freno a los delitos cometidos en Internet.
Uno de los objetivos que se ha marcado la Comisión es conseguir que los países de la Unión Europea colaboren en la lucha contra los delitos informáticos mediante la creación de una política común, para lo que propone la unificación de las leyes de los estados miembros y la creación de una conciencia pública del problema, que acabe a corto plazo con las existentes páginas Web dedicadas a pornografía infantil o a fomentar el racismo, y más a largo plazo, con el pirateo y los ataques de denegación de servicio.
Pero a pesar de las buenas intenciones de estas iniciativas, no se esperan que se produzcan grandes cambios en la situación actual, puesto que ni España ni la Unión Europea van a elaborar una regulación específica para acabar con la delincuencia virtual, que seguirá creciendo a medida que aumente el uso de Internet en los países.
De los ciberdelitos recogidos en nuestro Código Penal - violación del derecho a la intimidad, infracciones a la propiedad intelectual, falsedades, sabotajes informáticos, fraudes informáticos, amenazas, calumnias e injurias y pornografía infantil- el más común es la difusión de pornografía infantil, al que siguen de cerca las estafas, subastas y ventas, y por detrás de éstos, las calumnias e injurias.
A la falta de una regulación específica para combatir los delitos informáticos, se une la escasez de medios que tiene la Policía para desempeñar su trabajo con éxito. Son muchos los casos en que la Unidad Central de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se queda a mitad de una investigación por encontrarse con obstáculos la mayoría de las veces imposibles de sortear. Además de la lentitud de los medios tradicionales, los agentes de la policía se encuentran en muchas ocasiones con el problema de que muchos servidores no guardan el registro de accesos de sus usuarios, impidiendo saber si una persona ha accedido a una determinada página Web, si ha enviado un e-mail o si ha realizado compras por Internet. También puede darse el caso de que el servidor esté situado en otro país. A pesar de ello, aunque el juez contase con todas las pruebas necesarias para ordenar el cierre de la página Web, este trámite es bastante más lento que pedir que se haga una copia de un servidor situado en el extranjero, por lo que para agilizar el caso se vería obligado a contactar con la Interpool, que colaborará o no dependiendo de lo que se considere delito en ese determinado país, lo que pone de manifiesto la poca libertad de movimiento que tiene la Policía, que sólo pueden actuar dentro de sus fronteras.
A lo largo del año pasado, también se investigaron 31 casos de intrusiones en sistemas informáticos, 61 calumnias e injurias, y 24 delitos contra la propiedad intelectual en nuestro país. Además de cinco casos de tráfico de estupefacientes en Internet, cuatro por usurpación de identidad y tres por relevación de secretos. Los ataques de los piratas han afectado a numerosas instituciones, como la página Web de La Moncloa, de la Guardia Civil, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a grandes empresas como Pryca y Telefónica.
La seguridad en la Red es el problema que más preocupa a las empresas a la hora de lanzarse al ciberespacio. Según revela un estudio realizado por la empresa de seguridad Cyberguardian, los ataques en Internet se multiplicaron por 2.400 durante el último semestre del año pasado; existen más de 100.000 hackers en activo en todo mundo, y hay más de 30.000 páginas Web que ofrecen todo tipo de trucos y herramientas a los piratas informáticos. Sólo en Estados Unidos, el 64% de las compañías reconoce haber sufrido ataques, de ellos el 54% fueron producidos por agentes externos y el resto desde dentro. Estos ataques causaron pérdidas millonarias, que se estiman en alrededor de 250.000 millones de dólares.
Con el fin de impulsar el desarrollo de Internet en España y su utilización por parte de los ciudadanos, el pasado mes de febrero el PSOE pidió al Gobierno que, en un plazo de tres meses, presente en el Senado un plan de seguridad informática.
La preocupación por el continuo crecimiento de los delitos informáticos hizo que en España se creara hace casi un año, por iniciativa del Ministerio del Interior, la Unidad de Investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la Información, perteneciente a la Dirección General de la Policía Nacional, para investigar los delitos relacionados con las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Este ministerio también creo la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Comisaría General de la Policía Judicial.
La Guardia Civil no ha querido quedarse atrás y ha creado, con el apoyo de la Asociación de Internautas (AI) y varias empresas, una Web dedicada a informar sobre temas de seguridad. En esta Web se ofrece información sobre virus, análisis, páginas seguras y un apartado especial contra la piratería para hacer que la Red sea más segura.
A principios de este mes, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid desarticularon una organización criminal dedicada a la falsificación y comercialización de tarjetas de crédito. La operación policial permitió retirar del mercado tarjetas de crédito destinadas a cometer estafas. Los agentes intervinieron 3.000 tarjetas en blanco, cerca de 700 ya falsificadas, 8 ordenadores, dos máquinas térmicas para entintar, un par de escáner, una lectora grabadora, una troqueladora, etc. Pero el nuestro no es el único país que lucha contra el cibercrimen. La Comisión Europea se ha organizado para combatir los delitos en Internet y conseguir una Red más segura que dé confianza a los usuarios a la hora de realizar sus transacciones. Así, a partir del mes de mayo entrará en vigor un foro que servirá de centro de reunión para los representantes de la Administración, proveedores de servicios Internet y usuarios, para poner freno a los delitos cometidos en Internet.
Uno de los objetivos que se ha marcado la Comisión es conseguir que los países de la Unión Europea colaboren en la lucha contra los delitos informáticos mediante la creación de una política común, para lo que propone la unificación de las leyes de los estados miembros y la creación de una conciencia pública del problema, que acabe a corto plazo con las existentes páginas Web dedicadas a pornografía infantil o a fomentar el racismo, y más a largo plazo, con el pirateo y los ataques de denegación de servicio.
Pero a pesar de las buenas intenciones de estas iniciativas, no se esperan que se produzcan grandes cambios en la situación actual, puesto que ni España ni la Unión Europea van a elaborar una regulación específica para acabar con la delincuencia virtual, que seguirá creciendo a medida que aumente el uso de Internet en los países.
De los ciberdelitos recogidos en nuestro Código Penal - violación del derecho a la intimidad, infracciones a la propiedad intelectual, falsedades, sabotajes informáticos, fraudes informáticos, amenazas, calumnias e injurias y pornografía infantil- el más común es la difusión de pornografía infantil, al que siguen de cerca las estafas, subastas y ventas, y por detrás de éstos, las calumnias e injurias.
A la falta de una regulación específica para combatir los delitos informáticos, se une la escasez de medios que tiene la Policía para desempeñar su trabajo con éxito. Son muchos los casos en que la Unidad Central de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se queda a mitad de una investigación por encontrarse con obstáculos la mayoría de las veces imposibles de sortear. Además de la lentitud de los medios tradicionales, los agentes de la policía se encuentran en muchas ocasiones con el problema de que muchos servidores no guardan el registro de accesos de sus usuarios, impidiendo saber si una persona ha accedido a una determinada página Web, si ha enviado un e-mail o si ha realizado compras por Internet. También puede darse el caso de que el servidor esté situado en otro país. A pesar de ello, aunque el juez contase con todas las pruebas necesarias para ordenar el cierre de la página Web, este trámite es bastante más lento que pedir que se haga una copia de un servidor situado en el extranjero, por lo que para agilizar el caso se vería obligado a contactar con la Interpool, que colaborará o no dependiendo de lo que se considere delito en ese determinado país, lo que pone de manifiesto la poca libertad de movimiento que tiene la Policía, que sólo pueden actuar dentro de sus fronteras.
